Redacción Madrid. 23 de enero. El general disidente congoleño Laurent Nkunda, líder del principal grupo rebelde tutsi de la provincia de Kivu Norte, en el este de la República Democrática del Congo (RDC), y encausado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por gravísimas violaciones de Derechos Humanos, fue detenido anoche en territorio ruandés, adonde había llegado huyendo de su país y desde donde intentaba dirigirse a Uganda, según informó el estado mayor de las operaciones conjuntas de los Ejércitos ruandés y congoleños.

   Según el comunicado del estado mayor conjunto, Nkunda --contra quien pesa una orden de captura internacional-- fue detenido hacia las 22:30 horas (hora de Kinshasa y misma hora en España) en Ruanda, "adonde había huido, tras resistirse a nuestras tropas en Bunagana (a 90 kilómetros al norte de Goma, capital de Kivu Norte) con tres batallones".

   En el comunicado, emitido esta mañana y firmado por el jefe de operaciones en el este de la RDC, el teniente general John Numbi, el estado mayor conjunto pide a los tres batallones que acompañaban a Nkunda que se rindan "con vistas a integrarlos sin demora en el seno de las Fuerzas Armadas de la RDC".

   El portavoz de la Misión de la ONU (MONUC), Jean-Paul Dietrich, confirmó hoy a la agencia misionera de noticias MISNA que Nkunda "intentaba acercarse a Uganda" y había sido "capturado a pocos kilómetros de la frontera y trasladado a Kigali, capital de Ruanda, donde en estos momentos se encuentra en el interior de una base militar".

   Nkunda protagonizó el pasado septiembre una sublevación al frente de sus milicias del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (CNDP) en la provincia congoleña de Kivu Norte. El conflicto causó el desplazamiento interno de más 250.000 personas y gravísimas violaciones de Derechos Humanos, como el homicidio de alrededor de 200 civiles en la localidad de Kiwanja a manos de las propias milicias de Nkunda.

   La MONUC y organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusaron a lo largo del mes de noviembre a las milicias rebeldes de "graves violaciones del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos", como ejecuciones "arbitrarias" de civiles --incluidos niños y mujeres--, violaciones o reclutamientos forzosos de menores. Los soldados del Ejército central congoleño también fueron acusados de graves abusos en este mismo periodo.

   El teatro de operaciones de Laurent Nkunda era la gran región que rodea al lago Kivu, fronteriza con Ruanda, donde desde 2000 se han venido enfrentando el Ejército de la RDC, los rebeldes hutus de las Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR) y los diversos grupos armados formados por renegados del Ejército --como es el caso de Nkunda-- o por milicias rebeldes.

   En todos estos años y en todas sus etapas, el conflicto en la región se ha caracterizado por abarcar toda la gama posible de violaciones de Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario posibles en una guerra sin control como la que ha sufrido y sufre la RDC, como ejecuciones extrajudiciales, violaciones de mujeres, detenciones arbitrarias, reclutamiento de niños soldados y torturas.

   El tutsi Laurent Nkundabatware (más conocido como Laurent Nkunda), de 41 años de edad, ocupa un lugar tristemente destacado en este tipo de hechos. Antiguo estudiante de psicología y devoto cristiano pentecostal, Nkunda se unió durante el genocidio ruandés de 1994-1995 al Frente Patriótico Ruandés (FDR) en su lucha contra el Ejército y el Gobierno de este país, controlado por entonces por los hutus.

   Al término de la guerra, que dio la victoria a los tutsis, regresó a Congo, donde combatió en un primer momento en las filas del presidente Laurent-Desiré Kabila y de su hijo y actual mandatario Joseph Kabila en su lucha contra el dictador Mobutu Sese Seko. Fue el inicio de la sangrienta 'primera guerra mundial africana', que comenzó en agosto de 1998 con la invasión de las tropas de Ruanda, Uganda y Burundi y que causó directamente alrededor de cinco millones de muertos, el mayor número de víctimas registrado en el planeta desde la Segunda Guerra Mundial.

