Redacción Madrid. 5 de diciembre. 

    La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy que el Gobierno va a abordar reformas legales para que la formación ilegalizada ANV no pueda gobernar los ayuntamientos. La fórmula que se utilizará es la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local.

  En este sentido, advirtió de que los que se "parapetan" en sus "actas de electos" y se "amparan con su ominoso silencio deben saber que el Gobierno no está dispuesto a seguir su juego".

   Por ello, explicó que el Ejecutivo va a actuar "en todos los frentes". En primer lugar, dijo que se van a explorar todas las posibilidades que "nos brinda la ley en estos momentos" de cara a la posible disolución de estas corporaciones locales y también anunció que se introducirán las reformas legales que sean necesarias para evitar que los partidos ilegalizados gobiernen los ayuntamientos.

  "Anuncio que el Gobierno va a promover las reformas legales necesarias para impedir que los representantes de una formación política ilegalizada puedan gobernar los ayuntamientos", afirmó.

   Añadió, en este sentido, que se hará "como siempre, con el máximo consenso de todas las fuerzas políticas parlamentarias" y argumentó que el Ejecutivo seguirá siendo "muy escrupulosos con el cumplimiento de las leyes para que nadie pueda burlar la Ley amparándose precisamente en ella".

   De la Vega fundamentó esta decisión de incluir modificaciones legales en que la actual ley tiene "características que dificultan la actuación". Por ello, anunció que, teniendo en cuenta el marco constitucional, "se trataría de introducir en la Ley de Bases de Régimen Local unas nuevas normas que produjeran el resultado que les he dicho".

   Añadió que "puesto que se ha producido una ilegalización y, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la ilegalización no comporta la disolución de los ahuyentamientos, se  trata de buscar legalmente unas vías que, en el ámbito de la Constitución, permitan impedir que representantes de formaciones políticas ilegalizadas por razones de apoyo al terrorismo puedan gobernar los ayuntamientos". "Creo que el objetivo y los instrumentos están claros", apostilló.

   "ARTICULO DIFICIL" DE APLICAR

   En cuanto a la actuación más inmediata, la de explorar las posibilidades que da la legislación actualmente en vigor, expuso que se han dado ya instrucciones al servicio jurídico del Estado.

   En este punto, De la Vega explicó que se van a explorar las posibilidades del artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local, que, en su punto dos se incluye como causas para la disolución de un ayuntamiento que éste de cobertura o apoyo "expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participan en su ejecución o enaltezcan o justifiquen" el terrorismo y también en el caso de que "menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familias".

   No obstante, la vicepresidenta admitió que "no es un asunto fácil" y que se trata de un "artículo difícil" porque las condiciones que establece hacen "muy difícil o imposible proceder a la disolución" ya que exige que las conductas se produzcan de manera "reiterada".

   EL GOBIERNO REDOBLA EL COMPROMISO DE CONSTRUIR EL TAV

   Mientras esto se produce, De la Vega insistió en que el Gobierno "redobla" su compromiso con la conclusión de las obras del tren de alta velocidad porque, dijo, "eso es lo que ha decidido y quiere la sociedad vasca, el progreso seguirá llegando a Euskadi, la tierra de Ignacio Uría, una tierra llena de futuro, de un futuro en libertad y libre del terrorismo".

   De la Vega había comenzado la rueda de prensa del Consejo de Ministros trasladando el pésame a la familia del empresario asesinado el miércoles por la banda terrorista ETA en Azpeitia. "La indignación, la rabia y el dolor se acompañan de una convicción y una certeza, los culpables, los terroristas serán encontrados, detenidos, juzgados y encarcelados", afirmó y añadió que "siempre lo son" y adelantó que "su futuro es la cárcel". "Sencillamente son delincuentes, asesinos que tarde o temprano pasarán muchos años en la cárcel", apostilló.

   La vicepresidenta recordó que el futuro de Euskadi empezó con la Constitución realizada para todos los españoles que mañana cumple 30 años. Recalcó, en este sentido, que la Cosntitución ha dado los mejores 30 años de la historia de España, y también la sociedad española ha dado lo mejor de sí misma. "Entre todos hemos forjado una democracia estable, plenamente integrada y consolidada, modernizando las instituciones y progresado de manera formidable en extensión de nuevos derechos", concluyó.