Redacción Madrid. 16 de abril. El fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, ha acusado a la Policía Nacional de no colaborar con la Fiscalía en las investigaciones sobre los partidos instrumentalizados por la banda terrorista ETA.

Tan dura acusación ha tenido lugar durante el desayuno informativo organizado por Europa Press, en el que Pumpido confesó que sólo puede apoyarse en la Guardia Civil porque la Policía sólo atiende a las peticiones del juez instructor.

Tal y como podemos leer en El Mundo, Conde Pumpido ha justificado así el hecho de que ante las elecciones europeas del próximo mes de junio, la Fiscalía del Tribunal Supremo, que ha abierto unas diligencias de investigación tras la convocatoria de los comicios, haya solicitado un informe solamente a la Guardia Civil y no a la Policía Nacional sobre posibles listas contaminadas.

Preguntado del porqué de esta distinción entre ambos cuerpos, Pumpido subrayó que ha sido gracias a los informes de la Benemérita y no a la Policía el hecho de que se evitase que los proetarras fuesen a las urnas en otras ocasiones. "Es porque la Policía no responde a nuestras peticiones, sólo a las del juez instructor", afirmó.

El fiscal general anunció que, con vistas a este proceso electoral, sólo pedirá colaboración a la Guardia Civil ya que, según dijo, en anteriores investigaciones sobre partidos creados por ETA, "nos hemos encontrado con que no hemos recibido los informes de la Policía Nacional". Pumpido aseguró que ya ha hablado sobre este asunto con el Ministerio del Interior.

Al término del desayuno informativo, en declaraciones a los periodistas el fiscal general del Estado quiso matizar sus palabras y afirmó que, "por lo general, la Policía funciona perfectamente y trabaja de una manera excepcional", y puntualizó que sus declaraciones se refirieron al "tema concreto" de las investigaciones sobre los partidos del entorno de ETA.

También explicó que se trata de un "problema puntual de colisión" entre la función de la Fiscalía en las impugnaciones de candidaturas e ilegalizaciones de partidos y "el procedimiento penal paralelo que se instruye en el juzgado de instrucción", en referencia a los procesos iniciados por el juez Baltasar Garzón primero sobre ANV y PCTV y, más recientemente, sobre Askatasuna y D3M.

Sólo podemos conjeturar a qué obedecen las palabras del fiscal general del Estado sobre la actuación de la Policía. No parecen lógicas pero, de ser ciertas, suponen una quiebra preocupante en el estado de Derecho. Si se trata sólo de un problema de colisión entre los que pretenden evitar que los terroristas se presenten a elecciones y los que pretenden determinar que aquellos que van en las listas son miembros de ETA, se antoja ya un problema de dimensiones considerables. Que la Fiscalía decida fiarse sólo de la guardia Civil demuestra la debilidad del sistema y sirve de aviso a navegantes.