   Una vez derrocado Mobutu, Nkunda luchó contra el Gobierno de Kinshasa entre 2000 y 2003 en las filas de la formación rebelde Agrupación Congoleña por la Democracia (RCD), con el apoyo de Ruanda, Uganda, Burundi y otros grupos tutsis. En mayo de 2002, Nkunda fue acusado de la masacre de 160 personas en Kisangani, por lo que la entonces alta comisionada de la ONU para Derechos Humanos, Mary Robinson, ordenó su detención. El militar respondió acusando a la ONU de no haber hecho nada para impedir el genocidio ruandés de 1994.

   En 2003, Nkunda se incorporó al Ejército, tras la constitución del Gobierno de Transición, y en 2004 alcanzó el rango de general. No obstante, poco después mostró su rechazo al Gobierno de Kinshasa y junto a milicianos de la RCD-Goma se sublevó en las selvas de Masisi, en Kivu Norte, en diciembre de 2006, en defensa de los derechos de la minoría tutsi, que, según él, estaba siendo atacada por los hutus.

   En agosto de 2007, Nkunda constituyó su propio gobierno 'de facto' en la zona, con sus instituciones policiales, su propia cadena de radio, su sistema de impuestos, su propia bandera, su propio 'país' (la 'Tierra de los Volcanes') y su propio partido único, el CNDP. Desde entonces, las fuerzas de Nkunda han sido acusadas de gravísimas violaciones de Derechos Humanos, como asesinatos, violaciones, saqueos y reclutamiento de niños soldados. En septiembre de 2005, el propio militar fue acusado de crímenes de guerra por el Tribunal Penal Internacional (TPI).

   Alrededor de la figura de Nkunda planean serias acusaciones contra Ruanda y contra las multinacionales interesadas en los productos mineros del este de la RDC. El pasado mes de octubre, la prestigiosa organización no gubernamental británica Global Witness denunció que tanto los grupos armados rebeldes como el Ejército estaban implicados en el tráfico ilegal de minerales, que estaba sirviendo para alimentar la guerra y del que eran cómplices las compañías multinacionales "que comercian con los minerales" (en especial la casiterita, el oro y el coltán) procedentes de esta región.

   De hecho, los medios congoleños informaron por esas mismas fechas de que Nkunda estaba "implicado hasta el cuello en el saqueo de casiterita, coltán, oro, diamantes y otros recursos del suelo y el subsuelo del este de Congo" y aseguraron que durante su reunión con el enviado especial de la ONU, el ex presidente nigeriano Olusegun Obasanjo, había exigido la anulación de los contratos mineros contraídos por el Gobierno con China, valorados en 9.000 millones de dólares, como condición para aceptar la paz.

   Ruanda ha ocupado un lugar muy destacado en esta historia. Según el Fórum Internacional para la Verdad y la Justicia en el África de los Grandes Lagos, el Gobierno ruandés, presidido por Paul Kagame, se está apropiando de la mayoría de los minerales estratégicos de la RDC, de forma muy especial el coltán --fundamental en la industria de las telecomunicaciones-- y la casiterita, para venderlo de forma directa a las multinacionales.

   En noviembre, un comité de expertos de la ONU acusó a las autoridades ruandesas de apoyar a las milicias de Nkunda, así como a las congoleñas de ayudar a las milicias hutus de las FDLR. Ruanda negó categóricamente estas acusaciones.

   El pasado 5 de diciembre, Kinshasa y Kigali llegaron a un acuerdo para perseguir conjuntamente, en principio, a los rebeldes hutus ruandeses, muchos de los cuales habían huido al este de RDC tras el genocidio en su país en 1994. Fruto de ese acuerdo es la actual operación conjunta que ha permitido la captura de Laurent Nkunda.