Olimpia García Calvo

El líder popular, Mariano Rajoy, aseguró en unas recientes declaraciones a El Mundo que si gana las próximas elecciones suprimirá la asignatura de Educación para la Ciudadanía, una propuesta inteligente para CONCAPA, ya que se trata de una “asignatura inútil”, que ha sido muy debatida y sólo ha traído malestar al sistema educativo, además de problemas judiciales y quebraderos de cabeza para los padres, que no se han sentido respaldados en su derecho a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones, según reconoce la Constitución Española.

La Educación para la Ciudadanía se ha previsto por este Gobierno como una asignatura para ideologizar la escuela y, además, restando un tiempo vital para reforzar las asignaturas troncales, en un momento en el que no paramos de conocer informes entorno a los malos resultados de la educación española.

Ayer mismo se daban a conocer los datos de la Comisión Europea, según los cuales nos encontramos –junto con Malta y Portugal- en una tasa de abandono escolar superior al 30%, el doble que la media comunitaria, con el agravante de que sólo los españoles hemos empeorado y no hemos sido capaces de reducir esta tasa. Un nuevo aviso de los muchos que llevamos recibiendo en los últimos años.

Con estos datos en la mano no hay que ser muy avispado para darse cuenta de que los experimentos, cuantos menos mejor, y de que lo que hace falta es mejorar la calidad de nuestra enseñanza, reforzando en primer lugar las materias básicas, apoyando la labor del profesorado y la participación de las familias.

Tanto esta asignatura como la que se pretende impartir de Educación Afectivo-Sexual, son asignaturas de contenidos ideológicos en las que, además, no se ha tenido en cuenta el parecer de los padres, que son los responsables de la educación de sus hijos.

Finalmente, recordar que CONCAPA –que representa a más de tres millones de familias españolas- siempre ha apostado por impartir una Educación para la Ciudadanía de forma transversal, sin que constituya una materia específica, que contemple el estudio de la Constitución Española y de los Tratados Internacionales, como se viene haciendo en otros países.