José Morales Martín. El pasado día 20, el consejero de Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, Joan Saura, reclamó a los magistrados de Tribunal Constitucional (TC) que presenten su dimisión para favorecer su renovación. Hizo esta petición al tiempo que deslegitimaba al TC para dictar la sentencia pendiente sobre el Estatuto de Cataluña.

 Y es que los ataques desde el tripartito catalán al TC son los más graves que ha recibido una institución del Estado en la historia democrática. Sin embargo, tengo la sensación, no sólo de que se reiteran sin límite alguno, sino que no encuentran respuestas contundentes del Gobierno central. Sí en la presidencia de la Generalitat, cierto que Montilla ha desautorizado a Saura pero esa desautorización, sin embargo, suena hueca después de que fuera el mismo Montilla, semanas atrás, quien presionara al TC para dictar una sentencia favorable al Estatuto. También es cierto que el TC está incurriendo en una dilación inaceptable de sus funciones, pero lo que plantea Saura nada tiene que ver con una protesta por los plazos de la decisión, sino con una ataque a la jerarquía del TC en la interpretación y defensa de la Constitución. Realmente, Saura propugna la sustitución de la Constitución por el Estatuto.

 Estos aliados de Rodríguez Zapatero son los que verdaderamente hacen daño al Estado, y no la oposición que pregunta y controla legítimamente a su Gobierno en el Parlamento. En este contexto tal vez sea conveniente recordar que el PSOE se ha negado a cubrir la vacante del fallecido Roberto García Calvo con otro magistrado propuesto por el PP -como era la costumbre- y a negociar en el Senado, donde el PP tiene mayoría, los otros cuatro candidatos. ¿No es el PSOE el interesado en mantener esta situación? Como para no creer en ninguna institución, menos aún en la que sus dirigentes actúan de manera tan descarada a espaldas de la Constitución. Pienso que estas coacciones al TC son inaceptables.