Miguel Massanet Bosch. Resulta chocante la displicencia, la aparente indiferencia y la poca importancia con las que algunos catalanes, generalmente aquellos que no quieren ver todo aquello que va en contra de su obsesión separatista y que siguen atenazados por su sectarismo, intransigencia y fanatismo nacionalistas, de modo que, el colmo de su intolerancia no les permite otra visión de Cataluña que no sea la que su intolerancia absoluta a seguir permaneciendo en España y el odio que han conseguido forjar dentro de sí mismos contra el resto de los ciudadanos españoles; se están tomando la evidencia de que muchas de las empresas, las más señeras e importantes de las ubicadas en esta autonomía, han tomado la importante decisión de trasladar sus sedes y sus domicilios fiscales a otras autonomías del resto de España. Algunos de ellos sentencian: “Ya volverán cuando haya pasado un tiempo” mientras otros más cazurros apuntan “¡Va! Que se vayan, todavía quedan muchas para que sigamos siendo los reyes de la industria”

Unos y otros demuestran tener un desconocimiento de los factores que influyen en una toma de decisión de un calado tan importante como es la de trasladar el domicilio social, la sede en la que radica la parte directiva de una empresa, su centro de operaciones, la central del mando, el lugar desde donde se toman las grandes decisiones y se ponen en marcha los grandes proyectos, tales como donde se han de fabricar determinados productos o en qué lugar se han de establecer unos estratégicos almacenes o como coordinar el servicio de transportes para que sea más eficaz y económico. Todos estos ilusos que siguen pensando que pronto van a regresar las empresas que tomaron la decisión de trasladarse a otros lugares, no toman en cuenta que, tratándose de grandes empresas, de empresa de gran capital, la mayoría de ellas con distintos centros productivos, instalados en varios lugares del territorio nacional o, incluso, con filiales en países extranjeros (bancos y demás entidades crediticias) etc.; cuando tomaron la decisión de abandonar Cataluña lo hicieron ante la evidencia de que las perspectivas políticas, de seguridad jurídica, de estabilidad económica, de fiscalidad y de orden en todo el territorio catalán, estaban muy lejos de reunir las condiciones precisas para que una empresa industrial o unas grandes superficies comerciales se sintiesen a gusto, motivadas, seguras y legalmente apoyadas ante la posibilidad, todo lo remota que se quiera, de que en Cataluña se armara un cisco con las pretensiones separatistas de algunos de sus politicastros.

La muestra de que, quienes decidieron cambiar de sede, lo hicieron con el claro propósito de no regresar, la tenemos en que uno de los primeros pasos que han dado, una vez instalada su sede social en otro lugar de España o del extranjero, ha sido la de trasladar su domicilio fiscal, o sea, el lugar donde se centralizará el pago de sus impuestos, especialmente el Impuesto de Sociedades. El hecho de que los centros productivos hayan permanecido en Cataluña se explica fácilmente por la dificultad y el coste que entrañan trasladar toda la maquinaria y los trabajadores a otras ubicaciones, un paso que, con toda seguridad se reservarán para el momento en el que, supuestamente, se pudiera producir la ruptura real con el resto de España, una suposición que queda fuera de toda previsión ya que es obvio que, mientras en nuestra nación tengamos un gobierno que haga cumplir la Constitución, es evidente que nunca podrá acontecer una situación como la comentada.

