Miguel Massanet Bosch. A la alcaldesa de Barcelona nadie le puede negar que, el haber conseguido alcanzar el puesto que la ha sentado en la poltrona municipal, la ha hecho retornar a su más tierna infancia; no sólo por las demostraciones de inmensa alegría con las que demuestra lo a gusto que se halla pudiendo disponer a su antojo, haciendo y deshaciendo, mandando y ordenando, legislando y olvidándose de aceptar lo legislado, sino por el achicamiento de sus capacidades, el enanismo de sus disposiciones y la frivolidad e infantilidad con la que se ha atrevido a tratar los graves asuntos y los difíciles temas que afectan a una ciudad de las dimensiones y población de la ciudad de los Condes de Barcelona.

Claro que sólo a un descerebrado se le ocurriría pensar que, una señora, como Ada Colau, cuya única experiencia ha sido el participar ( eso sí con insistencia y en numerosas ocasiones ) en manifestaciones callejeras, en algaradas y enfrentamientos con las fuerzas del orden y en reuniones con otros activistas y antisistemas del resto de Europa o el haber presidido una asociación de agitadores, para impedir que la Justicia pudiera llevar a cabo las órdenes de desalojo de los jueces, infringiendo las leyes o haber tenido el honor de haber sido arrastrada por los suelos cuando se ha negado a dejar expedito el paso a las fuerzas del orden; resulte que ahora, por los azares del destino, estos mismos mossos y policías judiciales, se encuentren bajo su autoridad, dependiendo de ella y, lo que todavía resulta peor, expuestos a las humillaciones (no sabemos si por venganza o por su vena revolucionaria), que les está inflingiendo cuando empezó por disolver los grupos antidisturbios, seguramente porque a su entender los disturbios debían ser respetados y que, para reparar los daños, ya estaba el Ayuntamiento que, con los tributos recaudados de los ciudadanos, se ocuparía de subsanarlos para que estuvieran, otra vez, a disposición de los salvajes para que pudieran, de nuevo, ensañarse con ellos, si les apetecía.

Y es que, el cariño que la señora Colau siente por los okupas, antisistemas, progres , vándalos destrozadores de escaparates y mobiliario urbano y terroristas cafres que no dudan a enfrentarse, con toda clase de objetos y armas de fabricación casera, a las fuerzas del orden que, ante esta avalancha de energúmenos, se ven en el trance de escoger entre cargar contra ellos y utilizar sus medios disuasorios, exponiéndose a que, si se lesiona a alguno, se presenten las correspondientes denuncias ( debidamente fotografiadas y filmadas) acusando a los policías de “brutalidad” y “abuso de fuerza” o, como parece que ya han decidido hacer, permanecer pasivos, aguantando el chaparrón de insultos y amenazas sin tomar medida alguna. En este caso se llega a la vergonzosa situación de que, después de cinco o seis días de alborotos y algaradas callejeras, con destrozos importantes, la policía no haya detenido ni a uno de estos depredadores pertenecientes al lumpen de la ciudad.

Estos señores de la CUP, que tienen representación en las bancadas del Ayuntamiento de Barcelona, al mismo tiempo forman parte de todos estos grupos antisistema, que pretenden convertir las calles de la ciudad en intransitables para los ciudadanos, impidiéndoles ejercer su derecho a poder circular con tranquilidad y seguridad para dirigirse a sus destinos, sin quedar expuestos a que una pandilla de facinerosos les ataque, ponga en peligro la integridad de su familia o le impida la libertad de poder deambular por donde les venga en gana sin temer verse envueltos en una batalla callejera. Alguien del grupo municipal de CIU ha tenido que reconocer que “Barcelona presenta signos de degradación”, “Una ciudad parada, con terrazas clausuradas, y la policía desautorizada. Y la que las cosas “en común” que se hacen son: una fiesta masiva en el metro y practicar sexo en la estación del Liceu” Hace ya un año que la señora Colau asumió su cargo y se puede decir, sin temor a equivocarse, que ha sido el “anno terribilis” para la ciudad, para sus comerciantes, para el turismo y para los derechos de la ciudadanía, gravemente afectados por las decisiones de una alcaldesa que ya advirtió que “las leyes que no le parecieran bien dejaría de cumplirlas”. De hecho ya ha tenido que rectificar en muchas ocasiones en las que, los perjudicados, han recurrido a la ley y obtenido su amparo, revocando las decisiones municipales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, últimamente, ya se ha pronunciado ante una reclamación del dueño de un piso alquilado a turistas, al que le habían obligado a cancelar el andamiento por el sólo hecho de alquilarlo a extranjeros por unos días.

