Miguel Massanet Bosch. Puede que, señores, oficialmente, desde un punto de vista meramente legalista y a efectos simplemente teóricos, nuestra Constitución de 1978 siga siendo la misma, mantenga sus preceptos y siga manteniéndose vigente en España, no obstante, los españoles, al menos los que tenemos la impresión de que nuestra nación ha emprendido una deriva hacia su autodestrucción, no lo vemos así y pensamos que, la verdadera reforma que muchos partidos, especialmente los de izquierdas, están reclamando de nuestra Ley de leyes, para ajustarla a sus espurias pretensiones, si tienen dificultades para conseguirlo a través de las vías reglamentarias ( algo que, evidentemente, no les resultaría fácil) lo están probando, con bastante éxito, a través de otros procedimientos, como es el de irla carcomiendo a bocados, recurriendo a incumplirla a través de los hechos consumados, que la contradicen de modo que, en muchos aspectos, se consigue que parte de los mandatos contenidos en ella sean obviados, recurriendo a desobedecerla, confiando, como suele suceder, en que, quienes están en la obligación de vigilar su cumplimiento ( el Gobierno, las autoridades, los jueces, el Congreso y el Senado) prefieren ignorarlo, simular que no se enteran o restarle importancia, como si dejando pasar el tiempo, no haciendo caso u olvidándose del tema, se consiguiera evitar entrar en confrontación como, posiblemente sucedería, en el caso de adoptar las medidas correctivas precisas para restaurar la legalidad infringida.

Lo cierto es que los ciudadanos españoles, al menos una parte de los mismos, estamos perplejos ante la situación por la que está pasando la Justicia en nuestra nación, frente a determinadas conductas que adoptan personas que forman parte del entramado político, que debieran cumplir con sus responsabilidades adquiridas y con los juramentos que pronunciaron al acceder a sus cargos administrativos y políticos; faltando a sus deberes in vigilando; prevaricando para favorecer actitudes levantiscas o independentistas o, incluso, formando parte de grupos que se han enfrentado directamente con la legalidad, la Constitución y los tribunales españoles.

Si estamos viendo cómo, la legislación en materia de derechos civiles de los ciudadanos, se ha convertido en un pim pam pum de las autoridades administrativas, especialmente de las autonómicas o de las municipales, donde, valiéndose de lagunas legales, tomándose facultades de las que carecen o apelando al chantaje y la opresión, se interfiere en los derechos de los propietarios, paralizando el derecho de propiedad, abusando, mal interpretando e imponiendo, mediante normas de carácter municipal obligaciones, cortapisas o restricciones abusivas del ejercicio del derecho de propiedad, abusando arbitrariamente de la llamada “ función social de la propiedad” y de la falta de precisión de las normas por las que se rige que, por raro que pueda parecer, han quedado en manos de las autonomías para que, ellas, según su talante político, las usen de la forma que más favorezca a sus idearios políticos.

Un derecho, el de propiedad, que en un país en el que, constitucionalmente, debiera de estar protegido; parece que, en el nuestro, y con la particularidad de que el partido de derechas ha estado en el poder cuatro años y sigue en él (cierto que en minoría), nunca debiera de haberse traspasado a las autonomías debido a que, la seguridad jurídica que debiera presidir el ejercicio de un derecho tan importante, nunca se debió confiar al arbitrio de los diversos grupos municipales.

En Barcelona y en Madrid, cuyos municipios están en manos de los comunistas bolivarianos de Podemos, apoyados directamente y sin el menor rubor por los ediles y alcaldes, se están produciendo continuos atentados contra el derecho de propiedad de las personas, especialmente en el caso de inmuebles que, tanto si están ocupados como vacíos son asaltados por esta chusma urbana conocida como okupas, que rompiendo, cerraduras, entrando por ventanas, se apropian de las viviendas desocupadas o incluso, como existen ejemplos (precisamente en estos días),de que, empleando subterfugios, aprovechándose de la ausencia temporal de sus legítimos ocupantes para ocupar la morada, cambiar las cerraduras e instalarse, aprovechándose de los suministros de que está dotada y, sin preocuparse de los desperfectos o el mal uso que hagan, del contenido del apartamento ocupado.

Llevan años dedicándose a cometer este delito, pero los gobiernos, muy condescendientes con semejante lumpen, no parece que estén por la labor de agilizar las leyes para permitir el desalojo inmediato de semejantes intrusos; algo que, desgraciadamente, según las actuales leyes, se prolonga durante años, durante los cuales el legítimo propietario u ocupante se ve inerme ante el abuso cometido por los asaltantes de su vivienda. El idioma castellano, declarado el idioma oficial de todos los españoles, que tienen el deber de conocerlo y de saberlo hablar, es metódicamente atacado cuando se trata de determinadas autonomías en las que gozan de la prerrogativa de tener otro idioma oficial, reconocido para su uso en las mismas.

