Redacción Madrid. 15 de enero. El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, aseguró hoy que aprovechará la próxima reunión de la mesa coordinadora del diálogo social para buscar con patronal y sindicatos fórmulas para limitar la edad de las prejubilaciones presentadas con motivo de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), si bien admitió que establecer una "regulación específica" para ello es "complejo".

   En declaraciones a los periodistas tras intervenir ante la Comisión de Trabajo del Congreso de los Diputados, Corbacho lamentó que se haya establecido una "norma no escrita" para considerar los 52 años una "edad aceptable" para prejubilarse, realizando un "ajuste técnico" que no resulta adecuado "para una empresa que no esté en pérdidas".

   Corbacho explicó que no cambió su posición sobre el ERE de Telefónica, que Trabajo aprobó finalmente en noviembre tras rechazarlo inicialmente, pero precisó que "la legislación es la que es", y aseguró que sus críticas a este Expediente motivaron una "reflexión" en la compañía para que el texto finalmente presentado "fuera radicalmente diferente" en lo referente a las prejubilaciones, inicialmente fijadas a partir de los 48 años.

   Asimismo, insistió en su intención de estudiar la propuesta "razonable" de los sindicatos para que los trabajadores acogidos a un ERE temporal que deviene en definitivo vean repuesta su prestación de paro consumida durante el periodo intermedio, de forma que se ponga "el contador de la prestación a cero", aunque advirtió de que habrá que analizar su "coste económico".

   Durante su intervención, y ante la insistencia del portavoz de Trabajo de CiU, Carles Campuzano, Corbacho aseguró que no es prioritario en estos momentos una reforma del mercado laboral, ya que el problema de las empresas "no es la flexibilidad del mercado laboral, sino la falta de crédito". "No sería justo plantearse flexibilizar el mercado laboral", aseveró, tras lo que abogó por aplazar este debate hasta la salida de España de la crisis, que prevé a partir de 2010.

   Asimismo, avanzó que tanto los datos del paro de enero como los de la Encuesta de Población Activa (EPA), que no se publicarán hasta el 23 de enero, "no serán buenos porque no lo han sido históricamente en este periodo". No obstante, reiteró que la previsión de que España alcance los cuatro millones de parados en 2009 "no se debe cumplir".

   También insistió en el compromiso del Ejecutivo para garantizar las prestaciones por desempleo. "La prestación contributiva no va a entrar en ningún tipo de riesgo de modificación a la baja", aseguró, a pesar de que ve "previsible" que el Servicio Público de Empleo entre en un "fuerte déficit" en 2009, y avanzó que se colaborará con toda las administraciones para garantizar que ningún colectivo quede "absolutamente desprotegido".

   El ministro explicó que se buscará un consenso en la mesa del diálogo social para fijar un marco regulador del sistema de intermediación del mercado laboral, también en los referente al papel de las empresas de trabajo temporal, aunque la prioridad es la de potenciar la función de los Servicios Públicos de Empleo Estatales y su colaboración con los autonómicos.    

   Corbacho aseguró que hay una hoja de ruta fijada para reformar los criterios de reparto a las comunidades de los fondos para políticas de empleo, que ayer se distribuyeron por un monto global de 2.892 millones de euros, por primera vez en el mes de enero, de manera que se espera lograr un acuerdo para abril.

   El portavoz 'popular' de Trabajo, José Ignacio Echániz, censuró que Corbacho "lleva marcada la resignación en la cara" y denunció que la destrucción del empleo está minando la imagen del Gobierno socialista, instalado en un "ámbito anestesiado". "Importan más otras cuestiones relacionadas con su imagen que aceptar alguna de las propuestas de nuestro grupo", insistió.

   Asimismo, denunció que la declaración para el impulso de la economía, el empleo, la competitividad y el progreso social firmada por el Gobierno y los agentes sociales, "parece un impulso cuesta abajo" porque "van ya 800.000 nuevos parados desde entonces". "Ustedes han naufragado, y lo que es peor, van a hacer naufragar a todos los españoles", remachó.

   Por su parte, el representante del PNV Emilio Olabarría recriminó al ministro que las medidas presentadas "no generen particular confianza", porque el incremento de la destrucción de empleo es "además de dramático, vertiginoso". "No nos ha dicho nada que indique que eso va a variar", lamentó.

   El diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, exigió al Gobierno que anteponga el interés general al privado y apueste por la iniciativa pública "como única salida" a la crisis. En este sentido, también le exigió que "agilice" la "concertación social" con patronal y sindicatos.

   Corbacho rechazó dar más detalles de la negociación, asegurando que la petición de comparecencia no hacía referencia a ella, y se limitó a asegurar que el diálogo social "está yendo al ritmo" marcado por la declaración de julio. "No me importa venir dentro de un mes a comparecer de nuevo, para que entonces hablemos con datos", se excusó.  

   Lo que sí que aseguró es que la agenda está en un "punto de maduración" respecto a los temas tratados en las diferentes mesas de trabajo, si bien reiteró que su intención es presidir la próxima reunión de la mesa coordinadora del diálogo social a partir de este mismo mes.

   El portavoz socialista en la Comisión, Jesús Membrado, que llegó a calificar de "bufonada" las numerosas peticiones de comparecencia de la oposición por el empleo, confió en que éstas se justifiquen por su "gran preocupación y falta de claridad" sobre la situación económica, y no por la "demagogia y el interés por generar miedo".

   En este punto, el 'popular' Echániz respondió que, "en la memoria histórica", el decretazo verdadero fue de 1992, bajo el Gobierno socialista, y que "José Luis Rodríguez Zapatero apoyó como diputado socialista".