El día 22 de septiembre de 2012 esta Asociación emitía un comunicado sobre la inaceptable y delictiva actitud del presidente de la Generalidad de Cataluña y su declaración en la que exigía el Pacto Fiscal con el Gobierno de España o amenazaba con la secesión. En aquella Nota se recordaban las obligaciones de los regidores de nuestra Nación para que, aplicando cuantas posibilidades ofrece la Constitución Española, frenaran la deriva separatista.
 
Ha pasado un año y no se aprecian acciones por parte del Parlamento Nacional que hayan hecho renunciar a las pretensiones de quienes quieren fracturar la unidad de España sino, más bien, todo lo contrario. Inadmisible e intolerable de todo punto es la actitud de quienes son representantes del Estado invitando a los diputados a acudir a los actos independentistas, caso de flagrante delito de alta traición por comisión como es el del Parlamento de Cataluña. Pero tan inadmisible e intolerable es la de quienes, creemos que por manifiesta omisión, no las han frenado y, por ende, deberán de incurrir en igual delito e iguales sanciones. Ello pone en una situación indefendible a las instituciones que, no sólo por obligación constitucional sino por su propia y natural misión, tienen la obligación de mantener y defender “la unidad indisoluble de la Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles”.
 
Realmente penoso y lamentable resulta tener que comparar la cuando menos pusilánime, esperpéntica indigna y de absoluto rechazo, reacción de los poderes públicos actuales con la de otros gobiernos ante casos similares de insubordinación de políticos elegidos; por ejemplo, el gobierno de la Segunda República española ante el separatismo de la Generalidad y que, curiosamente, proporcionó un ejemplo de ser muchísimo más español, o el de los Estados Unidos en 1963 con la insubordinación del gobernador de Alabama por la integración en las escuelas: el presidente Kennedy envió a la Guardia Nacional de Alabama y repuso el orden. Ejemplos que creemos deben ser imitados y aplicados sin la menor dilación ni duda en las circunstancias actuales.
  
¿O estarán esperando las altas magistraturas españolas, al dejar crecer esta situación de desatino hasta hacerse del todo irrecuperable, a, por lo menos, defender por un mínimo de dignidad y coherencia a los catalanes que se sienten españoles mediante la partición de la región de Cataluña en dos Estados?