Redacción Madrid. 24 de marzo.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) escuchó en Washington las denuncias emitidas por varios grupos defensores de los derechos humanos sobre los nexos paramilitares del Congreso de Colombia.

La Corporación Nuevo Arco Iris, Human Rights Watch (HRW) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señalaron a la instancia judicial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que cinco de siete partidos que forman parte del gobierno de Alvaro Uribe están vinculados a la parapolítica.

Aunque reconocen que hay otros partidos afectados por los supuestos nexos con los grupos como las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el director de la Corporación Nuevo Arco Iris insistió en que los cinco partidos del gobierno mencionados deben ser disueltos.

A pesar de que el gobierno del presidente Uribe lleva a cabo una desmovilización de los paramilitares y un proceso judicial contra los culpables de atrocidades, el CEJIL asegura que las AUC no se han desmovilizado y que la colaboración entre políticos y paramilitares sigue viva.

El gobierno se defendió a través del director del Programa Presidencial de Derechos Humanos, Carlos Franco, que reconoció los errores que pudo haber en el proceso. No obstante, aseguró que el problema de la parapolítica se está enfrentando con eficacia y celeridad.

En círculos de grupo de derechos humanos radicados en EEUU muchos esperan que el gobierno de Barack Obama sea más proclive a promover investigaciones dentro de la OEA en las denuncias que involucran a Colombia.

Para muchos activistas sociales el vínculo privilegiado que tuvo Bogotá con Washington en tiempos del presidente George W.

Bush, dificultaba las iniciativas y complicaba las discusiones que tuvieran que tener con Colombia dentro de la organización.

Las ONG solicitaron a la OEA que elabore un informe sobre las estructuras políticas y económicas del paramilitarismo y otros grupos armados ilegales.