Daniel Ponce Alegre.

Diplomado en Seguridad y Defensa - UNED.

Un mural, tal y como se ve en la imagen, reclamando " la libertad de los presos políticos " ha sido no sólo autorizado sino también promovido por el Ayuntamiento de Valencia en terrenos de su propiedad, y también de propiedad autonómica tras ser adquiridos a precio de saldo, casi expropiados, a la Compañía de Jesús de la Provincia Eclesiástica Valentina.

El mural ha sido realizado por la misma empresa que hace al Alcalde Ribó, a la Vicepresidenta Oltra y al Partido nacionalsocialista, pancatalanista y  LGTBI Compromís sus carteles publicitarios, así como a otros partidos políticos de la órbita radical de izquierdas, socialistas y nacionalistas, y promotores del movimiento de Género - LGTBI y de las acciones subversivas sociales e independentistas promovidas por la Red de George Soros, la Open Society Fundation, y más en concreto Amnistía Internacional, que también apoyó a Rodrigo Lanza, el agresor de un Guardia Urbano de Barcelona, al que dejó tetrapléjico, y por lo que cumplió 5 años de prisión, tras lo cual asesinó a un hombre por llevar uynos tirantes con la bandera de España.

http://www.diarioya.es/content/manual-de-subversi%C3%B3n-contra-espa%C3%... )

La Presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Consuelo Ordóñez, ha pedido que se borre " este vergonzoso mural " del solar de los Jesuítas. En el mural, se puede leer: " libertad para los jóvenes de Alsasua " en euskera y " libertad para los presos políticos en valenciano ".

El Comité de Víctimas del Terrorismo ( Covite ) lamentó profundamente que el Alcalde Joan Ribó " permitiera la cesión de espacios públicos para la realización de un mural de grandes dimensiones a favor de condenados por la agresión de Alsasua a dos guardias civiles y sus respectivas parejas ".

Y añadió: " Las discrepancias con una sentencia judicial no pueden ser la coartada para lanzar mensajes que inciten al odio, a la impunidad de la violencia y que apoyen a los agresores de cuatro personas a las que nadie prestó ayuda en medio de un linchamiento público. Que una Institución Pública esté dispuesta a financiar y a promover este tipo de mensajes demuestra una falta total de solidaridad con las víctimas y supone un ataque contra los valores más básicos de la democracia ".