Miguel Massanet Bosch. Estamos en unos momentos de tribulación nacional difícilmente equiparables con otros, si no es que queremos remontarnos a los nefastos y peligrosos tiempos de la Guerra Civil española. Y siendo grave la crisis que nos está asolando, la recesión de la que parece que nunca vamos a salir y la situación de falta de trabajo y hundimiento de empresas, que parece que no va a tener fin o, al menos, todavía no somos capaces, ni los que nos gobiernan tampoco, de fijar una fecha aproximada de cuando tendremos esta buena noticia; me atrevería a afirmar que lo peor, la peor lacra y lo que subleva a la ciudadanía hasta el límite de desconfiar de todos los que nos dirigen, es la evidente degradación moral que se nota en la atmósfera de nuestra nación. Y es que parece como si, la honradez, estuviera confinada en una pequeña isla rodeada de tiburones ávidos de la sangre de aquellos pocos justos que se hubieran refugiado en ella.

Si ya nos hemos referido en otras ocasiones a los políticos, tanto de uno como de otro perfil político, y hemos criticado con severidad aquellos casos de corrupción; de malversación de caudales públicos; de tráfico de influencias y de enriquecimiento por medio del cohecho o de la prevaricación; no podemos dejarnos de referir a estos otros personajes de la política social, a estos teóricos representantes de los trabajadores constituidos en Sindicatos que, si en un principio desarrollaron una labor necesaria para equilibrar las fuerzas entre los trabajadores y los patronos; pasados los años, cambiadas las condiciones de trabajo, alcanzadas las justas reivindicaciones laborales en cuanto a salarios, seguridad en el trabajo y representación de los trabajadores dentro de cada empresa; se han venido convirtiendo en algo parecido a un elemento institucional autónomo, más preocupado por la política y, en consecuencia, en un apéndice de los partidos de izquierdas más sometidos a las órdenes y sugerencias de sus líderes que en preocuparse en velar por aquellos a los que deben su razón de ser: los trabajadores.

Nuestros dos sindicatos de mayor implantación nacional, CC.OO y UGT, son un ejemplo claro de en lo que se han transformado los llamados sindicatos de clase. La burocratización, el clientelismo, el enriquecimiento, la dependencia del Estado y de sus subvenciones, sus negocios ocultos y sus funciones concertadas con la Administración, poco claras y  muy productivas, los han convertido en una de las cargas más para los ciudadanos y en unos colaboradores disciplinados de los partidos políticos con los que están conchabados y a los que sirven fielmente. De aquí que hayamos tenido ocasión de observar, con pasmo, como en las dos legislaturas anteriores en las que el PSOE del señor Rodríguez Zapatero tuvo el gobierno de la nación; a pesar del derrumbe económico, de la caída vertiginosa del pleno empleo que había prometido Zapatero, hasta llegar a 5 millones de desempleados; amén de los continuados errores y fracasos de los varios ejecutivos que salpicaron los más de 7 años de dominio socialista; los Sindicatos permanecieron sordos, mudos y ciegos, sin que las manifestaciones que llevaron a cabo y la única huelga general fracasada que impulsaron, en ningún caso fueron contra el Gobierno como hubiera sido lo lógico, sino contra la oposición de derechas ( los de izquierdas y los separatistas se plegaron fácilmente a un partido que les decía que sí a todo lo que le pedían) o sea del PP.

Hasta los, supuestamente, independientes y apolíticos (luego se demostrado que todo ello era una filfa), los del 15M, en lugar de ir en contra de Zapatero enfocaron su artillería contra el PP, en una labor de desgaste plenamente organizada y pactada. Sin embargo, desde el mes de noviembre del 2012, cuando el PP ganó las legislativas, el letargo de estos sindicatos, que tan abúlicos se mostraron mientras ordeñaban tranquilamente las arcas del Estado, empezaron a desperezarse acuciados por los recortes aplicados por el señor Rajoy que, evidentemente, también afectaban a sus bolsillos. Un par de huelgas generales de resultados discretos y continuos enfrentamientos con el Ejecutivo que, todo hay que decirlo, sólo se limitó a cumplir con las directrices que se nos marcaban desde Bruselas, para conseguir aplacar los ánimos de la UE, que sólo veía en nuestro país una especie de Grecia, incapaz de salir del fango en el que estaba metido. Desde entonces no han perdido ocasión de reprochar al Gobierno todas las medidas que ha llevado a cabo para intentar evitar el embargo o para conseguir financiación para la banca u obtener la confianza de los inversores en bolsa, una cuestión  que estuvo a punto de llevarnos directamente al crack del país.

Pues, ahora nos enteramos de que, estos Sindicatos, tan críticos con la corrupción que se le atribuía al PP, están siendo objeto, por la juez Mercedes Alaya de una investigación exhaustiva que está destapando bolsas de podredumbre en las que, los dos sindicatos, parecen estar embadurnados. Empezando por los fondos que recibían, ambos sindicatos, para formación profesional parece que, apenas a la mitad de ellos, se los asignaba a su verdadero destino. En el caso de CC.OO la parte que les quedaba para ellos suponía el 45% y en el caso de UGT de 1.345,5 millones de euros de subvenciones la parte que se quedaban para ellos ascendía a  642,6 millones, casi el 48% de la subvención. Y estos que se trataba de entidades sin afán de lucro.

En el caso de la Asociación Faja Pirítica de Huelva (una sociedad constituida a medias entre CC.OO  y UGT “sin ánimo de lucro”), cuya función parecía ser la de cobrar las subvenciones por prejubilación de 687 mineros, afectados por el cierre de las minas de Huelva. (Resulta curioso que, para que los obreros beneficiarios cobraran sus indemnizaciones de la Consejería de Trabajo de Andalucía, fuere necesario que primero pasaran por manos de los sindicatos). El caso es que, el señor Lanzas, un sindicalista actualmente en prisión, y e “entorno” de los dos Sindicatos, se llevaron 4´3 millones de euros en concepto de comisiones de dicho ERE.

Y luego que tengamos que tragarnos al señor Méndez de UGT, haciéndose la víctima de la trama “ERE’s”, cuando ha afirmado que tenía “plena confianza en los dirigentes del sindicato”. Y ha pretendido quitarle hierro a tan espinoso tema, acudiendo al subterfugio de que se ha acotado un número de “presuntos intrusos” que, según él, sólo suponen el 4% y que, por tanto, el resto hasta el 96% percibieron correctamente sus subvenciones. ¡Evidente que, para tan  “hábil” sindicalista, el delito, por cuantiosa que sea, si lo cometen menos es menos delito! Lo que se calla es que, el contubernio con la Consejería de Trabajo de Andalucía (varios de sus dirigentes están en la cárcel) y el conseguidor sindicalista, Juan Lanzas, junto a otros de sus compañeros sindicalistas conspiraron para estafar al Estado y favorecer a amiguetes; embolsándose una sustanciosa comisión; no es algo tan inocente como lo pinta y aún quedará por ver hasta donde alcanza dentro del sindicato, la responsabilidad por tales fechorías.

Si algo faltaba para acabar de desprestigiar a unos sindicatos anclados en el siglo XIX en lo ideológico, pero que saben utilizar técnicas del siglo XXI para llenarse los bolsillos, ya ha ocurrido. Yo recomendaría que, tanto Cándido Méndez como Fernández Toxo, publicaran sus emolumentos y sus declaraciones de renta para demostrar que viven como los desempleados, en solidaridad con ellos. No por nada, sólo para darles la oportunidad de demostrarnos su espíritu de verdadero sindicalista. O así es, señores, como califico a unos sindicatos de los que podríamos prescindir.