El secretario general de Plataforma per Catalunya, Robert Hernando, ha denunciado la campaña de persecución y acoso orquestada por la Generalitat contra las Joventuts Identitàries per Catalunya a raíz de la celebración del Avenir Identitario que tiene lugar este fin de semana en la Anoia.

Hernando ha salido en defensa de la juventud identitaria ante el intento de criminalizar a los cerca de setenta asistentes a estas jornadas comunitarias que combinan una vertiente formativa, con conferencias y taller de activismo, con una más lúdica, con actividades deportivas y excursionismo.

También ha reprobado que a la Generalitat le tiemble la mano a la hora de actuar contra las reuniones en la órbita de la iquierda secesionista, que congregan a jóvenes para consumir drogas y hacer proclamas a favor del terrorismo.

En referencia a las coacciones al propietario del recinto donde se celebra el acto, Hernando ha afirmado que “es vil y mezquino que la Generalitat se dedique a amenazar a empresarios catalanes”. En esta línea ha censurado la utilización de “métodos estalinistas que ponen de manifiesto hasta qué punto las instituciones catalanas están secuestradas a manos del sectarismo ideológico”.

El secretario general de Plataforma per Catalunya ha explicado que “este es el precio que tenemos que pagar por haber presentado una querella contra el clan Pujol y un escrito a la Fiscalía por posibles irregularidades en las cuentas de la ANC y haber denunciado la ilegalidad de las votaciones del pasado 9 de noviembre”.

Hernando también ha respondido al Director de la Joventut de la Generalitat, Toni Reig, por haber dicho que los convocantes del Avenir Identitario pueden vulnerar abiertamente los derechos humanos. En esta línea ha dicho que es una acusación gratuita, carente de fundamento y hecha con una ligereza indecente por parte de un estómago agradecido del secesionismo a quien se le ha premiado la militancia en CDC y en la Junta Nacional de Òmnium Cultural con el cargo que ocupa.

El secretario general de Plataforma per Catalunya ha manifestado que quien podría incurrir en la violación de los derechos humanos es él por intentar privar del derecho a la libertad de reunión –recogido en el artículo 20- a la rama juvenil de un partido que es la sexta fuerza política municipal en Catalunya porque así lo han querido los ciudadanos.

Por ello y por un posible delito de prevaricación, los servicios jurídicos de Plataforma per Catalunyaya estudian presentar una querella.