Miguel Massanet Bosch.

El chantaje de los taxistas; las manifestaciones contra sentencias de los tribunales; las juezas femeninas y feministas, criticando la sentencia del juez de Granada contra Juana Rivas; el camino hacia la anarquía de la mano del gobierno socialista de P. Sánchez.

Parece que se está poniendo de moda y nos cuesta admitir que, sin que las instituciones que se debieran manifestar su rechazo radical hacia semejantes comportamientos y la mayoría de ciudadanos que, evidentemente, no comparten semejantes posicionamientos, parezcan tomar cuenta del peligro que entraña permitir que, el desorden y la desobediencia, se apoderen de las calles de las ciudades más importantes de la geografía española. Es muy posible que, esta nueva moda, practicada espontáneamente por una parte del populacho, dispuesto a participar en cualquier tipo de protestas contra las instituciones del país (evidentemente impulsados, arrastrados, inducidos y manipulados por los agitadores profesionales de masas, de las izquierdas) en un intento organizado de coaccionar a la Justicia mediante las protestas callejeras que, por otra parte, no hay duda que son promovidas desde la clandestinidad por partidos políticos que saben que todo lo que sea provocar altercados y desacreditar a las instituciones de la democracia española, redundará, o al menos esto esperan, en sus proyectos de cambiar nuestro sistema de gobierno por otro que les permita implantar sus doctrinas intervencionistas en la vida privada y en las libertades de las que actualmente gozan los ciudadanos.

En Barcelona, el Ayuntamiento se tomó por su cuenta el decidir el régimen que debería regir la convivencia de las empresas de alquiler de coches con conductor, por lo que el Área Metropolitana de Barcelona redactó un reglamento que debía entrar en funcionamiento este 1 de Agosto, pero fue suspendida por el TSJC a requerimiento de la Comisión Nacional de la Competencia; que se oponía a la publicación de dicho reglamento que se estimaba que violaba las reglas de la libre competencia. Como los taxistas llevan tiempo protestando contra lo que ellos califican de intrusismo, el tema fue a parar ante la Justicia, que, como se ha indicado, decidió paralizar la aplicación del nuevo reglamento entre tanto se sustancia el expediente correspondiente; algo que ha desatado la cólera del gremio de taxistas que entienden que salen perjudicados con dicha resolución. En lugar de utilizar los medios legales en los que, al parecer no confían, han preferido convertir las calles de Barcelona en un verdadero infierno que afecta, no sólo a los ciudadanos que tienen que circular por ellas sino y muy especialmente a los turistas que estos días van llegando y saliendo por el aeropuerto del Prat, en Barcelona, que se ven obligados s sufrir retrasos, cancelaciones, molestias, traslados con maletas y una infinidad de traumas que, con toda seguridad, van a ser motivo de comentarios muy negativos cuando regresen a sus destinos, como ya vienen advirtiendo los comerciantes de la Ciudad Condal.

Sin embargo, pese a que la propaganda negativa de estos sucesos puede costar millones a las arcas catalanas, no hay duda de que existen secuelas peores, como la solidaridad de los taxistas de Madrid, Valencia, Bilbao, Palma de Mallorca y Málaga a los que no sería extraño que se fueran añadiendo más. Y ¿cuál viene siendo la respuesta del gobierno socialista a semejante reto a la Justicia? Pues, los últimos comentarios apuntan a que, el ministro de Fomento, el señor J.L. Ábalos, parece dispuesto a aprobar un decreto (es a lo que acuden los del gobierno de Sánchez, ante el temor de que una ley les sea devuelta en el Parlamento) para hacer viable el reglamento elaborado por la AMB. En definitiva una bajada en toda la regla de pantalones ante el reto de los taxistas que, aparte de aprender cuál es la vía rápida para achantar al Gobierno, han abierto un camino para que los taxistas de otras autonomías pidan el mismo trato. Claro que la empresas de la licencias VTC también tendrán algo que decir si salen perjudicadas con el decreto ministerial.

