Miguel Massanet Bosch. Cuanto más vamos avanzando en esta locura que se ha apoderado del pueblo catalán y van transcurriendo los días, más nos confirmamos en nuestra primera impresión de que, el Gobierno de la nación, se ha equivocado y, posiblemente, haya cometido un grave error al adelantar las elecciones autonómicas de Cataluña, al día 21 de diciembre. En realidad, tenemos la desagradable impresión de que los separatistas catalanes, encabezados por Carles Puigdemont, han vuelto a tomar la batuta y llevan ventaja con respecto al resto de partidos constitucionalistas que, por su parte, no es seguro que sean capaces de mantener, por mucho tiempo más, esta unión, un poco frágil, que han conseguido sostener hasta ahora.

El señor P. Sánchez, del PSOE, ya está dando muestras de diferir de las actuaciones de la justicia y vuelve a su cantinela habitual de la “nación de naciones” y de que, el llamado “problema catalán”, sólo se resolverá mediante la política. Lo que no dice, porque no tiene ni idea, es lo que va a ocurrir si, cuando les proponga a los nacionalistas - especialmente sensibles respecto a quienes desean que cambien su hoja de ruta hacia la independencia -, cambiar sus planes, para conformarse con continuar perteneciendo a España, aunque pudiera darse un cambio de la Constitución que aceptara la viabilidad de un estado federal; una posibilidad que, en la práctica, no reportaría ninguna ventaja a los catalanes, que llegara a superar a aquellas de las que ya vienen gozando hasta ahora.

Mucho nos tememos que, el señor Rajoy y su estrecha colaboradora en el tema de Cataluña, la señora Sáez de Santamaría, se hayan dejado sorprender, una vez más, por los recursos (hay que reconocer que los tienen) de los grupos separatistas, que dan la sensación de ir un paso por delante respecto a las actuaciones gubernamentales. Claro que, el estar supeditados a las exigencias del resto de grupos llamados constitucionalistas, viene lastrando al Gobierno, en cuanto a las decisiones que sería oportuno tomar en cada momento. Esta idea de que la cautela, el no precipitarse, el mantener la calma y el no arriesgarse no sea que un error pueda costar votos, ha sido y continúa siendo la política gubernamental en todo el tiempo que ha venido gobernando en España, incluso, en los cuatro años en los que dispusieron de mayoría absoluta en las dos cámaras, el Congreso y el Senado.

El desgraciado suceso de que, el señor Carles Puigdemont  consiguiera trasladarse, con otros miembros de su gobierno, a Bélgica; burlando la vigilancia de quienes no debieron de haberle perdido de vista ni un momento desde que tuvo lugar aquella rocambolesca declaración unilateral de independencia, que primero se anunció y a los pocos segundos se suspendió y, un poco más tarde, se firmó un documento en una estancia aparte en la que, todos los detenidos o fugados, estamparon sus firmas para reafirmarse en sus decisiones secesionistas; puede convertirse para el separatismo catalán, en una gran plataforma propagandista; de hecho ya lo es, dado que se les ha dado libertad a los cinco políticos catalanes retenidos en territorio belga, para que puedan hacer, prácticamente, lo que les dé la gana en cuanto a actividades políticas, sin que parezca que se hayan establecido limitaciones algunas sobre el contenido de sus declaraciones que, incluso, pueden mentir, desbarrar y desmerecer la honestidad, honradez, garantías y objetividad de la Justicia española.

Es evidente que, como era previsible, los belgas nos la tienen jurada a los españoles desde que el Conde Duque de Olivares y el Marqués de Espínola, al frente de los famosos tercios de Flandes, mantuvieron en jaque, con sus victorias, a toda Europa. Lo curioso es que, con los años transcurridos desde aquellas batallas, todavía los belgas no se hayan olvidado de sus derrotas y hayan aprendido a apreciar a los españoles que, hoy en día, constituimos una de las democracias más asentadas de toda Europa. En todo caso, la conducta insólita mantenida por el gobierno belga, dividido entre pro flamencos y pro valones, no nos debería extrañar a los españoles porque ellos mismos cometen, en sus disputas lingüísticas, los mismos errores en los que incurren ahora los separatistas catalanes, de modo que por no ser capaces de ponerse de acuerdo han estados largos periodos de su historia sin tener un gobierno que dirija el país.

