Redacción Madrid. 4 de marzo.

El ex consejero de Gobernación de la Comunidad de Madrid Virgilio Cano, que en 1983 puso en marcha el servicio de seguridad autonómico, afirmó hoy que el equipo de profesionales encargado de estas tareas no hacía ni "contraviligencia, ni seguimiento de ninguna persona, ni tenían medios naturales para hacerlo, ni por supuesto ningún tipo de espionaje".

   Cano, que fue el primer invitado a comparecer a la comisión de investigación sobre el espionaje de la Asamblea de Madrid a petición del Partido Popular, anunció "taxativamente" que el equipo creado entonces se dedicaba a la "vigilancia y control de acceso a edificios, protección civil y coordinación de policías locales" y "jamás hubo un informe, parte, comunicación u nota de una cosa que no tuviera que ver con las competencias".

   "Con las naturales limitaciones fruto del tiempo transcurrido", Cano explicó que el nacimiento del servicio de seguridad parte en realidad del nacimiento de las competencias autonómicas en materia de seguridad en edificios, protección civil y bomberos en 1983, con la Ley de coordinación de policías locales y vigilancia de edificios de la Comunidad.

   Explicó que el servicio se inició con 36 miembros, cifra que se mantuvo igual durante las tres legislaturas de gobierno socialista. "Se acordó una ley de coordinación de policías locales, por unanimidad de todos los grupos, con el planteamiento explícito de que ni tenía competencias ni voluntad política de hacer el desarrollo de una policía autonómica, puesto que las competencias siguen siendo prevencionistas y no de seguridad ciudadana", planteó.

   Por ello, Cano destacó la "evolución" aparente de las competencias de la Comunidad. "Nosotros las ejercitamos siempre al servicio de la protección ciudadana (...) Me alegro de que haya ido evolucionando y se hayan ido ampliando las competencias de esta casa", dijo.

   Tras comparecer ante los portavoces de los grupos, el ex consejero socialista se mostró "sorprendido" de que haya sido llamado para dar explicaciones a este órgano, pero consideró que debía acudir a la Cámara autonómica por su "obligación como ciudadano", aunque destacó que en su alocución se ciñó a su gestión, pero se abstuvo de dar opiniones. "Ha servido para dejar meridianamente claro que en la época de Leguina no se espiaba a nadie ni se seguía a nadie desde la Comunidad de Madrid", mantuvo.

   Frente al PP, que intentaba demostrar con esta comparecencia que las tareas de seguridad llevadas a cabo por la Comunidad de Madrid nacieron bajo el Gobierno socialista de Joaquín Leguina, la oposición defendió que los espionajes que se han desarrollado ahora bajo el mandato del consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, no entran dentro de las competencias legalmente establecidas.

   De este modo, el diputado socialista Adolfo Navarro destacó las "palpables diferencias" entre las tareas del servicio de seguridad y los recursos de entonces frente a los actuales, y preguntó a Cano si "había motos de baja o alta cilindrada y cámaras fotográficas", tales como las que supuestamente compró el departamento de Granados, según publica hoy 'El País'.

   "No eran necesarios medios para una competencia que no teníamos ni en la letra de la ley ni en la voluntad", explicó, al tiempo que añadió que bajo su gestión no se hizo "nada que no fuera estar en la sede de la Comunidad haciendo el control de acceso". "No sé si había algún coche... pero ningún despliegue de medios. Eso seguro". Seguimientos y espionajes "no se hubieran podido hacer, nunca alentado ni autorizado" y añadió: "Nunca la tentación de adquirir información".

"CON LAS MANOS ATADAS"

   El diputado de IU, Miguel Reneses, destacó que la oposición acude a esta comisión de investigación "con las manos atadas". "Pero vamos a intentar revelarnos a ese destino y hacer nuestro trabajo en este lamentable e impresentable asunto. Nosotros no hemos pedido su comparecencia porque no tiene nada que ver, es ignominioso que se le haya hecho comparecer", dijo a Cano y concluyó: "Comparecencias como la suya sirven de coartada al gobierno de Esperanza Aguirre".

   El portavoz del PP en la Cámara de Vallecas, David Pérez, defendió por su parte que el servicio de seguridad no ha sido creado bajo la responsabilidad del actual consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, sino que éste lo heredó con "con equipo y funciones". Además, destacó que ha regularizado su actividad y realiza labores de vigilancia de edificios y apoyo al Ministerio del Interior.

   Así, Pérez explicó que el origen del cuerpo de seguridad se encuentra en 1985 cuando se creó el plan de seguridad de edificios. Posteriormente, en enero de 1987 se convocaron 50 plazas para policías locales de las que se cubrieron 14 y en 1991 hubo una segunda convocatoria para 36 nuevas plazas, según aseguró el portavoz popular.

   Pérez señaló que en 1987 se permitió llevar armas a los miembros de este equipo, lo cual "aporta un carácter policial a este cuerpo", y posteriormente, se creó " el uniforme y la insignia" para el cuerpo, dándole "un carácter armado". Asimismo, apuntó que en 1992, se crearon 10 plazas más para vigilantes. "Se pone de manifiesto que este servicio no ha podido ser creado por el consejero de Presidencia, Justicia e Interiro (Francisco Granados), que lo hereda con equipo y funciones", insistió y destacó que en esta última convocatoria de 1992 estaba José Manuel Pinto, llamado a comparecer en la comisión de investigación.

REACCIONES

   Tras la comparecencia, Pérez dijo que la intervención de Cano ha servido para poner de manifiesto el origen de la creación de este cuerpo y "cómo se le va dotando de personas, de armas mediante un acuerdo firmado con Virgilio Cano". Además dijo que en los convenios de personal de aquel momento "se hablaba de vigilancia de personas" y destacó que la documentación entregada a los grupos demuestra que en "aquel periodo se contemplaba la función de vigilancia de personas mediante la utilización también de armas".

   Por su parte, la portavoz socialista que los documentos entregados a los grupos parlamentarios la vigilancia de personas solo estaba contemplada en el convenio colectivo 2004-7 y en ningún documento anterior. Asimismo, destacó que el hecho de que Granados diga que las cámaras fotográficas eran usadas para hacer fotografías desde los helicópteros de las BESCAM es un "insulto a la inteligencia de los ciduadanos".