La resolución del alto tribunal ha sido tajante, dándole la razón al demandante y advirtiendo de la ilegalidad que supone el obligar a cancelar un arrendamiento sin que existan pruebas fehacientes y abrumadoras de que, en dicha morada, se producen escándalos de suficiente magnitud para generar molestias importantes y continuadas al vecindario. Pero la señora Colau no se arredra ante nada y, aparte de impedir que se arreste a los gamberros del “banco expropiado” intentó, (aunque luego, ante el fracaso del intento, lo han negado) comprarle el local objeto de las algaradas que han tenido lugar durante los pasados días, a su propietario, para ponerlo a disposición de los expropiados. El dueño del inmueble pidió medio millón de euros (según él con ello no ganaba nada y sólo hacía que recuperar lo que le costó) una cantidad que el Ayuntamiento encontró excesiva. Pero la alcaldesa no se ha desanimado y, demostrando su instinto “maternal” para esta “pobre” gente, que no son viejos ni impedidos para trabajar, está gestionando con la promotora de Sareb la compra de otro bloque de cuatro plantas y doce pisos para incrementar el parque de viviendas sociales de Hostafrans; como no podía ser menos este bloque también está usurpado por intrusos que se apoderaron de él por el simple hecho de entrar por la brava.

Por lo visto el dinero de nuestros impuestos no sirve para mejorar los servicios para la ciudadanía sino para darles vivienda a un grupo de golfos, vagos y peligrosos para calmarlos, en lugar de detenerlos. Si ya nos extraña que la Sareb se deje chantajear por el Ayuntamiento y no haya iniciado el correspondiente procedimiento para declarar ilegal la ocupación y efectuar el lanzamiento de sus ocupantes; lo que más nos llama la atención es que se permita a un organismo público que, valiéndose de su posición de autoridad sobre la ciudadanía, se atribuya facultades de las que carece y emplee procedimientos evidentemente impropios e ilegales para despojar del uso a los propietarios de los edificios ocupados; como también es el caso de hacer pagar impuestos por mantenerlos desocupados o multas si la desocupación se prolonga en el tiempo. La Constitución es nítida en cuanto al procedimiento necesario para la expropiación por razón de utilidad pública y quienes son los que pueden llevar a cabo la propuesta correspondiente. La compleja jurisprudencia y legislación complementaria al Art. 33.1 de la Constitución ha dado lugar a las siguientes aclaraciones: “La expropiación forzosa se constituye así en la transmisión imperativa de los derechos e intereses patrimoniales legítimos por causa de utilidad pública o interés social de una persona que debe recibir, a cambio, la justa indemnización que pudiera corresponderle por los daños y perjuicios sufridos” ; completada respecto al tema de la compensación con la siguiente aclaración: “ la indemnización por la expropiación debe corresponderse con el valor económico del bien objeto de expropiación, siendo por ello preciso que entre éste y la cuantía de la indemnización exista un equilibrio proporcional con el daño expropiado y su reparación.

Existe ya una doctrina consolidada del justiprecio como valor de sustitución que puede incluso ser superior al precio de mercado y que tiene en cuenta el impacto subjetivo de la privación del bien para el sujeto expropiado.”. Es evidente que las normas administrativas dictadas por el Ayuntamiento de Barcelona se han dejado en el tintero algunos de los derechos de los ciudadanos para ser desposeídos, por causa de utilidad pública de sus inmuebles. El caso del suelo es distinto y merece consideraciones aparte, que no vienen al caso. O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, resulta incomprensible que se permita al Ayuntamiento que tome iniciativas que, al menos, tienen apariencias más que evidentes de estar incumpliendo la normativa vigente. No debiera de extrañarnos que el Cataluña pueda suceder esto ya que, desde el mismo Parlamento autonómico, ya se declaró formalmente que el recorrido hacia la independencia requeriría que las leyes estatales dejaran de ser tenidas en cuenta en Cataluña. ¿Nadie tendrá la iniciativa de evitar que esto suceda? ¿Las resoluciones del TC sobre la ilegalidad de las leyes que, no obstante, se siguen elaborando por la Generalitat, consciente de que son ilegales, no podrían ser detenidas por el mismo TC, dada la nueva normativa que facilita que el propio tribunal exija el cumplimiento de sus decisiones? Si, por miedo a la reacción de una parte de la ciudadanía catalana o por el temor a que los partidos independentistas se rebelen, se deja de hacer cumplir las normas, entonces, señores, es evidente que nos encontramos ante una situación de desgobierno total, harto peligrosa.