La noticia sobre la sentencia judicial que ordena la retirada de crucifijos y otros símbolos religiosos de las aulas y espacios comunes de un colegio público de Valladolid demuestra hasta qué punto la persecución a la fe con la que se identifica la inmensa mayoría del pueblo español no es una cantinela hipocondríaca, sino una alarmante realidad. Y resulta especialmente preocupante porque no duda en manipular el fondo del asunto, exacerbando lugares comunes sobre la democracia y la libertad.

Según el magistrado, la presencia de estos símbolos sagrados “vulnera derechos fundamentales recogidos en la Constitución, los referentes a la igualdad y a la libertad de conciencia”. O sea, que la Carta Magna, que es papel mojado por ejemplo para que los separatistas puedan llevar sus reivindicaciones políticas donde quiera “la mayoría” de los vascos (y vascas), en cambio es una brújula infalible cuando de temas morales se trata; curioso concepto de las leyes.

El portavoz de la asociación que ha promovido esta fechoría indecente afirma, sin apenas ruborizarse, que la sentencia da la razón a la “higiene democrática”. De manera que poner a Cristo a proteger a los niños de nuestro país, rendir culto al símbolo de la religión mayoritaria en España desde hace quince siglos, es un detalle que indica “falta de higiene democrática”. Muy revelador también de lo que estos individuos piensan que es la democracia.

Si la ofensiva laicista de Zapatero necesitaba algo para convertirse en un acoso descarado y chulesco, alejado de toda razón y del más mínimo respeto a las creencias de la mayoría, era justamente el apoyo de la clase judicial, cada día peor valorada por los españoles, como indican todos los sondeos y encuestas. Como viene siendo frecuente, en vez de hacer Justicia en casos de flagrante desprecio a las leyes o de inaceptable chantaje a las instituciones, los tribunales se dedican a meterle el dedo en el ojo a la gente corriente con decisiones, como poco, inoportunas e innecesarias.

Ni se tiene más “higiene democrática” ni se protege ningún derecho por prohibir la presencia de crucifijos en un aula: al revés, se desprecia la historia y la cultura autóctonas, se ignora la tradición cristiana de nuestra patria, se atenta gravemente contra las familias católicas de los alumnos y, lo que es aún peor, se ofende a Nuestro Señor Jesucristo. Señor magistrado: en el pecado lleva usted la penitencia.

Lunes, 24 de noviembre de 2008.