Colombia destituyó ayer a otros trece militares supuestamente implicados en ejecuciones extrajudiciales y está investigando a quince policías que habrían facilitado la masacre de cinco personas, cometida por un grupo armado ilegal en el norte del país, según informó el domingo el ministro de Defensa colombiano, Juan Manuel Santos.

   La destitución de los militares se dio a conocer después de que a finales de octubre el Gobierno retirara del servicio activo a 27 efectivos del Ejército, incluidos tres generales, en medio de una investigación por la desaparición de once jóvenes que luego fueron registrados como muertos en combate.

   Santos desveló que los trece militares son investigados por su responsabilidad en la muerte de siete personas que aparecieron muertas cerca del municipio de Sahagún, en el departamento de Córdoba, y que forman parte de los denominados "falsos positivos", que son personas ajusticiadas por militares acusadas falsamente de pertenecer a la guerrilla.

   "Ya hay gente retirada de las Fuerzas Militares, ya hemos tomado medidas, los casos están en la Fiscalía y en la Procuraduría", declaró el ministro.

   Colombia afronta ahora un escándalo por violaciones a los derechos humanos cometidas por efectivos de las Fuerzas Militares, que amenaza con provocar una reducción y una estricta fiscalización de la ayuda militar que le entrega Estados Unidos para combatir el narcotráfico y la guerrilla izquierdista. Estos abusos también podrían extender el bloqueo a la aprobación de un Tratado de Libre Comercio de Colombia con Estados Unidos, debido a la oposición de los demócratas que exigen más respeto a los derechos humanos y protección a los dirigentes sindicales.

   Por otra parte, Santos también informó de que quince policías fueron relevados de sus cargos y son investigados por acusaciones de que hace una semana facilitaron que un grupo armado ilegal asesinara a cinco personas en el municipio de San José de Uré, en el departamento de Córdoba.

   "Los policías estaban confabulados con el narcotráfico", aseguró Santos, que reiteró que el Gobierno mantiene la política de cero tolerancia con la corrupción y las violaciones a los derechos humanos dentro del Ejército.

   Un reciente informe de un grupo de derechos humanos reveló que, entre enero de 2007 y junio de 2008, se registraron 535 casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia. La Procuraduría realiza 930 investigaciones que involucran a 2.300 efectivos.

   El presidente del país, Álvaro Uribe, asumió la presidencia el 7 de agosto de 2002, después de ganar las elecciones con la promesa de derrotar a la guerrilla en un país hastiado por la violencia. Uribe aumentó el número de efectivos del Ejército, el presupuesto militar y ordenó el pago de recompensas a informantes.

   Esta ofensiva obligó a las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a replegarse en apartadas zonas selváticas y montañosas, mientras los índices de asesinatos, masacres, secuestros y atentados se redujeron considerablemente.

   Uribe exige ahora a los comandantes militares resultados en la ofensiva contra la guerrilla, lo que, según especialistas, ha contribuido al aumento de violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales.