Manuel Parra Celaya. Es imposible sustraerse al circo mediático que se ha producido con ocasión de la declaración de la infanta Cristina. Y no es del todo ilógico, por el deterioro que ha producido en la Institución en momentos en que su popularidad no iba precisamente en aumento. Sin embargo, lo mismo ha acontecido en otras naciones europeas que aún ostentan la monarquía en sus jefaturas de Estado y la repercusión estrictamente política ha sido nula, dejando el protagonismo a las páginas de la prensa del corazón.
 Me adelanto a expresar dos opiniones, una objetiva y otra de concreto alcance subjetivo: la primera es mi convicción de que, efectivamente, todos somos iguales ante la ley, gran conquista del primitivo liberalismo y de la que ningún Estado moderno puede volverse atrás; ello incluye, claro está, a los órganos autonómicos que se niegan a cumplir disposiciones judiciales, incurriendo en flagrante delito, sin que hasta la fecha nadie haya invocado la mencionada conquista liberal; la segunda -la subjetiva- es mi escasa querencia por la Monarquía, lo que no impide en absoluto el acatamiento de una Constitución que la sitúa como cúspide y representante de España.
 Pero me imagino que al lector le traerán al pairo mis preferencias monárquicas o no, y no es sobre lo que quería hoy escribir. El hecho es que la presencia de la infanta Cristina en los juzgados de Mallorca ha convocado, junto a la famosa pasarela y como público de primera fila del mencionado circo, a unos cuantos portadores de la enseña que adoptó la II República. Obsérvese que no digo la tontería de bandera republicana, porque el primer experimento de esta forma de gobierno mantuvo la bicolor como bandera de España; como curiosidad histórica, se puede añadir que, con ocasión del destronamiento de Isabel II en 1868, aparecieron banderas tricolores, azul, roja y amarilla, por este orden, que invocaban el lema masónico de fraternidad, sabiduría e igualdad, y algunas incluían estrellas de Hiram, en alegoría al constructor del templo de Salomón, (ver referencia en Cataluña Hispana, de Javier Barraicoa), pero no en 1873. Así que de franja inferior morada, nada de nada. 
 El hecho de que un miembro de la familia real pase por los juzgados nada tiene que ver con el anacronismo (y error político, según el general Vicente Rojo) de la bandera tricolor de aquella ocasión de España. Por si fuera poco caer en el anacronismo, algunos de sus portadores se definen como separatistas (ellos dicen independentistas, claro); lo mismo le ocurre a un vecino de mi barrio barcelonés que ostenta en su balcón la estelada (vulgo, cubana) junto a lo que fue bandera nacional española de 1931 a 1936… ¿En qué quedamos? Se puede ser monárquico o republicano -o ninguna de las dos cosas, como un servidor- pero una y otra forma siempre lo serán de España.
 Aprovechar la declaración de la infanta Cristina para sacar del museo aquella enseña es, además, una muestra de oportunismo político. Quienes lo hacen son equivalentes a los que pidieran -supuestamente- la proscripción de los sindicatos obreros ante el chanchullo de los EREs y de las mariscadas, de quienes pidieran la ilegalización de PP por el caso Bárcenas o la del PSOE por los casos Roldán o Juan Guerra. Otra cosa es que se exija que la justicia de un Estado Social y de Derecho alcance lo mismo a una infanta que a los sindicalistas trapaceros o a los políticos corruptos, sean de izquierdas o de derechas.
 Está visto que la convivencia nacional tropieza demasiadas veces con oportunistas, sinvergüenzas y corruptos, así con quienes se empeñan en retornar a períodos históricos que no se caracterizaron, precisamente por propiciarla. Como en tantas otras cosas, es un problema de educación histórica y cívica de los ciudadanos, que nunca debe confundirse con manipulación, que es a lo que estamos ya acostumbrados desde hace muchos años.