José Buitrago

La política fiscal de la Comunidad permitirá ahorrar 700 euros a cada madrileño en 2012, ya que el proyecto de Ley de Presupuestos regionales para el próximo año mantiene las rebajas fiscales puestas en marcha por el Gobierno de Esperanza Aguirre desde 2003. De esta forma, la política de rebaja selectiva de impuestos habrá permitido ahorrarse a 3,3 millones de contribuyentes madrileños un total de 18.522 millones de euros en el período 2003-2012.

El Gobierno regional opta por no subir los impuestos y liberar, de esta forma, renta a los ciudadanos, en estos momentos de incertidumbre económica, para que puedan ahorrar, invertir o consumir, lo que acaba redundando en una mayor actividad económica y creación de empleo. Esto es posible, gracias a una política económica basada en la austeridad y la eficacia en la gestión pública, que elimina los gastos superfluos y adelgaza la Administración para poder garantizar la calidad de los servicios públicos, a los que se destina el 86,1% de las cuentas públicas.

El Presupuesto de 2012 mantiene la política de austeridad puesta en marcha por el Gobierno madrileño desde que comenzó la crisis y de la que fue pionera. Por ello, congela el gasto no financiero en 17.048 millones de euros, la misma cantidad que en 2011. De esta forma, se consolidan los importantes ajustes presupuestarios de los años 2010 y 2011, en los que se recortó el gasto un 3% y un 9%.

En 2012, se producirá un ahorro adicional de 531 millones de euros por el recorte del 13,2% del sector público empresarial madrileño. Esta medida supone la continuación del Plan de Racionalización del Sector Público madrileño, que ha supuesto un ahorro de 1.133 millones de euros desde su puesta en marcha en 2010, con el objetivo de adelgazar la Administración regional y derivar así mayores recursos para garantizar a los madrileños la calidad de los servicios públicos.

Asfixia del Gobierno central a Madrid
El Ejecutivo regional no ha podido contar con unas previsiones reales de ingresos, ya que el Gobierno de Zapatero no ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado. Para atenuar esta incertidumbre se crea un Fondo de Contingencia, dotado con 2.567,5 millones de Presupuesto, lo que permite garantizar los recursos necesarios para atender los servicios de los madrileños.

Igualmente, el Gobierno de Zapatero ha negado a la Comunidad 3.076 millones de euros que le corresponden del sistema de financiación autonómica. Si el Gobierno de la Nación hubiera cumplido sus compromisos, el Presupuesto habría podido saldar su déficit en 2012 y contar con un superávit de 483 millones de euros, el equivalente al 0.24% del PIB regional, que le habría permitido amortizar deuda por importe de 483 millones, no endeudarse adicionalmente y reducir, por tanto, sus intereses por la deuda en 180 millones de euros anuales, que podría haber destinado así, por ejemplo, a políticas sociales.

Los presupuestos regionales más sociales
Las Cuentas Públicas de 2012 tienen un marcado carácter social, al destinar a políticas sociales el 86,1% del Presupuesto, el mayor porcentaje de la historia de la Comunidad de Madrid a este capítulo. La Consejería con mayor presupuesto es la de Sanidad, que concentra el 40,3% del total, y que en 2012 pondrá en marcha dos nuevos hospitales, el de Móstoles y el de Collado Villalba, de los que se beneficiarán 300.000 ciudadanos. Además, se consolida la libre elección de médico y centro, así como la implantación de la factura sanitaria informativa, entre sus principales líneas de actuación.

Tras Sanidad, el departamento de Educación y Empleo es el que más recursos dispondrá, el 28,5% del total, para mejorar la calidad de la enseñanza y la puesta en práctica de nuevas líneas de actuación en empleo. Se extenderá la enseñanza bilingüe a 300 centros de educación primaria y 70 centros de educación secundaria obligatoria, así como la puesta en marcha de once nuevas escuelas de educación infantil.

Los recursos para los servicios destinados a personas en situación de Dependencia aumentan un 10,3%. Más de 17.000 familias se beneficiarán de la Renta Mínima de Inserción Social para las personas más desprotegidas. Se atenderán a más de 150.000 personas gracias a la red de 50.000 plazas residenciales y de centros de día sostenidos con centros públicos.

De igual forma, crece también la subvención al usuario del transporte público, que tiene consignados 1.193 millones de euros, que representa un 6,7% de todo el gasto presupuestario no financiero, cuyo peso crece un 3,50% sobre el total.