Miguel Massanet Bosch.
Una etnia que descarga sus frustraciones políticas contra el idioma de la nación, se califica a sí misma.
Sin duda alguna, en España, tenemos la rara y desagradable costumbre de tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado. Lo hemos hecho cada vez que hemos tenido la ocasión de mejorar nuestra situación nacional e internacional. Ya lo hicimos cuando el descubrimiento de América con las grandes remesas de oro que íbamos recibiendo del nuevo continente, malgastadas por nuestros reyes en cruentas e innecesarias guerras con nuestros países vecinos; lo hicimos con el advenimiento de la segunda república, precedida de revoluciones y matanzas entre españoles, sin que la proclamación del 14 de Abril de 1931 sirviera para nada más que para fomentar los odios latentes entre unas clases y las otras, con la consecuencia fatal de la Guerra Civil en la que murieron cientos de miles de españoles.
Cuando se produjo lo que se podría calificar como una de las pocas ocasiones en las que España ha tenido la ocasión de encauzar su destino dentro de la comunidad europea; cuando llegó el gobierno del señor Aznar, los hubo que no pararon hasta que consiguieron encauzar al pueblo hacia lo que suponía tirar por la borda todo el bienestar y prosperidad de aquellos años de bonanza económica y de paz para los ciudadanos españoles. El atentado cruento de la estación de Atocha fue utilizado de una forma maliciosa, adulterada y politizada para robarle a la derecha una victoria que se veía venir con claridad, en los comicios que estaban a punto de celebrarse y, se puede decir con toda razón, que la llegada de este personaje atrabiliario y de ideas fijas, que fue Rodríguez Zapatero, del partido socialista, marcó lo que iba a ser, a partir de aquel momento, la deriva de España hacia lo que fatalmente iba a suponer la pérdida de su influencia, de su potencial económico y, desagraciadamente, la deriva del Ejecutivo hacia una tolerancia criminal con respecto a  las aspiraciones de Cataluña y el país Vasco dirigida hacia un soberanismo independentista que, hay que reconocerlo, el mismo señor Rajoy fue incapaz de ponerle freno, gracias a las presiones que recibía de una parte de su propio partido para mantener una pasividad y condescendencia, con respecto a los desafíos independentistas que, a la larga, se ha demostrado que fue uno de sus errores garrafales, que le llevaron a perder la cuestión de confianza planteada por el PSOE.
Pese a los intentos de este gobierno inestable, sin unión alguna, donde se enfrentan entre sí, a cara de perros, los propios independentistas, con intervención de un partido, supuestamente republicano, dirigido desde el exilio por un vividor cobarde, Puigdemont, que huyó dejando en la estacada al resto de los que formaron parte de aquel intento de declarar la independencia de la nación catalana. Esta Cataluña, que fue un emporio económico, cultural, industrial y deportista, envidia de media Europa y, calificada como el motor económico del Estado español, ha ido languideciendo entre revoluciones, huelgas políticas, desmadres universitarios, luchas callejeras, imposiciones de las izquierdas y del separatismo más radical, aumento de impuestos y, en la misma Barcelona, la existencia de una alcaldesa, Ada Colau, que ha querido convertir la segunda capital de España, en uno más de los paraísos comunistas para satisfacción de manteros, okupas, terroristas callejeros, iluminados urbanistas que pretenden convertir aquella ciudad luminosa en un lugar intransitable, osco,  con multitud de prohibiciones, sanciones, limitaciones para los propietarios de viviendas y un lugar en el que no existe seguridad jurídica, ya que la señora alcaldesa no es partidaria de acatar las leyes de la nación.
Ya, con motivo del intento de octubre de 1917 de rebelión en contra del Estado español, fueron miles las sociedades que se desubicaron de la ciudad para instalarse en otros destinos del resto de España. Este éxodo, a pesar de los intentos de los políticos catalanes y de la prensa que los apoya, no ha hecho más que continuar y vemos que sigue el goteo de deserciones como ha sido el caso de l VW que ha decidido no instalar la fabricación de baterías en Cataluña, y el de la Nissam que, desgraciadamente para su plantilla, ha tenido que asumir que la empresa china que debía apoyarla haya decidido no hacerlo. La empresa va a cerrar una de sus dos líneas de la planta de Barcelona. La empresa china GWM parece que se asustó al ver que los obreros de la empresa pedían la intervención de los políticos en la negociación que mantenían con los gestores de la Nissam.
