Campaña contra la destrucción de las centrales térmicas
Madrid, 29 de diciembre de 2022- Las asociaciones Hispania Nostra (www.hispanianostra.org) e INCUNA (Industria, Cultura, Naturaleza, www.incuna.es), acaban de lanzar el siguiente manifiesto: “En los últimos meses asistimos con enorme preocupación a una indiscriminada destrucción de los edificios e instalaciones de las centrales termoeléctricas en nuestro país. La gran torre de refrigeración de la central térmica de Velilla del Río Carrión (Palencia), fue derribada el día 28 de octubre de 2021; la chimenea baja y el búnker del carbón fueron demolidos el día 31 de abril de 2022, y la chimenea alta el 30 de junio del mismo año.
En la central térmica de La Robla (León) fueron voladas las dos torres de refrigeración el día 6 de
mayo de 2022. En la central térmica de Andorra (Teruel), se demolieron las tres torres de
refrigeración el 13 de mayo de 2022. El derribo de la antigua central térmica de Compostilla, en
Cubillos del Sil (León), estaba previsto para el 1 de diciembre de 2022, pero fue paralizado por la
Junta de Castilla y León. Y la última demolición, ocurrida el pasado 21 de diciembre de la central de
Mairema en Cerceda (A Coruña).
Estas centrales térmicas son grandes infraestructuras de una extraordinaria importancia en su
entorno, que han generado un patrimonio industrial de gran valor arquitectónico, que han
conformado un paisaje singular, que son testimonio de la historia social y económica de sus
comarcas y que cuentan con un importante patrimonio inmaterial asociado.
El Plan Nacional de Patrimonio Industrial, aprobado en marzo de 2011 por el Consejo del
Patrimonio Histórico, expone claramente la importancia de este tipo de patrimonio: “Los
testimonios de la industrialización constituyen un legado imprescindible para comprender la
historia española de los dos últimos siglos. Estos sistemas, conjuntos o elementos y factores que
inciden en el hecho industrial, han desempeñado un importante papel en la evolución del territorio,
ya sea urbano o rural, en la formación del carácter histórico y cultural de sus sitios, lugares y
paisajes, y en general en la definición del ambiente vital y cultural concreto en que se ha
desarrollado la industrialización. De esta forma, la conservación y el estudio de estos testimonios
son fundamentales para comprender y documentar un periodo clave en la historia de la
humanidad”.
La Carta de Nizhny Tagil, aprobada en el año 2003 por el Comité Internacional para la conservación
y defensa del Patrimonio Industrial (TICCIH), indica que “las políticas para el desarrollo económico y
la planificación regional y nacional deben integrar programas para la conservación del patrimonio
industrial”, y que “los sitios más importantes deben protegerse completamente y no se debe
permitir ninguna intervención que comprometa su integridad histórica o la autenticidad de su
entramado”. El documento también dispone que “se deben establecer procedimientos para
responder rápidamente al cierre de sitios industriales importantes para prevenir la destrucción o el
traslado de los elementos significativos”, y que “el gobierno debe contar con organismos asesores
especializados que puedan proporcionar consejos independientes sobre cuestiones relacionadas
con la protección y la conservación del patrimonio industrial, y se les debe consultar en todos los
casos importantes”.
Por otro lado, la Constitución Española establece en su artículo 46: “Los poderes públicos
garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y
artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen
jurídico y su titularidad”.
Por estas razones, teniendo en cuenta la importancia de los valores patrimoniales de las centrales
térmicas, en cumplimiento de la Constitución Española, y siguiendo las recomendaciones de la
Carta de Nizhny Tagil, pedimos al Gobierno de España y a los de las Comunidades Autónomas en las
que están situadas, que eviten nuevas demoliciones indiscriminadas de las centrales
termoeléctricas, que promuevan una protección adecuada de estas instalaciones, y que estudien su
posible reutilización para usos culturales, educativos o sociales”