El Ayuntamiento de Zamora, gobernado por el PP, ha abierto la veda y ha dado una idea al resto de alcaldías españolas para aumentar unos recursos económicos que han sido previamente mermados por su propio partido. Se trata de cobrar a la Iglesia el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y la tasa de basuras.
La alcaldía de Valladolid y la de León, también del PP, están estudiando en este momento lo que pueden cobrar a la Iglesia. De diferente signo político pero con idéntico afán recaudatorio, en Soria se pretende también aumentar los beneficios de su alcaldía, regida por el PSOE.
Si bien, la alcaldía de Madrid, con Ana Botella al frente, sigue estando a favor de eximir este impuesto a la Iglesia, de la misma forma que no lo abonan otros edificios públicos. En otras ciudades, como en Santiago de Compostela y en Oviedo a iniciativa de IU, el PP ha rechazado los intentos de cobrar el IBI a la Iglesia. Y, otros municipios de Galicia están desistiendo al observar los problemas legales a los que se enfrentan debido a los acuerdos suscritos con la Santa Sede.
Aunque cuando estuvieron recientemente en el poder no se plantearon en ningún momento esta cuestión y haya sido el PP quien haya abierto la Caja de Pandora, el PSOE está trabajando mucho estos días en la posibilidad de cambiar los acuerdos establecidos con la Santa Sede para que sea posible cobrar tributos a la Iglesia.
La eliminación de la exención de abono del IBI por parte de la Iglesia está ahora en debate y lo estará en los próximos días. La organización Europa Laica y Cayo Lara, coordinador de IU, han recogido 33.000 firmas que han presentado en el Congreso para conseguir sus propósitos
Lo que parece que ningún partido político, ni PP, ni PSOE, ni IU se está planteando es el grave perjuicio que puede suponer para la acción social que realiza la Iglesia Católica, ahora más que nunca con la crisis, si se implantara una medida que gravara su economía. Si ahora no se llega a todas las personas que lo necesitan, es decir, no hay suficiente comida, ropa o dinero para atender a las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad, ¿qué pasaría si se reducen los ingresos destinados por la Iglesia para ayuda social mientras crece en paralelo el número de personas necesitadas? ¿Por qué a nadie le preocupa?
¿Cómo van a sobrevivir nuestros abarrotados comedores sociales, los locales parroquiales, los colegios y los templos? Y, lo que es todavía peor, ¿Dónde iría a parar el dinero recaudado por estos medios? Seguro que no se destinaría a fines benéficos ni sociales.
En conclusión, se podría solicitar en todo caso que sean los presupuestos del Estado los que se hagan cargo de las acciones sociales que hasta ahora ha realizado la iglesia de una manera gratuita: comida, ropa y ayuda psicológica de los más desfavorecidos.