Y en esta farragosa situación en la que los políticos catalanes se desentienden de los verdaderos problemas del pueblo, se suceden las muestras de la intención de crear ententes separatistas como se deduce de la reciente reunión del señor Aragonés con el señor Urkullo del país vasco, para buscar puntos de coincidencia y para trazar políticas comunes en sus futuros enfrentamientos con el Estado español.  Y, entre tanto, se incrementa en Cataluña el rechazo frontal de las instituciones, el sector educacional, la propia Generalitat y la presidenta del Parlament, señora Borrás, que pide que el conseller de Educación asuma la dirección de la escuela de Canet de Mar, para evitar que la dirección cumpla la decisión del TSJC de que se deba impartir el 25% de las asignaturas en castellano a un niño de 5 años, al que se le había negado su derecho a hacerlo. En cualquier país, medianamente democrático, donde el Estado de derecho se respetara y, los ciudadanos, supieran que no se puede atentar contra la legislación patria y su Constitución, sería imposible pensar que una situación semejante se pudiera producir y, en el caso extremo de que se produjera, que la intervención fulminante y decisiva de las autoridades no pusiera fin, en el término de 24 horas, a una anormalidad semejante.
Pero, señores, en España no hay respeto ninguno por sus leyes, su Constitución y por los signos e instituciones que nos dimos los españoles y que, ahora, en manos de un gobierno sovietizado y dirigido por comunistas radicales, parece que el manifestarse como español, el poder usar la bandera nacional, el ser de derechas, el gritar ¡viva España! y hablar el castellano en Cataluña o Baleares, constituyen motivos de los que, según estos sujetos de los que dependemos, debiéramos avergonzarnos. Hemos entrado en una vorágine que lleva camino de devorarnos y acabar, si no se pone remedio y parece que no se va por este camino, con lo poco que queda de nuestra democracia. Una de las consecuencias de la pasividad del Gobierno, respecto a las aspiraciones catalanas,  queda reflejada en el resto de autonomías que ya se están mirando en el espejo catalán y, entre ellas, la comunidad Balear y la comunidad Valenciana que ya se manifiestan en el mismo sentido y otras que ya están pendientes de lo que resulte de la Ley Audiovisual y sus cuotas se idiomas vernáculos, donde ven la posibilidad de que las lenguas cooficiales y algunas que no lo son tengan cabida en las TV, las radios, las películas y los demás medios de comunicación, en detrimento de la supremacía que debiera corresponderle al idioma oficial de la nación española.
Y un comentario respecto a lo que se está dando con una habitualidad preocupante. Hablamos de la facilidad con la que los políticos y sus partidos emiten juicios, acusaciones, calumnias, descalificaciones y comentarios insultantes respeto a autoridades y personajes públicos que, en muchas ocasiones, simplemente los utilizan para restarles protagonismo, ensuciar su imagen, provocar la antipatía del pueblo u obligarles a retirarse de sus cargos u ocupaciones. Ese ha sido el caso flagrante de algunos políticos del PP como el del señor Camps que, de los múltiples juicios que se vienen actuando en contra de su persona lleva ganados 15 sin que, en ninguno de los casos, se haya podido demostrar que incurrió en ningún ilícito penal. Ahora ha pasado lo mismo con respecto al Rey emérito, que fue vapuleado por toda la fanfarria de las izquierdas, acusándolo de prevaricar y de un comportamiento ilegal. No ha sido un fiscal de España ni un tribunal español quien ha decidido que no había motivo alguno para considerar que don Carlos de Borbón había incurrido en ilegalidad alguna respecto a un supuesto regalo de 60 millones de euros a una señora de su confianza; ha sido un fiscal suizo del que no cabe esperar favoritismo alguno. ¿Quién será que restituirá la honra del soberano? ¿Y su hijo, que pensará de su destierro? Si, como siempre, habrá aquellos que ya lo habían juzgado de antemano y no darán su brazo a torcer, pero estas personas no creen en la legalidad y se consideran por encima de todos, cuando emiten un juicio sin tener los elementos adecuados para hacerlo.
O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos el convencimiento, como ciudadanos de Cataluña, de que lo que se está tramando en la cúpula del gobierno de Cataluña, de seguir por los derroteros en los que se está desenvolviendo en la actualidad, vamos a entrar una  fase de ingobernabilidad, de luchas intestinas entre las diversas facciones que integran el “gobern”, de inseguridad jurídica y de una evidente diáspora empresarial que no se va a poder evitar si, como en la actualidad, lo único en lo que se vienen poniendo de acuerdo los dirigentes catalanes, es en ir aumentando los impuestos a ciudadanos y empresas que, precisamente, están pasando por momentos difíciles debido a la epidemia de Covid 19 y a la crisis, que no se quiere reconocer que está llegando.