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Diario YA


 

José Luis Orella: El ajedrez ucraniano

 

 

Ucrania se desliza hacia la división social. Finalmente ha quedado claro que el rechazo al acuerdo con la UE, en realidad escondía una nueva revolución. (El ajedrez ucraniano)

 

 

Derecho a decidir, separatismo y Democracia

Pedro Sáez Martínez De Ubago. Se han debatido en el Parlamento de Cataluña tres resoluciones sobre el derecho a decidir, que es lo mismo que el derecho de autodeterminación. De ellas, la que ha salido triunfante, frente al disparate político, contradictorio en sus propios términos de los socialistas, que querían hacer de España una “monarquía federal”,  ha sido la pactada por CiU –con cierta escenificación en contra de Duran Lleida- ERC e ICV-EUiA, en la que se declara a Cataluña "sujeto político y soberano" para ejercer el derecho de autodeterminación de esta comunidad en una consulta.

Con esto se ha echado por tierra algo que es tan importante de cara a la imagen de estabilidad que España necesita dar ante las autoridades económicas europeas y mundiales y los mercados, la imagen de una quimérica unidad que pretendió simular la última Conferencia de Presidentes aprobó "por unanimidad" una declaración que recoge unos "puntos de encuentro generales" entre el Gobierno y las comunidades autónomas, resaltada con las destacadas presencias del Jefe del Estado, del heredero de la Corona, del presidente del Gobierno y la vicepresidenta de la nación, así como de los presidentes de las dos cámaras que integran nuestras Cortes Generales, esperpento del que ya sólo queda una bonita foto de los asistentes en torno al Rey de España, de esa misma España que hoy cuestionan los nacionalistas gallegos, vascos y catalanes y otros partidos de mayor o menor representatividad. 
 
Frente a los dislates de los unos los otros y los de más allá, es necesario afirmar y reconocer, como españoles, que nuestro presente es expresión y resultado de nuestra historia nacional. Somos tal como la historia nos ha hecho y, por ello, en la realidad del presente está la huella de los acontecimientos históricos que nos han traído hasta aquí.
 
Así, aunque un acto de voluntarismo pudiere hipotéticamente cambiarse el Artículo primero de nuestra vigente constitución, donde se establece que “1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, con ello no se podría cambiar la realidad histórica de muchos siglos.
 
La historia no es un fósil, sino una maestra de la vida que está siempre presente en cada acto, y en las relaciones humanas y sociales, tanto públicas como privadas, tanto pretéritas como actuales. Tal ha de ser el núcleo y fundamento de la discrepancia con los nacionalismos separatistas que transforman el deseo de su presente y futuro sobre hechos históricos, si no poco falseados no menos necesarios para los bastardos y arbitrarios intereses de las ficticias realidades que pretenden encarnar. Por ello los nacionalistas reinventan la historia hasta el punto de devenir mixtificadores.
 
Tiene que ser, y lo es, una angustia vivir sobre la irrealidad de un presente no construido por la historia. El separatismo necesita anular la realidad verdaderamente histórica y acabar con cuanto la sustenta. Quizás por ello, cuando se les enfrenta con la verdad, se les pone tan mala cara: es la cara del vacío y del odio a la realidad y a cuantos vivimos en ella. Gravísima responsabilidad de quienes, desde sus responsabilidades en los ministerios competentes en materias de cultura, educación, etc. han tolerado la enseñanza y adiestramiento en esa historia irreal y falsaria de algunas comunidades que falsifican sus árboles genealógicos.
 
No se puede olvidar que las actuales aberraciones secesionistas han sido alimentadas por el sesgado desarrollo de la Constitución, en virtud de los intereses partidistas de cada momento. Y que, consecuentemente, la solución, si existe, no vendría fácilmente de la mano de una Nueva Constitución, ya que el consenso es irrepetible y las actitudes que lo hicieron posible también, por más que en su receta subyaciera el caldo de cultivo de la actual ponzoña desintegradora. Habrá que volver a estudiar la actual Constitución y corregirla o sustituirla, pero siempre quitando los ojos de intereses particulares y sin mirar a otra cosa que al Bien Común.
 
Si la amputación de un miembro gangrenado deja lisiado a un cuerpo, menos aún cabe considerar que se puede extirpar un miembro sano de la integridad de dicho cuerpo sin riesgo de generar un daño irreparable, tanto en el miembro extirpado como en el resto del cuerpo. Separar un miembro social y territorial de un cuerpo como la Nación española no sólo afecta a los ciudadanos catalanes o vascos sino también al conjunto de los ciudadanos españoles. Por tanto, los afectados, todos los ciudadanos españoles, tendríamos derecho a conocer y decidir, llegado el caso, si queremos que nos extirpen un miembro. Porque, en efecto, la separación de una parte daña a todos los españoles y en consecuencia, frente a la pretendida autodeterminación de una parte, somos todos quienes, como conjunto y miembros de un todo, deberíamos decidir en un eventual referéndum, para mayor vergüenza del socialismo, hoy por hoy legal.
 
Hace 25 siglos, Aristóteles reconocía que la democracia tuvo su origen en la creencia, para él errónea, de que siendo los hombres iguales en ciertos aspectos, lo somos iguales en todo (Cfr. Política v, 2, 2ª); y mucho más recientemente, el francés Henry Becque, afirmaba que “La democracia acaso deba entenderse así: los vicios de unos pocos puestos al alcance de todos”.
 
Sea nuestro actual Estado social y democrático de derecho llamado España, el fruto de un error o de un sistema viciado radicalmente, sometido, como víctima, al oportunismo y las veleidades sociopolíticas da cada partido y momento, es obvio que, en virtud de la misma democracia y del artículo arriba citado de nuestra Constitución (porque la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado) siempre sería España el sujeto político y soberano” y, por consiguiente seríamos todos los españoles, en conjunto, los sujetos del discutible derecho de decidir en lo tocante a la quiebra de nuestro proyecto de vida en común, resultado de unas contingencias históricas que forjan una realidad tangible e imperativa que constituye la herencia de nuestros padres que nosotros tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos.