Francisco Torres García. Mienten sin recato quienes mantienen que la revisión del sistema de pensiones, impulsada por el gobierno, asumida por los sindicatos y consentida por la oposición popular, aunque por razón de estrategia electoral el PP busque eludir los efectos colaterales que en las urnas pudiera tener el acuerdo final, es una medida necesaria y obligada para hacer frente a la actual crisis económica, para dar un impulso a la economía española.

La realidad es que ni la reforma era necesaria ni obligada. Que por razones muy diversas todos hayan caído en la trampa o se hayan dejado seducir por el alarmismo de quienes, en función de las proyecciones demográficas o la imposición de los mercados, es algo que en nada afecta a la verdad. La revisión del sistema de pensiones estaba en la agenda económica de los partidos, del PP y del PSOE, desde hace tiempo, casi desde que se puso en marcha el Pacto de Toledo. En esa agenda de revisión estaba implícito abordar el tema del retraso de la edad legal de jubilación. No se puso en marcha antes debido al rejuvenecimiento de la población activa en el tramo 16-44 años por la llegada masiva de inmigrantes en la última década y por el constante aumento del número de cotizantes a la Seguridad Social en los años precedentes al derrumbe del empleo en España. El cambio de las variables dejaba sin argumentos a quienes ya hace una década decían que el sistema era inviable, que quedaría finiquitado en tal año, que no se podrían pagar las pensiones y que, por tanto, era necesario hacer ajustes.

La reforma del sistema de pensiones, el retraso de la edad de jubilación ni es producto de la crisis, ni es una decisión soberana. La razón del cambio no es producto del paquete de medidas que España necesita para reflotar su economía, ni va a contribuir a reducir de forma inmediata el déficit público, entre otras razones, si es que el gobierno tuviera razón, porque no entraría en vigor hasta 2013. Lo evidente es que los efectos, si es que realmente fueran decisorios, del cambio de modelo no se notarían hasta dentro de prácticamente dos décadas. Evidentemente el retraso de la edad de jubilación tampoco va a contribuir a combatir el paro y disminuir la dependencia. Todo lo contrario, porque hasta el año 2027 el mercado laboral notará los efectos de la permanencia en sus puestos de trabajo de quienes debían haberse jubilado a los 65 años bloqueando la entrada de nuevos trabajadores. Lo que significa, a poco que se aplique el sentido común, que habremos creado una situación de dependencia inversa que también implicará mayor gasto social.

Dejemos a un lado las excusas y ciñámonos a la realidad. El modelo español, como tantos otros, no cabía en el nuevo diseño europeo. Un diseño que lidera Alemania y en el que tal y como ha propuesto la Comisión Europea, sin que hayamos oído la queja y la oposición de los grandes partidos, PP y PSOE, la edad de jubilación se retrase hasta los 70 años por efecto del envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida. La propuesta de la Comisión Europea era proceder a una adecuación escalonada. El problema es que la mayor parte de los países de la UE tienen fijada la edad legal de jubilación en los 65 años (Italia, Bélgica, Austria…), en algunos países del Este es inferior y en el caso de Francia estaba en 60 años. Cierto es que para alcanzar jubilaciones del 100% se precisaban, en algunos casos, un número de años de cotización que reducían en un porcentaje pequeño dichas jubilaciones.

El cambio del sistema es una imposición que ha realizado una Alemania dispuesta a convertirse en la directora económica de la UE con el apoyo de la Francia de Sarkozy, aunque la reforma francesa sólo haya tocado levemente la edad de jubilación llevándola de los 60 años impuestos por Mitterrand a los 62 (aunque estableciendo que para acceder a dicha jubilación con el 100% del salario se requirieran 41.8 años de cotización lo que, en realidad, la amplia algo más). Con media Europa en dificultades, con muchísimos países de la zona euro implicados en la devaluación interna (caída de salarios y elevación de precios) lo que Alemania está planteando es la subordinación de todas las economías al modelo alemán, dejando a un lado el hecho de que la mayor parte de los países ni son Alemania, ni tienen las condiciones de Alemania, ni parten de los mismos niveles salariales y de protección social: ¿o es que las pensiones alemanas tienen los mismos niveles que las españolas? ¿o es que los salarios alemanes son iguales que los españoles?

Alemania necesita, para evitar la contestación social, que muchos países secunden su proyecto socioeconómico. Ésta es la clave de la cuestión. Y la presión surte efecto con los más débiles. De ahí que José Luis Rodríguez Zapatero se presentara como un bocadito tierno para la canciller teutona: Alemania apoyará las maniobras financieras de España si España secunda sus reformas para no quedarse sola. Entre las reformas figuran: la ampliación de la edad legal de jubilación a los 67, primer paso para llegar después a los setenta, y cambiar el modelo que vincula los salarios a la subida del IPC para mantenerlos bajos en un tiempo en el que el crecimiento de los precios será ascendente. Para demostrar que España está dispuesta a ser la primera en el nuevo mapa social, el acuerdo alcanzado por el gobierno, la Comisión del Pacto de Toledo, los sindicatos y los empresarios, por la famosa mesa de negociación, adelanta en dos años a Alemania en la implantación del nuevo modelo. Alemania cerrará el periodo transitorio en el 2029 y España en el 2027. No sólo eso, según parece también están todos los implicados en el pacto en incluir una cláusula de revisión de la edad mínima de jubilación que se realizará cada cinco años, en consonancia con la directriz europea de llegar a los setenta años.

Así pues ni el acuerdo tiene como objetivo real garantizar el sistema ni combatir la crisis económica. Recordemos, porque a menudo se olvida, que el futuro del sistema de pensiones depende directamente de los ingresos y del empleo que en cada momento se de y de los índices de natalidad. Un gobierno, unos sindicatos y unos partidos realmente sociales lo que tienen que plantearse es cómo incrementar los ingresos y no cómo reducir los gastos; cómo apoyar la vida y no como financiar la muerte (en este punto Zapatero y los reunidos han prescindido del ejemplo alemán). El problema es que a todos parece interesarles más repartir miseria y dejar el bienestar en manos de compañías privadas o lo que es lo mismo: pensiones mínimas y bienestar para el que pueda pagarlo.