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Entra en vigor la nueva ley de tasas judiciales que grava la interposición del sistema de recursos
El Fiscal General del Estado declara a la Ser que algunas tasas judiciales son ‘excesivas’
Redacción. Este lunes entra en vigor la nueva ley de tasas judiciales que para muchos dificultan el acceso a la justicia y conllevan un efecto claramente disuasorio, como ha apuntado en declaraciones para la cadena Ser Eduardo Torres-Dulce, Fiscal General del Estado, quien también las califica, en algún caso, de “excesivas”.
Se grava la interposición de demandas y recursos y se contemplan incrementos de entre 50 y 750 euros en las tasas. Los ciudadanos deberán pagar por primera vez en el orden Social en recursos de segunda instancia de súplica o casación y tendrán que abonar hasta 1.200 euros para poder plantear recurso de casación ante el Tribunal Supremo en la vía Civil y Contencioso-Administrativa. De momento, el orden penal queda excluido.
El pasado sábado se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la orden ministerial que regula el procedimiento de liquidación y cobro, y que recoge los dos modelos para la autoliquidación y la solicitud de devolución por solución extrajudicial de tasas judiciales, que se podrá presentar en un plazo de cuatro años desde el momento en que exista una resolución firme.
Aunque por otra parte, hay varios supuestos sobre la devolución de pagos y la presentación de modelos, que entrarán en vigor más tarde, el 1 de abril de 2013, por lo que no se podrán presentar hasta esa fecha, puesto que es el momento en el que se prevé la plena interconexión telemática entre la oficina judicial y la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En cuanto a las bonificaciones, se contemplan un 60 por ciento de la cuantía prevista para los casos de solución extrajudicial; de un 20 por ciento cuando exista acumulación de procedimientos; y de un 10 por ciento como incentivo por la utilización de medios telemáticos.
La nueva normativa ha sido tramitada por el procedimiento de urgencia ante las Cortes Generales y salió adelante con los votos del PP en el Senado. El PSOE ha declarado que esta medida establece “dos categorías de ciudadanos ante la justicia” los que tienen dinero y pueden acceder a una tutela judicial y los que carecen de recursos y no pueden, por lo que va a plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional que registra varias proposiciones no de ley que pretenden excluir a algunos colectivos del abono de tasas.
Además de los partidos de la oposición, las nuevas tasas judiciales han producido el rechazo de una gran parte del sector jurídico y de sindicatos y asociaciones de consumidores. Algunas asociaciones de abogados, jueces, fiscales y representantes de la ciudadanía han exigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que se siente a negociar con ellos debido al "fracaso" de las negociaciones con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. Sin embargo, Rajoy apoya a Gallardón en las medidas que está llevando a cabo y declara que los usuarios españoles de la Justicia van a pagar el 10 por ciento de lo que cuenta esta, mientras que el 90 por ciento restante lo van a pagar los contribuyentes "sean o no usuarios del servicio de la Justicia".