Pedro Sáez Martínez de Ubago. El Gobierno catalán de CIU ha aprobado una “Ley de Acompañamiento de los Presupuestos” que incluye la creación de dos nuevas tasas, una turística y otra farmacéutica. La primera no es algo original ya que bajo el eufemismo de “ecotasa” se viene aplicando en Baleares, gobernada por el Partido Popular, lugar habitual de veraneo de la familia real y uno de los principales destinos turísticos de España. La segunda, que gravará con un euro las recetas médicas, si bien con unos límites de hasta 61 € por persona y año, implica de hecho un copago sanitario. 
Ambas medidas del gobierno de la Generalidad no hubieran podido aprobarse en el parlamento autonómico de no haber contado con el apoyo, otorgado en forma de abstención, del Partido Popular, por mucho que su vicesecretario de Organización, Carlos Floriano, vaya afirmando que para su formación existen "varias líneas rojas" como las pensiones y los temas relacionados con la sanidad y la educación.
Si la primera de las tasas no parece excesivamente grave, dado que el turismo puede considerarse de alguna manera un lujo y no una necesidad, el copago sanitario reviste una presunta violación de la propia Constitución y vulnera el derecho de los españoles a una atención sanitaria universal y gratuita en todo el territorio nacional, y rompe con el principio de solidaridad entre todas las regiones que integran la Nación española, establecido en el artículo 2º de nuestra Carta magna.
Además, frente a impuestos como el IRPF, que se regulan de forma gradual y teóricamente solidaria, ya que se determinan conforme a los ingresos de cada ciudadano, esta tasa por receta, igual que el IVA, es un impuesto insolidario que afecta a todos por igual independientemente de los ingresos y el poder adquisitivo.
Sin embargo esta medida adoptada por Cataluña, no es la primera ilegalidad que las autoridades nacionales consienten a esta región que ya goza del privilegio económico de recaudar el 100% del IVA de los productos catalanes, independientemente de dónde se consuman éstos. Otras irregularidades y abusos, en definitiva bofetadas que el resto de los españoles nos dejamos propinar por los catalanes, aunque estén amparados por un tribunal como el Constitucional de índole más politiconera que justiciera, son la consideración del catalán como lengua vehicular, que, vulnerando el artículo 3 de la Constitución “El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”, priva no obstante a los padres de elegir la lengua castellana para la educación de sus hijos –otra línea roja del señor Floriano- sin tener que recurrir a largos procesos judiciales de dudoso resultado, e, incluso llega al extremo de perseguir la utilización del castellano, multando a los comercios privados que tienen la osadía de rotular exclusivamente en la lengua común de todos los españoles.
No está tan lejana la campaña electoral de noviembre, en la que, entre otras promesas de las que el Partido Popular ya se ha desdicho en menos de tres meses, Tanto a Rajoy, como Sáenz de Santamaría… se les llenaba la boca prometiendo que no aceptarían el copago. Cada vez queda más claro que, si Pinocho se encarnara en nuestros políticos, por una perentoria necesidad de narices, habría que cambiar los actuales coches oficiales por tráileres de tres o más ejes.
En efecto, el gobierno y el partido de Mariano Rajoy están batiendo records de velocidad en el incumplimiento de las promesas electorales; y abusando, como en su día hizo el presidente al subir el IRPF y ayer Floriano de culpar de la situación a los gobiernos anteriores, sean el socialista de la nación o el tripartito catalán que "si fueron un fracaso desde el punto de vista político lo fueron más desde el punto de vista económico".
"El PP se vio en la obligación de apoyar las cuentas del Gobierno teniendo presente algunos elementos", dijo el vicesecretario de organización de los populares ¿Pero qué elementos pueden éstos sino el interés de todos los gobiernos de España, también –no lo olvidemos del presidido por José María Aznar- de consensuar a cualquier precio los presupuestos con CIU, dado el peso del voto catalán en las Cortes Generales?
Contra este daño sólo cabe aplicar el remedio de una reforma constitucional que redefina el actual modelo de descentralización política y administrativa, modifique la ley electoral, reduciendo el poder de los grupitos de las taifas, y asegure la igualdad efectiva entre todos los españoles con independencia de su lugar de nacimiento o residencia.
Los catalanes nos han dado otra bofetada a los demás españoles y, si bien hay que tener presente el mandato evangélico de poner la otra mejilla, recuerdo lo que hace no mucho me decía un prelado doméstico de Su Santidad: “hay que poner la otra mejilla, pero sin olvidar que sólo tenemos dos”. Por eso, en la actual situación, considero más apropiado aplicar a políticos y gobernantes la parábola de los talentos, y recordarles que como decía Samuel Taylor Coleridge: “Los tres fines que un estadista debe proponerse en el gobierno de su nación son: 1º seguridad de los que poseen; 2º facilidad a los que tratan de adquirir; esperanzas a todos”.