Redacción Madrid. 19 de agosto.

Funcionarios estadounidenses defendieron ayer la prueba científica que relaciona a un científico del Ejército estadounidense con unos mortales ataques con ántrax en 2001, pero admitieron que se cometieron errores al inicio de la investigación.

   El FBI salió airoso de la evaluación de un panel externo de científicos, en un esfuerzo por terminar con las dudas sobre si el fallecido doctor Bruce Ivins fue el único responsable de los ataques que causaron la muerte a cinco personas e impactaron a una nación ya aterrorizada con los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y Washington.

   En informaciones enviadas primero a diarios científicos y luego para a medios, el FBI dio a conocer lo que un funcionario describió como "un material de poderosa evidencia", después de casi siete años de investigación sobre el origen del ántrax enviado a través del sistema de correos estadounidense y la supuesta identidad del atacante.

   A inicios de este mes, el FBI publicó documentos federales de un tribunal que culpaban a Ivins, un investigador y experto en carbunco del Instituto de Investigación Médica para Enfermedades Infecciosas del Ejército estadounidense (USAMRIID, por su sigla en inglés), con base en Maryland.

   Ivins se suicidó a fines del mes pasado, justo cuando los fiscales se preparaban para acusarlo por asesinato. Su abogado ha señalado aun así que era inocente. Varios científicos prominentes han cuestionado el caso del FBI en contra de Ivins y el respaldo de la prueba. "Quiero ver la información. Quiero ver información válida científica sobre los nexos establecidos", dijo el doctor C. J. Peters, un virólogo del Departamento de Medicina de la Universidad de Texas, quien trabajó en USARIID hasta 1990.

   Los críticos han cuestionado la evidencia en contra de Ivins, en parte porque los investigadores del FBI se centraron por error en otro científico en Fort Detrick, Steven Hatfill. Hatfill nunca fue acusado y el Gobierno acordó en junio pagarle 5,85 millones de dólares (7,4 millones de euros) para evitar una demanda.