Un país que, por un excesivo y absurdo prurito de un garantismo, ha caído en el error de ser uno de los países de la CE en el que más han proliferado los yihadistas y en el que se han cometido atentados y han sido la sede de terroristas que cometieron los atentados sangrientos del EI en Francia. Unos atentados que, en gran parte, se debieron a la falta de preparación de la policía y los servicios de inteligencia belgas. En todo caso, la forma con la que la fiscalía y los jueces belgas han gestionado el tema del señor Puigdemont y sus cuatro compañeros separatistas, dista mucho de ser lo que se podría esperar de un estado amigo y miembro de la UE. Resulta difícil de admitir que, el tratamiento que se les ha dado a estos fugitivos de la Justicia española haya sido, no el de unos presuntos delincuentes sobre los que pesan uno de los delitos más graves que pueda cometer un ciudadano español, sino el de unos huéspedes de honor con los que se tiene más simpatías que con el gobierno que ha solicitado la extradición de semejantes traidores a la patria.

El juez belga, sin duda, ha tenido en su mano el neutralizar los planes propagandísticos de Puigdemont, fijando, entre las medidas restrictivas para él y sus cuatro adláteres, el de prohibirles llevar a cabo, en suelo belga, ningún tipo de actividades política ni utilizar las TV y los periódicos del país para convertirlos en altavoces de las aspiraciones independentistas de Cataluña. El Estado belga tampoco se ha destacado por su diligencia en atender una orden europea de busca y captura, que fue emitida por la juez Lamela, al mismo tiempo que solicitaba de Bélgica la extradición de los cinco políticos catalanes. En teoría, esta orden europea de busca y captura se había implantado para evitar que, entre países pertenecientes a la UE, se produjera lo que, precisamente, está sucediendo en la nación belga en la que, la cantidad de imposiciones legales hace que el procedimiento de extradición, incluso si se lograra, pueda extenderse por más de dos meses. Nadie sabe de dónde procede la cantidad de dinero del que disponen los fugitivos que han conseguido el asesoramiento legal de abogados que cobran cuatrocientos o quinientos euros la hora y parece ser, por lo que se ve, que a nadie le importa saberlo.

Todavía estamos esperando la reacción del Gobierno que, aparte de la intervención, como siempre afortunada, del señor González Pons en el PE refrendando el hecho archiconocido de que, la Justicia, en España garantiza los derechos de cualquiera que sea sometido a ella, tanto o mejor que en el resto de países de nuestra UE. Tenemos la impresión de que, si no se pone a nuestros diplomáticos ( por cierto muy capaces) a contrarrestar la serie de mentiras, engaños, procacidades, maldades, calumnias e injurias que estos fugados de la justicia española van, sin duda alguna, a intentar esparcir por medio de todos los recursos informáticos que se les van a poner a su servicio, es probable que todo lo conseguido a nivel de dirigentes de las cancillerías europeas, que han dejado de reconocer, todos ellos, a Cataluña como una nación independiente; a nivel de ciudadanos, esta propaganda facilona, victimista, lacrimógena y contraria a España y su gobierno, acabe por calar en determinados ambientes, especialmente en los de los grupos de izquierdas que como es sabido están intentando, por todos los medios, atacar las raíces de esta Europa comunitaria, con la aviesa intención de resucitar los antiguos regímenes comunistas que fueron desplazados a la América latina, con lo que fue la caída del muro de Berlín y la famosa perestroika rusa.

¿Para cuándo el llamar al embajador belga a capítulo? O ¿cuándo se va a reclamar la presencia del embajador español en Madrid para consultas? ¿No se va a exponer una queja, ante el Parlamento Europeo, por la actitud contraria a España del gobierno belga, acogiendo a unos presuntos delincuentes acusados de traición a su patria? Cuando señores, el Gobierno de Rajoy va a demostrar, con los socialistas o sin ellos, que lleva la voz cantante con el Art.º 155 de la Constitución y pone orden antes de que Cataluña acabe completamente descapitalizada.

O así es cómo, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, vemos como España, por todos los costados de la política se ve más amenazada por separatistas, comunistas bolivarianos, anarquistas y pacifistas dispuestos a dejarse dominar con la vana idea de que, estos radicales, una vez instalados en el poder, van a mantener los mismos derechos democráticos de los que hemos venido disfrutando hasta ahora. Quizá estos buenistas, inocentes o pacifistas vayan a ser los que, finalmente, ayuden a los que buscan acabar con España para lograr sus objetivos. Luego no valdrá quejarse, porque ya van 2157 empresas las que han abandonado Cataluña, por ahora.