Manuel Morillo, 18 de agosto.

"Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces" Este refrán, que recoge la experiencia de la sabiduría popular, es especialmente apropiado al comportamiento de la clase política dominante en nuestra nación, que se llena la boca hablando de derechos abstractos y substrae las libertades reales y los derechos inherentes a la dignidad de los ciudadanos de la calle.

No es en la ocasión excepcional sino en el día a día, en lo cotidiano, donde el ciudadano disfruta o padece el régimen jurídico que ampara o transgrede esos derechos y libertades.

Sin embargo la presión de "cultura dominante del sistema", con la connivencia de los mass media, nos impide ser conscientes de la constante vulneración de nuestros derechos, de nuestra dignidad, de nuestra prerrogativa a la intimidad...

Al ciudadano no le sirven las grandes declaraciones de derechos, si luego se quedan en el papel, sino el desarrollo diario de los mismos en las actividades cotidianas. Y es ahí donde los españoles somos constantemente zaheridos.

Uno de los fundamentos de un Estado de Derecho (liberal o no) es la presunción de inocencia, que implica que al ciudadano, por principio, no se le supone mala fe ni culpable de ningún delito, por lo que no tiene que ir demostrando su honradez.

Parece que es elemental el respeto a este principio y que la gente sería consciente de su conculcación. Sin embargo es vulnerado diariamente, sin grandes escándalos pero produciendo continuos trastornos en el devenir diario.

Así, como muestra, la gente ve con normalidad (¡!) la prohibición de aparcar delante de edificios públicos, "por razones de seguridad" se alega. Esto supone la consideración general de que cualquier conductor de ese automóvil es un presunto terrorista que va a colocar un coche bomba;

En los edificios de la administración pública guardias privados contratados (mientras guardias civiles y municipales, pagados con fondos públicos sirven de guardaespaldas a cantantes y famosos en conciertos o actividades que reportan beneficios a empresas privadas), sin ser siguiera agentes de la autoridad, vulneran nuestra intimidad hurgando nuestras carteras y bolsos y cacheando nuestros cuerpos.

Los actos en que intervienen autoridades producen un estado de excepción, con cortes de circulación, prohibición de accesos, controles ciudadanos, etc... que paralizan la actividad cotidiana de los ciudadanos del lugar.

Los ciudadanos pierden su derecho a la libre circulación en determinadas zonas y horarios, por su inseguridad, y si alguien es asaltado en ellas todavía es visto como un temerario imprudente, mientras las autoridades, que debieran garantizar la seguridad de los españoles en todo el territorio nacional, usan los medios, que pagan los contribuyentes, en asegurar de forma privilegiada a la clase dominante.

Mientras los auténticos terroristas editan diarios con publicidad de empresas públicas (cuyos directivos nombra el gobierno), mantienen asociaciones, sindicatos y partidos que reciben subvenciones de las administraciones públicas, son absueltos por tecnicismos legales en la obtención de pruebas que son concluyentes de su culpabilidad, etc...

Y los delincuentes, convictos y confesos disfrutan de reducciones de penas, medidas de reinserción, y demás subterfugios legales que hacen que vuelvan a estar en la calle cuando las víctimas de sus delitos todavía no se han repuesto de los mismos.

No entramos, puesto que haría interminable la descripción, ni en el campo del trabajo donde los asalariados ven perder todas sus conquistas sociales de generaciones, sus derechos laborales y el trabajo mismo, mientras los sindicatos y sus dirigentes, auténticos parásitos sociales, en componenda continua y al margen de los intereses sociales, viven a costa de los presupuestos, ni en las relaciones de prepotencia de la Administración sobre el administrado (que sin embargo es quien sostiene a la primera y a quien debiera servir), donde el abuso y el menosprecio son moneda corriente.

Y todo ello (tanto los abusos sobre los ciudadanos decentes, como los prerrogativas que disfrutan los delincuentes y terroristas) no por la fatalidad, sino en función de unas leyes, reglamentos y derroteros establecidos por unos políticos que pontifican sobre derechos pero que tiranizan a los ciudadanos mientras les engañan con la complicidad de los medios creadores de opinión publica.

Por lo menos, por dignidad, no debemos aceptar que lo corriente, lo que sucede repetidamente, nos parezca normal, de acuerdo al principio, y ser plenamente conscientes, de que a pesar de la reiteración, la mentira sigue siendo mentira, y que nuestros derechos, los reales y cotidianos, son constantemente vulnerados.