Lo que ocurrió ayer en el juicio que se seguía contra Ibarreche y los socialistas Ares y López por haberse reunido con ETA, o sea con Otegui, resume a la perfección dos cosas: lo que es la política española (un estercolero moral en el que el odioso e irresoluble “tema vasco” lo emponzoña todo, inútilmente) y lo que es la justicia en España (un ente sin independencia, lacayo de cualquier poder político al que le convenga servir, por la razón que sea). Ah, y una tercera cosa: la habilidad de los separatismos periféricos para hacerse las víctimas siendo fundamentalmente verdugos.

El TSJPV archiva la causa por las conversaciones con Batasuna, pero no porque crea que no es delito conversar con unos asesinos, no. Es decir, ni siquiera entra en el fondo de la cuestión. La causa se archiva porque “no había acusación particular”, sino “sólo” acusación popular. Suponemos que los delincuentes (chorizos, narcotraficantes, criminales, mafiosos, etc.) estarán tomando buena nota, porque se abre para ellos un horizonte absolutamente paradisiaco: la Justicia, antes sólo ciega, ahora también está coja y manca.

Pero por si no fuera suficiente escarnio una decisión judicial tan sencillamente impresentable, ¿qué reacción ha tenido el principal beneficiado de ella? Lejos de mostrar arrepentimiento, alegría o hacer gala de un significativo silencio, Ibarreche ha salido a los medios para exigir al presidente del Tribunal responsabilidades “por la crisis que ha generado”. Es decir, que abrir un juicio oral para juzgar la reunión de dos partidos políticos con una banda de asesinos es “generar una crisis”. Imaginemos, pues, lo que será, en opinión de Ibarreche, dictar además una sentencia condenatoria.

Es todo terriblemente nauseabundo. El político separatista, Ibarreche o cualquier otro, se pasa la ley española por el arco del triunfo, y no hay otros partidos, ni otros dirigentes, ni asociaciones de jueces (que gocen de un miligramo de independencia) que tengan la decencia, la dignidad, de salir a la palestra y poner a estos individuos en el lugar que les corresponde. España, en la política y en la justicia, renuncia a la defensa cuando enfrente hay un enemigo suyo. Lo que llevamos haciendo desde la idílica Transición, con alto coste para la mayoría de los españoles.

El Foro de Ermua y Dignidad y Justicia ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Supremo el archivo de la causa. Un gesto encomiable y digno de aplauso que, por desgracia, no creemos que vaya a servir para mucho, dado el estado de putrefacción en que se encuentran las instituciones de nuestro país. Es de lo poco que va quedando en España: la gallardía y el coraje cívico de algunos grupos de ciudadanos que no se rinden, y que venderán caro este asalto constante, este latrocinio silencioso a nuestra vieja nación.

Martes, 13 de enero de 2008.