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La incompatibilidad entre el bien Común y el bien particular de los políticos
El bien común y el bien de los políticos
Pedro Sáez Martínez de Ubago. Recientemente hemos tenido conocimiento se sendas noticias, del 13 y 16 de este mes que, si, por separado, podrían entrañar una poco acertada decisión política, en conjunto y en el contexto de crisis económica y moral que nos asola, no hacen sino ahondar la zanja que separa a los cargos políticos de quienes con fruición masoquista o contumaz ignorancia de cuanto implica optar por el mal menor o por el denominado “voto útil” persisten en votarles.
La primera de las noticias tenía su origen el jueves 13, en el Congreso de los Diputados, donde PSOE y UPyD se oponían a que Amaiur estampe su firma en el anunciado recurso conjunto que todos los grupos de la oposición presentarán ante el Tribunal Constitucional, en contra de la no actualización de las pensiones, lo que quiebra el consenso de esta iniciativa acordada el miércoles 12 de presentar un recurso de inconstitucionalidad en contra del decreto ley del Gobierno sobre las pensiones, convalidado este jueves en el pleno del Congreso. Una iniciativa conjunta inusual hasta ahora en el Parlamento.
Y cuando ya se había convocado a la prensa para escenificar el acuerdo, surgió la discrepancia al decir el grupo socialista el PSOE que no estaba dispuesto a figurar junto a Amaiur, decisión secundada a toro pasado por el grupo de UPyD.
Ante tan desgraciada afirmación de individualismo de los citados partidos, ERC, que forma parte del grupo mixto junto a Amaiur y otras fuerzas políticas más, se negó a participar en ese "vodevil", en palabras de su diputado Joan Tardá, que dejó claro que tampoco secundará el recurso. Qué bien le vino esto al diputado de Amaiur Xabier Errekondo para denunciar la "carencia democrática" que supone su exclusión, con la que -cito- se impide "a una mayoría social de Euskal Herria" defender los derechos de los pensionistas.
Todos sabemos que la decisión de recortar el poder adquisitivo de los perceptores de pensiones es algo que viene impuesto por la UE para ayudar económicamente, aunque no se le llame “rescate”, a una mendicante España. Y, para quien esto firma es demasiada casualidad que se encarnizaran con AMAIUR el PSOE del caso Faisán, Rosa Díez la numantina paladín socialista del infame pacto de Estella y la ERC cuyas filas presidía y milita el Conseller en Cap que se entrevistó en Perpiñán con los asesinos de ETA, a los que tan afín es AMAIUR.
¿A qué se puede deber tal desdecirse de estos partidos en menos de 24 horas de tomado el acuerdo? Quizá no resultara descabellado especular con la posibilidad de que PSOE y UPyD han aprovechado la presencia de AMAIUR en un pacto socialmente justo –como podrían haber aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid- para afirmar la “independencia” y los intereses de los partidos por encima del Bien Común, con el propósito de no desagradar a quienes desde la Eurocámara, junto con la Comisión Europea y el Consejo de la Unión Europea ejercen la función legislativa en la UE. Una UE a la que tampoco interesa incomodar a los radicales de ERC ahora que aspiran a una Cataluña no española pero integrada en la Unión Europea.
Si, para servir a los intereses del partido, fuerzas políticas que, como PSOE, UPyD o ERC, tanto se llenan la boca hablando de bienestar y justicia social, tienen que condenar a pasar hambre a los más débiles de la sociedad, que suelen ser los perceptores de una pensión, quedaría claro lo que muchos ya denunciábamos: la incompatibilidad entre el Bien Común y el bien particular de los políticos.
Pero hablaba al principio de dos noticias. Y, si para muestra basta un botón, como el hasta aquí denunciado, veamos el segundo que reafirmaría la incompatibilidad entre el Bien Común y el bien de los partidos.
Una sublevación de cargos locales de PP y PSOE, en estos momentos en que too es hablar de recortes, reajustes, EREs, etc. ha logrado este domingo frenar la reforma de la administración local que pretendía el Gobierno. Es decir, por un día, a la hora de defender sus propios intereses, sus bolsillos, sus prevendas, dietas y demás momios, populares y socialistas, incapaces de pactar una política de Estado como la que ahora necesita España, incapaces de acordar la renovación de un Tribunal Constitucional o un Consejo de Radiotelevisión Española, sí son capaces de ponerse de acuerdo, en la nación de los más de 485.000 políticos.
¿Y qué han hecho, ante esta sedición, los responsables Populares, tan defensores, cuando conviene, lo mismo que los socialistas de la disciplina de partido o de que el que se mueva no salga en la foto? Absolutamente nada. Así queda claro que, a la hora de barrer para casa, los alcaldes y concejales de ambos partidos se entienden entre sí mejor que con las ejecutivas nacionales de sus partidos.
La sintonía entre los alcaldes de PP y PSOE ha logrado frenar la reforma de la administración local que pretendía el Gobierno. Los regidores de ambos partidos se entienden mejor, no en vano tienen intereses comunes, que los gobernantes populares con los representantes del Ejecutivo aunque pertenezcan al mismo partido.
Esta complicidad de puntos de vista ha conseguido parar el proyecto de Administraciones Públicas de reducir en un 30% el número de concejales y suprimir cerca de 4.000 ayuntamientos de pequeñas poblaciones. La reforma de la administración municipal, que podría haber sido el primer acuerdo de Estado que pacten PP y PSOE en esta legislatura, y que Mariano Rajoy prometió hace un año en su discurso de investidura la reforma de la administración en todos sus ámbitos, y la local es una de las más importantes por su tamaño y por el ahorro que puede acarrear, y podría ser el primer paso de la gran reforma que tiene pendiente España y no es otra que la reforma o supresión del modelo autonómico.
Ahora Populares, socialistas y la FEMP confían en tener cerrada una propuesta a fin de año para que el Gobierno la estudie y la incorpore a la reforma de la ley de Bases de Régimen Local. El Consejo de Ministros pretende aprobar el proyecto en enero para que se tramite en el Congreso a lo largo del próximo año y entre en vigor en 2014, pero mientras tanto, aquí lo que prevalece y triunfa es el egoísmo y la avaricia de la llamada “clase política”, dando la razón a lo que, en su día afirmara Jaime Balmes: “Lo que llaman pasiones políticas suelen ser pasiones comunes”.