Ello no supone que se pueda eliminar el castellano que siempre debe prevalecer sobre cualquier otro; sin embargo, la inopia de los gobernantes, la temeridad de las autoridades autonómicas, el desprecio por las sentencias de los tribunales españoles y la cara dura de implantar por su cuenta las normas que, de hecho, dejan reducida a la mínima parte la enseñanza del castellano en las escuelas y las universidades; coaccionan a los alumnos para que no exijan se enseñados en lengua de todos los españoles, de tal modo que, los que lo han intentado, han sido apartados y aislados del resto como si fueran apestados.

Contra todas estas decisiones locales, contra tantos desafíos nos encontramos con la particularidad de que, no sólo los partidos de izquierdas o separatistas, verdaderos culpables de semejante estado de cosas, sino, incluso el resto, por miedo a indisponerse con las autoridades locales, se limitan a encogerse de hombros y mirar cómo, cada día que pasa, la situación en comunidades como Cataluña o el País Vasco y otras muchas en las que se han ido aproximando a las más extremistas, como son Baleares y Valencia, el problema se hace más importante, se enquista y cualquier intento de ser corregido crea inmediatamente una reacción que amenaza con convertirse en revolucionaria.

Si, señores, tenemos una Constitución, pero lo que no tenemos son las personas que tengan lo que debieran tener para ser capaces de hacerla cumplir en sus propios términos, para que fuera verdad aquello de que “todos los españoles somos igual ante la Ley”, que todos en España estamos obligados a conocer el castellano y además poder usarlo en cualquiera de las regiones de nuestra patria, sin exponerse a ser insultado, vejado o condenado a la postergación y la soledad.

La misma Constitución dispone de las armas para exigir el cumplimiento de todos sus mandamientos y, por si acaso fallasen, también tiene el recurso extremo de poder imponer, si fuera necesario, manu militari, el orden que haya sido subvertido por aquellos que pretenden cambiar las normas del país sin seguir los procedimientos que, también, están establecidos en la propia Carta Magna, para poder hacerlo.

Tenemos una Constitución que, debido a la incuria de los respectivos gobiernos, no ha sido capaz de desarrollar, como se pide en la misma, una ley de Huelga capaz de precisar, con claridad, los casos en los que, el derecho legítimo de los trabajadores a parar en el trabajo para defender sus derechos, no se convierte en abuso de ley, no se aplica a cuestiones políticas, no afecte por igual a las distintas empresas, de acuerdo con sus procedimientos de producción o no cree, por sus efectos colaterales, un caos en toda la nación, que convierta el problema de unos pocos en un problema que afecte a otros que nada tengan que ver con los trabajadores en huelga.

Veamos, por ejemplo, el caso vergonzoso de estos privilegiados que mantienen una huelga, a mi entender ilegítima, en contra de una sentencia dictada por el Tribunal Europeo, que les obliga a suprimir el régimen monopolístico actual que impide que, las empresas de estiba, puedan contratar, libremente, trabajadores sin que, forzosamente, deban ser parientes o enchufados de la plantilla existente. Si hay que negociar, intentar llegar a acuerdos y mostrarse flexible cuando ello es posible, pero cuando ello se convierte en tener que pasar por las Orcas Caudinas, entonces, el Estado, debe hacer valer el poder que ha recibido de los ciudadanos para imponer la razón y evitar el chantaje de sindicatos o comités de empresa, cuando la negociación se ha convertido, por su cabezonería u objetivos políticos, en imposible.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, podemos decir que España está teóricamente regida por la Constitución de 1978 pero, en muchos aspectos de la misma, la sensación que los ciudadanos tenemos, es la de que, esta Constitución, no sigue vigente, que las autoridades no son capaces de asegurar su complimiento, que las fuerzas vivas del país se reparten entre las que no dudan en infringirla según su conveniencia y los que, por miedo, por intereses políticos o por estulticia, no son capaces de actuar para que, cada conducta punitiva que se produzca, se pongan en marcha la serie de mecanismos de los que dispone la Justicia ( ojo, que mucha parte de lo que sucede es debido a la politización de una gran parte de sus funcionarios) para que, no solamente se movilice en los casos de corrupción, que también, sino que se aplique en todas las circunstancias en las que se producen ilegalidades, sean estas individuales o lo sean de grupos organizados, en las que se ponga en peligro la democracia española, especialmente ante la amenaza, que parece inminente, de que se instalen en España aquellos grupos totalitarios que pretenden conducirnos como borregos a los paraísos bolcheviques.