Redacción Madrid. 27 de febrero. Más de la mitad del fondo de 110 millones de euros previsto en el Plan E para tareas de rehabilitación de viviendas y espacios urbanos irá a parar a sólo cuatro comunidades autónomas --Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid-- que se repartirán un total de 64,4 millones de euros.

   Según el acuerdo de reparto de estos fondos, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, Andalucía se llevará la mayor parte, con 21.779,5 millones, en tanto que Cataluña dispondrá de 17.776,6 millones de euros, y Comunidad Valenciana y Madrid, obtendrán cantidades similares, de 12,7 millones de euros y 12,2 millones, respectivamente.

   El resto de los fondos recaerán en Galicia (6,9 millones), Canarias (6,1), Castilla y León (5,9), Castilla-La Mancha (4,6), País Vasco (4,4), Murcia (3,4), Extremadura (2,7) y Asturias (2,6). Finalmente, las menores dotaciones se destinarán a Baleares (2,5), Aragón (2,4), Cantabria (1,4), Navarra (915,7 euros), La Rioja (716,1 euros), Ceuta (221,7 euros) y Melilla (217,1 euros).

   En el caso de que alguna comunidad no utilice todo el presupuesto que se le ha asignado, el remanente podrá distribuirse entre aquellas otras que hayan alcanzado el nivel preasignado y presenten obras nuevas de rehabilitación.

   El Ministerio de Vivienda, que consensuó este reparto con las comunidades autónomas en la conferencia sectorial celebrada el pasado 11 de febrero en Sevilla, indicó que se ha realizado una asignación teniendo en cuenta las viviendas en edificios con un estado de conservación deficiente o malo (no ruinoso) sobre el total nacional, el número de parados en la construcción de cada comunidad sobre el total del país y la población de cada una de ellas.

   EL FONDO CREARÁ 30.000 PUESTOS DE TRABAJO

   Por otro lado, el total de estos fondos, que se dirigen a financiar iniciativas de inmediata ejecución que tengan un alto potencial de creación de empleo, beneficiarán a más de 40.000 familias y propiciarán la creación de más de 30.000 puestos de trabajo.

   La gestión del fondo, el seguimiento de las actuaciones y la evaluación del impacto alcanzado en relación con la actividad y el empleo corresponden al Ministerio de Vivienda, mientras que las comunidades autónomas y ciudades autónomas realizarán la selección y calificación de las actuaciones y el pago material de las ayudas a los beneficiarios.

   Por otra parte, la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha presentado en el Consejo de Ministros un informe sobre la política de rehabilitación de viviendas, edificios y espacios urbanos, en el que ha destacado los beneficios de la rehabilitación para la economía.

   El informe remite al Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, aprobado en diciembre, en el que, entre otras actuaciones, se incorpora el programa Renove para la rehabilitación energética de los edificios, así como ayudas para la rehabilitación aislada de edificios y viviendas.

   Su objetivo es rehabilitar 470.000 viviendas en cuatro años, que posibilitará la creación de hasta 300.000 puestos de trabajo, teniendo en cuenta los recursos privados movilizados.