Teresa García-Noblejas

Se ha conocido que el Gobierno ha optado por no remitir al Consejo de Estado el Proyecto de ley reguladora de los derechos de la persona ante el proceso final de la vida. Aunque no constituya un trámite obligado, este hecho refleja la precipitación del Gobierno para tramitar rápidamente esta norma. «Otro signo de las prisas gubernamentales», explica Santiago Díaz, portavoz de la campaña Vida Digna, fue «remitir el Anteproyecto a un Consejo Interterritorial de Salud cuyos miembros estaban mayoritariamente en funciones por haberse celebrado nada más producirse las elecciones del 22 de mayo».

Por otro lado, resulta sorprendente el desprecio del Gobierno hacia las asociaciones profesionales, especialmente las dedicadas a los cuidados paliativos. «En primer lugar», señala Díez, «porque de las 36 alegaciones presentadas por estas asociaciones, el Gobierno solamente ha incorporado al Proyecto de ley una alegación. En segundo lugar, porque el proyecto de ley deroga un artículo de la Ley 41/2002 básica de autonomía del paciente; y es que el proyecto gubernamental elimina la exigencia de que los documentos de instrucciones previas (testamentos vitales) tengan como límite la lex artis o buena práctica médica. La supresión de ese artículo obliga a los médicos a cumplir cualquier solicitud del paciente (incluida la eutanasia) siempre y cuando esté incluida en un testamento vital».

Se trata de un cambio de modelo asistencial que no tiene el consenso de las organizaciones médicas profesionales porque la lex artis es el referente de la buena práctica médica.

Por último, Santiago Díez ha denunciado que, cinco días después de que el Consejo de Ministros aprobara la remisión a las Cortes del Proyecto de ley, todavía no conocemos el texto del mismo porque en el Ministerio de Sanidad, sólo se encuentra la versión del Anteproyecto aprobada el 13 de mayo. «Esta falta de transparencia resulta sorprendente; esta es la hora en no sabemos si el texto ha sufrido alguna modificación en este plazo o no».