César Román

La reciente reforma laboral ha pivotado de manera principal entorno a los mecanismos y cuantías de las indemnizaciones del despido. Se ha asumido sin entrar en más detalles que el coste del despido es un impedimento para la creación de empleo. Ahora bien, que algo se repita cien veces no lo convierte en una verdad incontestable. Simplemente lo convierte en algo reiterado un centenar de veces. A falta de un debate sincero y público sobre este importante asunto los agentes sociales y el gobierno han optado por asumir esa máxima, y por desarrollar mecanismos para facilitar el despido de los trabajadores y abaratar las indemnizaciones por despido. Y a ese conjunto de medidas se la ha dado el título inexacto de reforma laboral. Sin embargo el debate en torno al despido debe llevarse a cabo pues es un elemento fundamental de las relaciones laborales que lleva fallando desde hace decenios. Seguir eludiendo el mantener ese debate a fondo es un contratiempo ilógico para nuestras relaciones laborales, que en el estado de crisis económica en la que estamos inmersos se torna en una irresponsabilidad.

Como todos sabemos y la lógica nos dicta, hay empresarios que son unas bellísimas personas y con un elevado concepto social, y otros que son justamente todo lo contrario. Del mismo modo y manera hay trabajadores que cumplen con sus obligaciones y deberes y otros muchos que son incumplidores sistemáticos y que suponen una lacra para la buena marcha de la empresa. Esa misma lógica nos dice que las normas y leyes que marcan las relaciones entre empresarios y trabajadores deberían proteger al trabajador frente al empresario sin escrúpulos y que abusa del empleado. Y en esa misma línea argumentativa esas leyes deberían proteger a la empresa frente a aquellos trabajadores que no realizan su trabajo correctamente o abusan de instrumentos como las bajas laborales o la “libre” interpretación de ciertos derechos para no respetar las normas  de la empresa. Sin embargo ese sentido común choca frontalmente con la realidad diaria y muy especialmente cuando entran en escena los Juzgados de lo Social. En muchos casos las sentencias que se dictan van en contra del más elemental sentido común, y la disparidad de opiniones sobre el mismo tema suele ser la tónica general. Les pondré sólo dos ejemplos, no sin antes advertirles que son casos reales:

Ejemplo 1: En Sevilla un camarero salió de la barra y agredió a un cliente que estaba criticando al torero Curro Romero. En buena lógica el empresario le despidió, y el trabajador llevó al juzgado su despido disciplinario. El Juzgado dictaminó que no era causa suficiente romperle la cara a un cliente, puesto que se tenía que valorar que el camarero era un veterano seguidor del ilustre matador de toros.

Ejemplo 2:  En Madrid una empresa sanitaria despidió a un trabajador al localizarle trabajando en un local de copas y bebiendo alcohol mientras estaba de baja por estrés y sometido a un tratamiento de ansiolíticos. El Juzgado de lo Social entendió que las pruebas aportadas por la empresa eran abrumadoras y falló a favor de la empresa. Sin embargo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid estimó que aunque los hechos eran irrebatibles, el estar trabajando y bebiendo alcohol podría ayudar al empleado en su proceso de recuperación y estimó que el despido era improcedente.

La jurisprudencia laboral está llena de barbaridades similares y son un claro síntoma de lo que ocurre en nuestras relaciones laborales. Supone un grave error no abordar una reforma de calado mediante la que se racionalice las causas de los despidos. Porque es en la causalización del despido donde está el principal problema. O mejor dicho en la falta de un detallado listado de causas por las que un empresario puede dar por finalizada la relación laboral con un trabajador que incumple las normas laborales, como ocurre en otros países de nuestro entorno. Ese es el debate franco que tanto agentes sociales como el gobierno eluden, parcheando de nuevo el problema en lugar de abordarlo a fondo y resolverlo definitivamente. Si eso se abordase, los trabajadores que cumplen con sus obligaciones tendrían muchos más recursos para defender sus puestos de trabajo y estarían más protegidos frente a los abusos empresariales. El empresario que quisiera rescindir el contrato de trabajo de un empleado que cumple las normas y es productivo tendría que hacerlo previo pago de una fuerte indemnización. Pero al mismo tiempo esa detallada causalización facilitaría el despido del mal trabajador y defendería la productividad de la empresa. Rebajar las indemnizaciones por despido no sólo no ofrece mayores garantías para los trabajadores y empresarios honestos, sino que fomenta conductas indeseables en las relaciones laborales y hace que nuestros trabajadores sean menos productivos. Hablar del despido sólo en términos del importe de la indemnización es amañar el debate y sólo conduce a que sigamos guardando la cabeza bajo el ala para no ver el problema.