La primera parte de la “operación fuga” ya ha tenido lugar, al menos por lo que respeta a aquellas sociedades industriales o comerciales de importancia que tenían su sede social en Cataluña, ante la posibilidad de que sus actividades pudieran quedar condicionadas por una situación de anormalidad, de revuelta social, de inseguridad, de huelgas incontroladas o de aplicación de limitaciones o cortes de suministros cuando no de imposiciones fiscales que pudieran sacarse de la manga los separatistas del Gobern catalán o las posibles coacciones de esta supuesta organización recaudadora catalana, que ya estaba preparándose para exigir el pago de los impuestos directamente a la “Hacienda catalana.” Los bancos fueron los primeros porque, como se saber, el dinero es muy cobarde y a la menor posibilidad de que La Caixa o el Banco de Sabadell fueran intervenidos o se estableciera una especie de “corralito” por el cual, los impositores, tuvieran que limitar el dinero que podían sacar de sus cuentas, la avalancha de clientes que se precipitaron a aligerar las cuentas de dichos bancos creó una situación tal que, ambas directivas, tuvieron que precipitar su marcha para no exponerse a no disponer de la liquidez suficiente para a tender el pánico de sus impositores. Ellos fueron los que iniciaron el éxodo que, muy a pesar de los miembros del Gobern de la Generalitat y de los componentes del Parlamento catalán, se ha ido produciendo, a veces a oleadas, en otras ocasiones a modo de pequeñas sangrías, pero que no ha parado en ningún momento en un goteo que, por lo que se puede constatar, no parece que vaya a detenerse. Los últimos que han tomado la decisión han sido: las filiales en España de Mitsubishi Electric Europe; la empresa Panasonic, que tenía su sede en Barcelona. La primera ha trasladado su sede social de Compte D’Urgell al parque industrial de San Fernando de Henares (Madrid) y la segunda, de su localización en Cornellá de Llobregat (Barcelona) a Alcobendas (Madrid).

Otras empresas que han seguido el ejemplo de las mencionadas son: Promociones Turísticas Gargallo que se han trasladado a Teruel y la empresa Pastificio Restaurantes propietaria de la marca de restauración italiana La Tagliatella, que se han ido a Pozuelo de Alarcón. La gestora de activos de Arquia Banca que se ha trasladado a Madrid. Quedan otros rezagados que se resisten a tomar la decisión que supongo siguen expectantes esperando el desenlace de este desafío independentista al Estado español.  Dos importantes empresas, no obstante, se han declarado partidarias del independentismo a pesar de que ambas, Gallina Blanca y Nestle, tienen compradores en toda España. Seguramente tendrán sus razones y por ello se están arriesgando a que sus competidoras saquen ventaja en los mercados del resto de España. Choca cuando, desde el Gobierno del Estado, no sabemos si con la boca pequeña o en una especie de sometimiento al chantaje separatista, se habla de que no hay que boicotear estos productos porque hay trabajadores que trabajan y viven de ello en toda España. Lo mismo ocurre con las que han cambiado de sede social y que, no obstante, aunque sigan fabricando en Cataluña nadie ha pedido que se dejen de comprar sus productos. El que no quiera represalias que no busque provocar la ojeriza de los que se sienten marginados como españoles dentro de una parte de España, como es Cataluña.

Mucha culpa de la situación en que nos encontramos en España y de que, el tema catalán, se haya convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles y de que, por culpa de unos pocos cientos de miles de catalanes, obcecados en su intento de conseguir irse de nuestra nación, aunque ninguno de ellos sea capaz de decir lo que van a conseguir solos y aislados, sin el apoyo de la UE, sin la financiación de los Bancos ni la posibilidad de conseguir colocar sus valores considerados por todas las entidades de rating como bonos basura y, en consecuencia, que ningún inversor se va a atrever a invertir en ellos; la tiene el que nuestros políticos, los que no son nacionalistas ni son partidarios de una escisión de la autonomía catalana del resto de la nación española; han estado en babia, despreciando la verdadera dimensión del nacionalismo catalán y permitiendo que, una y otra vez, se hayan permitido desobedecer las leyes, la Constitución y las sentencias de los tribunales españoles, haciendo como que no se enteraban de que, con ello, han ido permitiendo el crecimiento desorbitado del sentimiento nacionalista de los catalanes y sus líderes.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, resulta poco menos que una ofensa gravísima al pueblo español el que nuestra clase política, la que nos gobierna y la que está el a oposición, haya dejado (cada partido según haya creído que le convenía para conseguir votos) que el tema separatista que, de todos es sabido, tiene  repercusiones en otras partes de España como son el País Vasco, Galicia, Baleares y Valencia; haya conseguido convertirse en un asunto internacional, manejado desvergonzadamente por líderes separatistas, como Puigdemont, que se permiten desde una nación supuestamente amiga, desencadenar una campaña de acoso y derribo contra España, su gobierno, su democracia y sus instituciones. El tema está todavía sobre el tablero y es posible que nos queden para un futuro cercano, muchas cosas de que asombrarnos respecto al futuro gobierno que sigue pendiente de elegirse y la asamblea que el día 17 deberá constituirse en Cataluña. Cosas veredes Sancho.