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Con motivo del inicio del macrojuicio contra el magnate del aborto, Carlos Morín
Derecho a Vivir pide al Gobierno que acabe con el “coladero legal” del aborto del que se aprovechó Carlos Morín
En un sencillo acto a las puertas del Tribunal Supremo, voluntarios de Derecho a Vivir recuerdan a las miles de víctimas del empresario abortista en el día en que da comienzo el macrojuicio que ha destapado las cloacas del negocio abortista en España.
La portavoz de DAV, Blanca Escobar, reclama al Ejecutivo que la reforma de la ley del aborto «no permita la acción impune y mortífera de más ‘morines’».
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MADRID, 14 DE SEPTIEMBRE DE 2012.- Un grupo de voluntarios de Derecho a Vivir se ha manifestado en la Plaza de la Villa de París de Madrid, confluencia de las sedes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y el Consejo General del Poder Judicial, con motivo del inicio del macrojuicio contra el magnate de la industria abortista Carlos Morín y sus colaboradores. Con la boca sellada con un esparadrapo, simulando el silencio que padecieron las víctimas, los manifestantes alzaron su voz con carteles de Aborto Cero, recordando que el vientre materno debe ser una zona libre de pena de muerte.
Este acto se inscribe en una serie de movilizaciones previas a la III Marcha Internacional por la Vida que, bajo el lema “Por el Derecho a Vivir, Aborto Cero” tendrá lugar en Madrid el próximo 7 de octubre.
La investigación de la televisión danesa sobre el caso Morín, destapó el verdadero rostro de impunidad de la industria abortista en España desde 1985 y fue el detonante de la radical modificación de la ley del aborto patrocinada por la exministra Bibiana Aído.
Blanca Escobar, portavoz de Derecho a Vivir, denunció al final de la manifestación que en España «todavía hay cientos de “morines” que siguen practicando abortos acogiéndose a disposiciones legales que el actual Gobierno parece querer mantener» en la próxima modificación de la ley del Aborto. «El ministro de Justicia debe tener en cuenta que si recupera el supuesto despenalizador del aborto en caso de peligro psicológico para la madre tal y como estaba reflejado en la norma de 1985, antes o después nos encontraremos con nuevos ‘casos morín’ en los juzgados».
Del mismo modo, Escobar ha subrayado que el proceso contra Morín y sus cómplices «es la prueba palpable de que un aborto legal no constituye una garantía para la salud de las madres, como sostiene el mantra del feminismo radical». Hay que recordar que entre otros delitos, a Morín se le imputa haber usado como enfermeras de quirófano a señoras de la limpieza y que practicaba abortos a pesar de estar infectado con el VIH.
La Fiscalía pide para el abortista más de 300 años de prisión por realizar 115 abortos ilegales (unos 50 casos investigados más quedaron fuera del juicio tras aprobarse la ley Aído), en las que ha sido comprobada «la manipulación de contratos laborales, la falsificación de informes, los cambios fraudulentos de ecografías y las prácticas de abortos en fetos de avanzada edad de gestación con tal de seguir ganando dinero», puntualizó Blanca Escobar.
Manifestación paralela en Barcelona
Derecho a Vivir ha llevado a cabo esta mañana un acto similar a las puertas de la Audiencia Provincial de Barcelona donde se juzga a Morín.