Redacción Madrid. 8 de febrero. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, denunció hoy una "campaña de desprestigio y acoso" orquestada por el PSOE contra su partido ante la proximidad de las elecciones haciendo uso de medios del Estado como el Ministerio de Interior o la Fiscalía, al tiempo que negó cualquier "responsabilidad" del PP en la presunta trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón.

   "No vamos a consentir ni tolerar que se nos implique en ninguna campaña ilícita, de financiación ilegal o de corrupción, porque el PP no reconoce absolutamente, como partido, ninguna responsabilidad en los asuntos que están apareciendo estos días en diversos medios de comunicación", afirmó en rueda de prensa en 'Génova', asegurando que el PP está "absolutamente tranquilo" al no tener "nada que ocultar".

   De esta forma, enmarcó esta "campaña de acoso y difamación" que atribuyó al PP en la cercanía de las elecciones "que tiene por objeto modificar la intención electoral de los ciudadanos". Y apuntó: "Así se demuestra con las continuas filtraciones parciales e interesadas a medios de comunicación de un sumario declarado secreto", algo que tachó de "escandaloso" en un Estado de Derecho.

   A su entender, esta proximidad a la celebración de comicios en Galicia, País Vasco y al Parlamento Europeo "ha hecho que la maquinaria del PSOE" empiece a funcionar "utilizando de manera escandalosa los servicios del Ministerio del Interior y de la Fiscalía del Estado" contra el PP. "Esto va en contra de los mínimos fundamentos de un Estado de Derecho", reiteró.

   No obstante, subrayó que en el caso "hipotético" de que se demostrase que algún militante o cargo público del PP tuviera algún tipo de responsabilidad en la trama, "el PP actuará como ha hecho siempre con toda contundencia", tal y como lo ha hecho a lo largo de su trayectoria política.

   Para Cospedal además el PSOE trata de levantar una "cortina de humo" para "tapar las" consecuencias de la crisis, en concreto, los más de tres millones de parados que ya hay en España, y los gastos desmesurados en la Xunta del líder socialista, Emilio Pérez Touriño.  

   En este contexto, la secretaria general del PP exigió al poder judicial que tome las medidas necesarias para evitar que se sigan filtrando a los medios "datos interesados" que forman parte de un sumario declarado secreto. "Exigimos que se tomen las medidas necesarias, también penales, hacia quienes filtran dicha información", enfatizó Cospedal.

   En este punto, afirmó que el PP no aceptará que el PSOE, un partido condenado por la trama de los GAL y por financiación ilegal en el caso Filesa, "dé lecciones de lucha contra la corrupción". A su juicio, los socialistas en este asunto no pueden dar lecciones de "honestidad y transparencia" a su partido.

   Por ello, trasladó a los militantes y votantes del PP un mensaje de confianza y les animó a "llevar la cabeza muy alta" porque pertenecen a un partido que sobre todo ha defendido la libertad y las buenas prácticas. "No nos vamos a rendir ni a achatar ante esta campaña de acoso", avisó Cospedal, quien señaló que el PP "lo dará todo" para que deje el gobierno un partido que utiliza las instituciones "en beneficio propio".

   Preguntada por la vinculación de las empresas que están siendo investigadas a ayuntamientos del PP o la Generalitat, Cospedal afirmó que el que una institución contrate una empresa no le vincula a ésta ni a sus actividades. "Es una difamación el que uno este vinculado a esa empresa de por vida", señaló.

   Además indicó que la Generalitat valenciana dejó en suspenso todo contrato con la empresa que está siendo investigada, que por otra parte está "justificado" en las cuentas de la administración autónoma que la contratación fue "regular". "Es una operación de acoso y derribo", insistió Cospedal, quien apeló además a la "presunción de inocencia" en un Estado de Derecho.

   Por último preguntada por la razón que llevó al PP a prescindir de los servicios de Fernando Correa, uno de los detenidos, en 2003, Cospedal se limitó a decir: "Los partidos y las instituciones contratan y dejan de contratar servicios con empresas y no tiene que haber un motivo especial".