Abel Hernández. 13 de noviembre. Cada vez hay más síntomas de que se pretende descalificar la Transición, a la que se culpa de todos los males que nos aquejan. Desde el despilfarro de las autonomías, que han multiplicado por cuatro el número de funcionarios, lo que ciertamente es insostenible, hasta la proclamación de que las leyes de Amnistía fueron paños calientes para no sentar al régimen anterior en el banquillo sacando a los muertos de las cunetas. Hasta que esto no se haga, arguyen, la Transición no se habrá cerrado.
Los más radicales pretenden, como se sabe, con la complacencia del actual poder político, que la Transición sea efectivamente un paréntesis transitorio, retomando la verdadera historia democrática en la II República. No ocultan su propósito de cambiar el Estado autonómico por el Estado federal, y estarían dispuestos a aceptar sin mayores escrúpulos un Estado confederal. Con la religión, por supuesto, en la sacristía, mientras jueces y fiscales “progresistas“ alientan el aborto legal y la eutanasia.
Se encuentran, pues, incómodos en el marco de la Constitución del 78. Esto explica seguramente que la Constitución se ha ido degradando, a la vez que los partidos políticos se han ido apoderando de las instituciones, empezando por la Justicia y alcanzando de lleno al propio Tribunal Constitucional, en vez de reducirse a ser cauce de participación política como establece la misma Constitución, que también prohíbe el mandato imperativo para diputados y senadores sin que se tenga para nada en cuenta.
Es sintomático el silencio sepulcral al cumplirse ahora la fecha redonda de 30 años de la Constitución, mientras se desata un clamor creciente en torno a los desenterramientos de los muertos de la guerra y la posguerra. También en esto se le intenta echar la culpa a la Iglesia y a los católicos, lo cual es risible si no fuera preocupante. Ayer mismo, Basilio Baltasar, director de Relaciones Institucionales del Grupo Prisa, publicaba en lugar preferente de “El País” un artículo en el que afirmaba a este propósito: “Que el sentido común de los católicos sea inmune a la piedad o a un ecuánime ideal de justicia nos obliga a interrogarnos sobre el origen de la terca consigna sostenida por la Conferencia Episcopal y a detenernos estupefactos ante el perturbador enigma: ¿por qué la Iglesia católica se niega a dar “cristiana sepultura” a viejos cadáveres desterrados?”. Pero ¿de qué oscuras catacumbas ideológicas sale este hombre? ¿De dónde saca semejante infundio?
La respuesta la da él mismo poco más adelante: se trata de “una Transición convertida en tótem de la amnesia histórica española” y “en el relato de una coerción a la que todos deben rendir pleitesía y expiación”, a lo que se acoge -según tan disparatada opinión- “la arrogante jerarquía eclesiástica y el Estado Vaticano”. O sea que para esta corriente de ¿pensamiento?, que brota en las proximidades del poder, la culpa de todo -incluso de que no se desentierren los muertos- la tienen la Transición, la Constitución y la Iglesia. Parece una broma de mal gusto, si no fuera porque confirma los temores de que se pretende una regresión histórica.