En realidad, en España se está produciendo, entre las graves consecuencias de los intentos separatistas, los ataques a las instituciones y la ocupación de las calles para permitir las múltiples protestas, que hoy en día se han convertido en costumbre de todos aquellos que deciden que lo mejor para salirse con la suya es crear problemas al tráfico y a las personas corrientes, que lo que desean es que los dejen en paz. Sin duda, una grave cuestión que si no se toman medidas drásticas para acabar con ella, puede acabar con el Estado de derecho en España. No se puede aceptar, de ninguna manera, y es materia de honda preocupación para cualquier gobierno democrático, el que uno de los pilares del Estado, el de la Justicia, se ponga en manos del populacho, algo que nos recuerda la actuaciones de los jacobinos franceses y sus comunas erigiéndose en los encargados de decidir quién debía ir a la guillotina y quién no. En España, hoy en día, no hay sentencia que se dicte que no salgan unos cuantos centenares o miles de personas, completamente legas en materia de leyes, que no pretendan dar lecciones a los jueces o tribunales de cómo deben impartir la Justicia. El caso de los presuntos violadores de Pamplona; el del asesinato del niño por la ex amante del padre; el de la señora Juana Rivas que impidió que su padre pudiera llevarse a su hijo cuando los tribunales lo habían dispuesto así, incurriendo en un secuestro. Parece como si, de pronto, una parte de la ciudadanía, evidentemente la menos preparada, la más cutre y la que más se deja llevar por las habladurías y opiniones de los demás, quizá por el influjo de la puesta en funcionamiento de los “tribunales populares”, un procedimiento para aplicar la justicia del que siempre hemos desconfiado, precisamente por decidir algo tan importante, como es la culpabilidad o la inocencia de una persona, al juicio de una serie de señores que no están preparados para decidir sobre una cuestión tan grave y que tanto puede influir en el futuro de la persona que se somete a su juicio decisivo.

Y hay algo relacionado con el feminismo que nos gustaría comentar. Conforme que haya colectivos que defiendan los derechos de las mujeres. Conforme que exijan sus derechos laborales si es que entienden que salen perjudicados pero, mucho cuidado con confundir lo que cada mujer siente interiormente o cuáles son sus ideas políticas o relacionadas con la mujeres, pero hay algo en lo que creemos que el Consejo General del Poder Judicial debiera intervenir de inmediato, para reconvenir y pedir que rectifique, este grupo de juezas feministas que han tenido la desvergüenza de criticar en masa al juez del caso de la señora Juana Rivas, acusándoles por sus conclusiones y recriminándole la dureza de la sentencia, seguramente porque esta señora es una mujer y supo montar, con la ayuda de una persona que ha desaparecido del mapa, un espectáculo de cara a la galería del que intentó valerse para sacar provecho en los tribunales. Le ha fallado como era obvio que debía suceder.

Mal iremos señores si, como estamos viendo que está sucediendo, el recientemente formado gobierno del señor Pedro Sánchez, a falta de mayor representación parlamentaria, agobiado por problemas que se ven incapaces de solucionar y dispuestos a utilizar todos los trucos en los que son expertos para conseguir ocultar a la ciudadanía sus evidentes carencias, se ha lanzado a tumba abierta a aumentar el gasto público, empezando por la convocatoria de 30.000 plazas de funcionarios públicos que, sin duda, van a pegarle un importante mordisco a los PGE, lo mismo que los aumentos de las pensiones que, si bien era evidente que debían mejorarse, el hacerlo en unos momentos en los que, en los PGE del 2018, no estaban previstos. Significa que van a tener que recurrir a dos soluciones impopulares: el aumento de los impuestos, algo que ya vienen anunciando y aumentando nuestra Deuda Pública, mientras, por otra parte, ya se ha anunciado un incremente sobre el déficit público previsto por el PP, que va a dar al traste con aquel porcentaje con el que nos comprometimos con Europa.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la incómoda impresión de que vamos reculando en lugar de marchar hacia adelante. Es evidente que la inercia de la buena marcha económica, dirigida por el anterior gobierno de Rajoy, va a mantenerse durante un tiempo, hasta que los efectos del despilfarro iniciado por el PSOE y las preocupaciones de la UE por la nueva política interior en España, virada a la izquierda, empiecen a hacerse patentes en la vida de los ciudadanos españoles y en su economía.