Manuel Villena Lázaro. En el momento de escribir este texto aun resuenan los ecos del debate de los presupuestos del Estado. Un debate adulterado y falso, más teatro que auténtico debate, pues de antemano es conocido el resultado de la votación, ya que previamente se han hecho los necesarios chalaneos y chantajes entre los partidos interesados en su aprobación. Estos cambalaches insultan la razón del más cándido de los ciudadanos.

Entre las vergonzosa componendas cabe destacar la aprobación del blindaje del cupo vasco. Este hecho es merecedor de compararlo con la feudal costumbre de los reyes medievales cuando concedían privilegios, previo favor, a quien su augusta voluntad estimase oportuno y conveniente.

Los privilegios tuvieron su edad de oro en el Antiguo Régimen, una vez desaparecido éste tras la Revolución Francesa quedaron aparcados y obsoletos. En España son las Cortes de Cádiz las que supuestamente intentan acabar con estas ilógicas desigualdades entre ciudadanos de un mismo Estado. Con la llegada de la vigente Constitución se proclama en su artículo más húmedo, el 14: " Todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social." A poco que entendamos lo leído deduciremos que la Constitución es incompatible con la pervivencia y concesión de privilegios.

Volviendo al debate presupuestario hemos visto como, nuestros modernísimos políticos en el poder, se feudalizan concediendo, previo favor, a los nacionalistas vascos (declarados enemigos de todo lo que suena a España) el blindaje del concierto vasco. Todo a cambio de un puntual apoyo a los presupuestos y seguir ocupando sin sobresaltos la poltrona gubernamental. Esto se podría calificar como una claudicación ante quien la lealtad es escasa virtud. No han dudado, hace pocos días, en apoyar sin el menor escrúpulo ni rubor a aquellos que defienden la violencia contra el Estado Español.

A diferencia de la Edad Media en que al desleal, lo primero era retirarle el privilegio y acto  seguido aplicarle la severísima justicia de la época, hoy se le premia.

Situaciones como esta las hemos visto repetidas legislatura tras legislatura y nadie se lanza a proponer un cambio en la ley electoral que haga desaparecer el omnímodo poder de las minorías chantajistas.