Redacción Madrid. 4 de diciembre.

  El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, garantizó hoy que los autónomos tendrán en esta legislatura una prestación que les proteja cuando cesen en su actividad, como tienen los trabajadores por cuenta ajena cuando se quedan en el paro.

   Corbacho, en declaraciones a la cadena SER, señaló que esta prestación para los autónomos será de carácter contributivo, es decir, que habrá que haber cotizado para poder cobrarla.

   En cualquier caso, el diseño de esta prestación está todavía en estudio, pues se trata de una cuestión "jurídicamente muy compleja", en palabras del ministro.

   De momento, Corbacho explicó que el Ministerio ya tiene el informe que se encargó a un grupo de expertos para ver cómo se podría articular esta medida y confió en poder analizar este tema en el Consejo Estatal del Autónomo, que se constituirá en dos o tres meses, así como en el diálogo social.

   "El autónomo tiene un problema en este país. Tiene unos determinados niveles de protección, pero no tiene derecho a una prestación por cese de actividad", admitió.

SUBIDA DEL SMI A 800 EUROS.

   Otro objetivo de esta legislatura es situar en 800 euros mensuales el salario mínimo interprofesional (SMI), compromiso electoral que Corbacho dijo hoy que se mantiene y cuyo cumplimiento también garantizó.

   Antes de finalizar el año, el Gobierno negociará en el diálogo social la subida para 2009 del SMI, ahora situado en 600 euros al mes. En este sentido, el ministro explicó que las conversaciones están abiertas y confió en que en un plazo de dos semanas pueda llegarse a un acuerdo al respecto.

   Aunque no avanzó ninguna cantidad, Corbacho afirmó que el aumento del SMI para el año próximo protegerá el poder adquisitivo de sus perceptores mediante una subida "razonable", encaminada al objetivo final para 2012 de situar esta renta en 800 euros al mes.

"ESPERO QUE NO SE LLEGUE A CUATRO MILLONES DE PARADOS".

   En cuanto a la situación del paro en España, que ya roza los tres millones de desempleados, el ministro confió en que la cifra no escale el año próximo hasta los cuatro millones de parados. Lo que sí dio por hecho es que se superarán los tres millones y que las medidas adoptadas por el Gobierno ayudarán a paliar esta situación.

   Según subrayó, estas medidas, en las que dijo tener "plena confianza", impactarán positivamente en la economía a partir de 2009, incluso puede que los beneficios empiecen a notarse antes del segundo semestre.

   El ministro indicó que la velocidad "tan tremenda" de esta crisis hace que las iniciativas que se han ido adoptando, cuando entran en vigor, se encuentran con que la economía ha sufrido un nuevo deterioro. "Todas las medidas que ha adoptado el Gobierno empiezan a ser efectivas ahora", afirmó.

   Durante esta entrevista en la SER, Corbacho escuchó las quejas de algunos desempleados por la tardanza que están sufriendo en el cobro de la prestación por desempleo. El ministro admitió que hay oficinas, como algunas de Castellón y Murcia, que están tardando más de 30 días en reconocer la prestación y otras que lo están haciendo tan sólo en dos días.

   En conjunto, la media española está ahora en unos 12 días y el objetivo, explicó Corbacho, es que cuando una persona se quede en desempleo pueda cobrar al mes siguiente siempre que se le reconozca la prestación antes del día 23 del mes anterior, que es cuando se cierra las nóminas del mes siguiente.

   El titular de Trabajo hizo hincapié en el esfuerzo que están haciendo los servicios públicos de empleo y sus funcionarios y recordó que el Gobierno ha reforzado la gestión de las prestaciones con la incorporación de 1.400 trabajadores en las oficinas del Inem. En cualquier caso, admitió que, a pesar del refuerzo de plantilla, puede haber oficinas que todavía estén por debajo de los medios humanos necesarios.

   Los parados tienen derecho a dos años de prestación contributiva siempre que hayan cotizado seis años previamente. Corbacho indicó que el importe medio de la prestación es algo superior a los 800 euros, con un máximo de 1.300 euros, y que su duración promedio no llega a los dos años.