Pedro Saez Martínez de Ubago. Este 23 de febrero el Congreso de Diputados ha vuelto a ser escenario de una jornada histórica, que  podría quedar escrita con el rojo de la sangre en las páginas de la historia de España. La jornada en que, con los 326 votos de PP, PSOE, CiU, PNV, UPN, CC, Foro Asturias, IU, ICV-EUiA y CHA, se aprobó un documento en el que, sin hablar de la ilegalización de los asesinos de ETA y su entorno, Bildu, Amaiur, Geroa Bai y demás hijos de Sabino, se defiende que el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA es una victoria de los demócratas, que reclama la disolución definitiva e incondicional de la banda terrorista y que anima a favorecer los esfuerzos hacia una convivencia social construida sobre los principios y valores en que se sustenta el Estado de Derecho.
Algo así constituye una especial traición al electorado del PP y de UPN, partidos que llevaban en su programa la eliminación de la banda y la ilegalización de sus brazos políticos, el cumplimiento íntegro de las condenas, el endurecimiento de éstas, el respeto a las víctimas del terrorismo y su reconocimiento y dignidad, el mantenimiento de la entidad de la Comunidad Foral de Navarra y todo lo que implica mantener la firmeza del Estado de Derecho en la aplicación de la ley, la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad y la cooperación internacional, cooperación que, con semejante acuerdo, se ve más reflejada en la Pantomima de Ayete del pasado octubre que en los motivos por los cuales recientemente se impuso el Toisón de Oro al presidente Sarkozy.
¿Qué convivencia social ni que democracia puede cimentarse en la ley de la selva de un atajo de pistoleros cuyas atrocidades parecen quedar impunes y la caterva de rufianes que les apoyan? ¿Qué justicia ampara en España a las víctimas frente a los delincuentes? ¿Qué estado de derecho puede levantarse sobre la burla la ofensa y el descrédito a sus cuerpos de seguridad y sus fuerzas armadas, a quienes el artículo 8 de la Constitución impone “como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional”? ¿Qué dignidad le queda a la Corona si, según los artículos 56 y 61 de la Constitución: “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las Leyes”; y “El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las Leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas”? Son algunas de las cuestiones que a partir de tal hecho cabe plantearse muy seria y desgraciadamente.
Pero el esperpento de esta corte de los milagros no quedó allí. Por un lado, la izquierda nacionalista vasca (Amaiur y Geroa Bai no se ha visto del todo satisfecha y se ha limitado a reconocer que el acuerdo parlamentario para la gestión del final de ETA supone «un paso» del PP, ya que por primera vez los populares «reconocen públicamente el carácter político del conflicto», pero han vuelto a descalificar su contenido, denunciando por boca de  Maribi Ugarteburu y Joseba Permach que es un texto excluyente que no aborda la raíz del conflicto ni una solución integral al mismo; y por otro lado los españoles hemos tenido que padecer la obscena burla de que Rosa Díez y su partido UPyD fueran, como Sagunto, Cádiz, Numancia, Zaragoza o San Marcial, los cantores de la invicta arrogancia de la afligida España. Cuando pocos políticos están menos autorizados para eso.
Ahora, que la señora Díez, cuyo apoyo a ETA le llevó a enfrentarse con Nicolás Redondo Terreros o merecer la burla de Mingote, puede parecer campear en un nuevo Bavieca en la defensa de España, convendría recordar que ella fue la única integrante de la ejecutiva de los socialistas vascos en oponerse a que el partido abandonara el acuerdo de gobierno que tenía con el PNV después del Pacto de Estella; o bien que durante los siete años que fue consejera del gobierno vasco no asistió a ningún funeral de ninguna víctima de ETA, lo que moralmente viene a ponerle a la altura del obispo Setién, quien, hasta que concelebró el de Gregorio Ordóñez, se negaba a hacerlo.
Atestiguando la Historia lo mucho que, por intereses espurios, se traiciona, perjura y engaña en política, nunca se puede asegurar dónde ni cómo acabará tamaño desafuero, aunque -duro es decirlo- los únicos que parecen mantener sus fines y principios son los etarras y sus amigos. Por ello a todos los presentes en el hemiciclo se les puede aplicar las palabras de George Saville, marqués de Halifax: “el mejor de los partidos políticos no es otra cosa que una especie de conspiración contra el resto de la nación”.
PEDRO SÁEZ MARTÍNEZ DE UBAGO