Redacción Madrid. 15 de diciembre.

El juez Santiago Torres, que investiga la trama de corrupción municipal de licencias, tomará hoy declaración al antiguo jefe de División de Impacto y Análisis Ambiental de Medio Ambiente Victoriano Ceballos y al propietario de la discoteca ya clausurada Moma, Luis Miguel Ramasco Tejerina, por las irregularidades detectadas en la tramitación de su expediente de licencia.

   Ceballos declarará por su participación en los expedientes relativos al Moma, en el número 56 de la calle José Abascal. Este local se encuentra cerrado desde el pasado 21 de noviembre por orden municipal debido a que carece de licencia de funcionamiento como discoteca. Sí tenía permiso para funcionar como restaurante, pero el local era también un bar de copas de grandes dimensiones.

   El expediente del Moma se investiga debido a que su dueño aparecía en las agendas y discos duros intervenidos a los imputados Eduardo Agustino Carrasco y Julián Rubén López Martínez, propietarios de la sociedad AC 93. Estos empresarios actuaban de intermediarios entre los funcionarios y los propietarios de los locales para los pagos que se debían realizar para adelantar los expedientes.

   El antiguo responsable del Departamento de Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid Joaquín Fernández de Castro compareció el pasado 10 de diciembre por este asunto, desvinculándose del mismo. Aseguró que se limitó a firmar la autorización para que se tramitase a través de la Junta Municipal de Chamberí. "Nunca autoricé nada más ni hice ningún tipo de informe", insistió el imputado a preguntas de los periodistas en los pasillos de los juzgados.

   También hoy, acudirá al Juzgado también la joyera Helena Rohner Bañares, el propietario de un bazar, del restaurante Inmomal, de un estudio de tatuajes, de una cervecería, del Pub Rogelios, del local La Hacienda Argentina y de un establecimiento de la cadena Ahorra Mas, entre otros.

   Un día más tarde, desfilará ante el juez el propietario de la clínica Ruber Internacional de la calle Juan Bravo y su director financiero. El magistrado investigó a los directivos tras conocer, a raíz de una escucha telefónica, que los imputados Fernando Ruiz Torrejón y Santiago Castillo acordaron embolsarse 30.000 euros por la licencia de una reforma en la clínica. También declararán ese día los dueños de varios locales, situados en Concha Espina, Orense y Pintor Juan Gris.

   El 17 de diciembre, comparecerán como imputados dos cargos de la compañía Ocaso y como testigo un funcionario de la Gerencia de Urbanismo. El juez mantiene ya como imputados a otros directivos por un delito de cohecho. Son Carlos Ruiz, Javier Zumalacárregui, Ramón Boticario de Zulueta y Máximo Agustín Cabanas. A la compañía se la investiga debido a que adjudicó el proyecto del cambio de uso del edificio de su oficina central a AC93, investigada por el juez.

   Ese día, el instructor interrogará además al responsable de la cervecería Cervantes, en la plaza de Jesús. La imputación del dueño de esta cervecería se debe a la comisión de delitos urbanísticos por producción de alteraciones y obras sin licencia en edificios protegidos ubicados en la calle Santa Lucía, Flor Baja y Piamonte. En este apartado, el juez amplía las imputaciones a otros empresarios por su relación con el anterior local.