Teresa García-Noblejas

En vísperas de la campaña electoral, Profesionales por la Ética ofrece a los partidos políticos el documento Principios y propuestas para una educación en libertad, un documento de trabajo realizado por un equipo interdisciplinar de expertos a lo largo de los últimos meses.

El documento, en síntesis, propone una educación universal y de calidad, que haga real la igualdad de oportunidades y se fundamente en los siguientes principios:

• Principio de libertad ideológica. El Estado garantizará el derecho fundamental de los padres a educar a los hijos conforme a sus convicciones morales, pedagógicas e ideológicas. Evitará, por tanto, la introducción y obligatoriedad de cualquier contenido ideológico en el currículo escolar.
• Principio de vertebración nacional. El Estado garantizará la igualdad de oportunidades entre todas las personas en todo el territorio español, equidad de la inversión educativa en todas las comunidades autónomas, unidad en los temarios educativos y en los criterios de evaluación y promoción.
• Principio de unidad lingüística. El Estado garantizará el derecho de todos a ser educados en la lengua castellana, lengua oficial común a todos los españoles, sin que suponga una exclusión del desarrollo idiomático de las lenguas cooficiales.
• Principio de subsidiariedad. Las administraciones deben facilitar y favorecer el desarrollo de las iniciativas individuales e instituciones intermedias en el ámbito educativo, sin suplantar nunca sus derechos.

Según explica Jaime Urcelay «la mejora del sistema educativo solo es posible elaborando una nueva Ley Orgánica de Educación que, por su propia naturaleza, goce de una estabilidad imprescindible para que rinda sus frutos. Por ello es preciso que sea edificada desde unos principios coherentes y excluya cualquier pretensión de adoctrinamiento o utilización partidista o ideológica del sistema educativo. De ahí que el único destino posible para las asignaturas de Educación para la Ciudadanía sea su supresión, no su maquillaje o adulteración».

El documento incluye también la creación de centros de iniciativa social financiados en igualdad de condiciones que los centros de titularidad estatal y el desarrollo profesional y la movilidad de los profesores habilitando medidas que valoren su desempeño, su actualización profesional y otros factores que contribuyan a la excelencia educativa.