Este miércoles 22 de febrero se ha producido en el Senado español uno de esos rarísimos consensos a que se llega del ciento al viento entre todos los grupos cuyos representantes acordaron por unanimidad reformar el Senado antes del verano de 2013. Esto, en sí, no tendría mayor importancia, las instituciones deben evolucionar acordemente con la sociedad y la sociedad española de 2012 no es igual que la de la segunda mitad de los años de 1970. Por poner una fecha más concreta, podría decirse de 1978, año en que se aprobó la vigente Constitución.
Lo grave de que en esta legislatura, con el popular Pío García Escudero, como presidente del Senado a la cabeza, todos los grupos, populares, socialistas, regionalistas, nacionalistas y otros más personalistas que otra cosa, como UPyD, están empeñados en reformar por fin la Cámara Alta, más que nada movidos impopularidad de ésta y la alta abstención y voto en blanco que, en comparación con el Congreso, han obtenido los candidatos al senado de los distintos partidos en la pasadas elecciones generales.
Así el apoyo unánime que el pleno de la denominada Cámara Alta ha dado para la creación de una ponencia que, para junio de 2013, tendrá que emitir un informe con "las reformas precisas para reforzar las funciones del Senado como Cámara de representación territorial", no se fundamenta tanto en adecuar dicha cámara a los tiempos como en la percepción de sus miembros, según fuentes del PSOE y el PP, e incluso de la dirección de la Cámara, ya apuntan a que o el Senado se reforma ya cuanto antes para convertirlo en una Cámara "útil y necesaria" o en unos años se plantearía su cierre.
Según los presupuestos aprobados por la Mesa del Senado éste funciona con un presupuesto anual de 55.143.210 euros, a lo que habría que añadir los cerca de 22.000 que los partidos mayoritarios perciben por senador, y la cámara tiene actualmente 266 miembros que vienen a cobrar un sueldo “base” algo inferior, de 3.126,55 euros al mes, a los que hay que añadir otro ingresos como las indemnizaciones por vivir en Madrid, de 869,09 euros a los naturales de la capital y 1.822,38 a los de fuera, de forma que un senador que no proceda de la comunidad de Madrid recibe mensualmente, por tanto, 4.948,55 euros, además de otras minucias como 99,78 y 49,90 euros para telefonía móvil y ordenador portátil respectivamente.

Es lógico que el senado y los senadores no sean vistos con buenos ojos por los ciudadanos de una nación donde el salario mínimo interprofesional se establece en 641, 40€ (la tercera parte de lo que sumando el celular y el portátil perciben sus señorías por trasladar su residencia a Madrid) cuando, con la reforma laboral, se habla de que el común de los mortales podremos elegir entre el paro o cobrar los 641 € en Laponia.
Y especialmente lógico y particularmente grave cuando la votación del Senado implica de forma explícita que los propios senadores vienen a reconocer que no son ni útiles ni necesarios desde el momento en que acuerdan unánimemente la realización de tal reforma.
Es evidente que, si gastar más de 60 millones de euros (presupuesto + subvención del Estado por escaño) en algo inútil e innecesario  es siempre un lujo, en la actual situación de crisis es una incoherencia y una inmoralidad que hoy España, con más de cinco millones de parados y más de millón y medio de familias que no perciben ingreso alguno, con las pensiones congeladas, los sueldos de los funcionarios reducidos, la seguridad social, la sanidad, la educación o a defensa sin fondos, miles de ayuntamientos endeudados, y miles de empresas cerrando… no se puede permitir.
Un clásico aforismo jurídico dice que “a confesión de partes exclusión de pruebas”. En sentido jurídico, probar es establecer la existencia de la verdad, y pruebas son los diversos medios por los cuales la inteligencia del hombre llega a descubrir la realidad objetiva. La prueba tiende a demostrar en juicio, con los elementos que la Ley establece, la certeza de los hechos controvertidos por las partes. En otra acepción, más filosófica, la prueba consiste en producir un estado de certidumbre en la mente, respecto de la existencia o inexistencia de un hecho controvertido, así, probar es evidenciar algo. Esto es, lograr percibir con la misma claridad con que los ojos ven las cosas materiales; en otras palabras, es establecer una perfecta congruencia entre la idea que tenemos de una cosa y la cosa misma, demostrando su verdad o falsedad. Esta certeza, es el resultado del raciocinio, la investigación y el análisis lógico-jurídico. Sin embargo, no todos los hechos son objeto de prueba, quedando excluidos los aceptados o confesados por las partes, los notorios, los expresamente prohibidos y los ociosos, inútiles o intrascendentes para “litis” (thema probandun).
¿Y qué mayor ni mejor confesión de parte para eliminar algo inútil e innecesario como el sanado que el propio consenso a que nuestros senadores llegaron ayer por unanimidad? Recordemos y apliquemos en este contexto la sentencia de Séneca “Quod non opus est, asse est carum”, es decir: “Lo innecesario, aunque cueste un solo céntimo, es caro”.
PEDRO SÁEZ MARTÍNEZ DE UBAGO