César Román

El ayuntamiento del municipio madrileño de Fuente el Saz del Jarama anunciaba ayer que iba a llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo para rescindir los contratos de un grupo de trabajadores municipales, porque carecía de medios para cubrir sus sueldos. Al momento varios ayuntamientos se sumaron a la iniciativa. En La Línea de la Concepción, los empleados llevan meses luchando para que les paguen las nóminas atrasadas. Y no son los únicos casos. Por toda la geografía nacional se extiende como una mancha de aceite la insolvencia de los consistorios para hacer frente a los pagos de empleados y proveedores. Una situación, que reviste una extrema gravedad que hay que afrontar. Muchos ayuntamientos están en situación de quiebra técnica. Y eso hay que resolverlo, porque la mala gestión de nuestros políticos no tienen porqué pagarla los ciudadanos.

Cuando un problema es general, su solución no puede venir de la mano de parches y demagogia. A los problemas generales, sólo se le pueden plantear soluciones estructurales. Ahora que llegan las elecciones municipales y autonómicas, los partidos se apuntarán a la promesa fácil, al encandilamiento del personal con ofrecimientos de todo tipo, y la negación de la mayor. El problema será del anterior alcalde, o del partido tal o cual, o de la autonomía de turno que como no es del mismo color político que el ayuntamiento se venga cortándoles el grifo del dinero. Las culpas serán del encerado, y nadie querrá asumir la suya. De nuevo entrará en escena los programas inflacionistas. Esto es, programas basados en promesas que para ser cumplidas, aunque sea en parte, saldrán de los esquilmados bolsillos de los ciudadanos.

Pero nuestra nación necesita otra política. Una política con visión de Estado y seria. Una política que no mire por los intereses de cada partido, sino por el interés del ciudadano. Una política que tenga en cuenta la participación del ciudadano en todo momento, y no sólo los escasos minutos en que tiene la papeleta en sus manos antes de depositarla en una urna. Una política que se base en que nuestros destinos los dirijan los más cualificados, y no los más enterados de cómo funcionan los artilugios internos de los partidos. Una política que ponga al frente del Ministerio de Sanidad a un prestigioso profesional de la Sanidad, y no a una Leire Pajín, que lo más cercano que ha estado de la medicina es cuando ha ido al médico de cabecera. Una política basada en un gobierno de gestión, compuesto por buenos y eficaces gestores, que nos devuelva a la senda de la prosperidad, del tanto tengo tanto gasto, y del progreso social bien entendido. Una política en la que el ser humano, esté en el centro y todo gire alrededor de él, frente a la situación actual en la que todos giramos como balancines en la absurda noria de la incompetencia de los cuatro inútiles que nos gobiernan, y la de los otros cuatro inútiles que esperan que estos caigan como fruta madura para ocupar su puesto y seguir a lo mismo.

Nuestros ayuntamientos son un elemento esencial de nuestra estructura social. Es la administración más cercana al ciudadano. Y debe contar con la mayoría de las competencias, y con un presupuesto suficiente como para llevarlas a cabo. Las autonomías, deformadas como un chicle por la manipulación de cuatro ineptos y cuatro grupos nacionalistas con ideas absurdas y obsoletas, son el problema. Las autonomías, generan una duplicidad, y hasta quintuplican funciones, que las convierten en un enorme agujero negro que se traga el presupuesto que le echen. Presupuesto que en manos de buenos gestores en los ayuntamientos rentaría, y generaría un ahorro, imprescindible para salir de esta crisis.