“La razón y la sinrazón no pueden separarse nunca con un corte tan limpio que cada parte no contenga nada de la otra”  A. Manzini

Miguel Massanet Bosch. Hace ya tiempo, desde que la política empezó a filtrarse en los cotos cerrados de los colegios de magistrados, jueces y fiscales, que los ciudadanos venimos percibiendo, con alarma y preocupación, que aquellos principios fundamentales que expuso Montesquieu sobre los tres poderes básicos, independientes, que deberían garantizar el buen funcionamiento de un Estado –precisamente por el hecho de que la libertad e independencia de actuación de cada uno de ellos respecto a los otros dos, acreditaba que ninguno de pudiera abusar de sus prerrogativas, al constituirse los otros dos en vigilantes y censores de su correcto funcionamiento –¨, por desgracia, en esta cuitada nación a la que conocemos como España, hace ya bastantes años (podríamos decir que desde que se constituyeron los partidos políticos) que, en lugar de que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, se atuvieran a sus respectivos cometidos lo que parece que ha sucedido es que han querido infiltrarse solapadamente cada uno de ellos en las funciones de los otros; de modo que la política ha hecho presa de magistrados, jueces y fiscales de modo que, determinados miembros del poder judicial parecen empeñados en asumir funciones del Ejecutivo e interpretar las normas emanadas del Legislativo más de acuerdo con sus respectivas ideologías que según el criterio con el que las creó el propio legislador.

Esta deriva que se disimuló, en un principio, cuando los jueces se limitaban a ser personajes anónimos que actuaban dentro de los límites de sus tribunales o juzgados; a medida que ha ido transcurriendo el tiempo y, muy especialmente, bajo los años de gobierno de los socialistas del señor Rodríguez Zapatero, gracias a la ambición de algunos miembros de la judicatura, que quisieron asumir, a la vez, funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, convirtiéndose en verdaderos dictadores de la justicia, en lugar de ceñirse a su verdadera función de aplicar las leyes en forma justa y objetiva, ( todos tenemos en mente al, ahora, resurgido juez Garzón, que con su fatuidad, egolatría y desprecio por lo que era su deber como juez, se extralimitó hasta que fue condenado por perjurio), se ha ido expandiendo de modo que, como era inevitable que sucediera cuando se producen, como se ha sucedido, resoluciones, autos y sentencias por parte de jueces y tribunales que,  difícilmente, pueden ser asumidas y entendidas por las bases sociales del país, a las que no se les puede exigir que entiendan de ingeniería legal cuando se trata de casos en los que se produce verdadera alarma social.

Resoluciones del TC como la que legalizó a la banda etarra BILDU; los permisos otorgados por los jueces de vigilancia penitenciaria a determinados reos declarados culpables de delitos como el de violación, que los han aprovechado para volver a cometer nuevas agresiones; la urgencia con la que la Audiencia Nacional se ha esmerado en, sin perder un minuto, poner en libertad a decenas de presos de ETA aunque fueran culpables de decenas de delitos, no hubieran manifestado arrepentimiento alguno y se mostraran reacios a pedir perdón a la familia de sus víctimas; puede ser todo lo legal que se quiera, puede ser motivado por una sentencia absurda e incomprensible del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (compuesto por personas que, en la mayoría de los casos no son ni magistrados, desconocedores o puede que intencionadamente desconocedores, de la realidad del terrorismo en España) de la verdadera lacra que han sido los etarras para la ciudadanía española. Las politizadas, resoluciones del TC, en el que se vienen produciendo presiones de toda índole sobre sus componentes que, curiosamente y para estupor de las personas honradas, están divididos en dos bloques en los que unos son conservadores y los otros progresistas; dependiendo del número de los que haya de un bando u otro, el que sus resoluciones se inclinen hacia un lado u otro. En el caso de famoso y discutido Estatut catalán, quedó evidenciado que la presencia del señor Pascual Sala y otros de tendencia nacionalista impidió que dicho cuerpo legal fuera devuelto a las Cortes para que redactaran uno nuevo adaptado a la Constitución española de 1.978.
 
A la desconfianza del pueblo español hacia la Administración de Justicia, se añaden los descontentos originados par la estulticia del Gobierno respecto a temas candentes que, por la falta de una regulación actualizada, por miedo a enfrentarse con los sindicatos y por temor a darles balas a los partidos de la oposición, siguen durmiendo el sueño de los justos, esperando que alguna persona, político con sentido común, se atreva a sacarlas de su ostracismo para acabar con la serie de consecuencias nefastas de su falta de apoyo legal.

Un caso evidente; tanto en cuanto a pérdidas de producción, como a alteración de la convivencia pacífica de los ciudadanos o por las pérdidas materiales causadas por la impunidad con la que los participantes pueden atentar contra las personas, el mobiliario público y los bienes privados; es sin duda el de las huelgas o concentraciones masivas que, a diferencia de lo regulado por las leyes, en la mayoría de ocasiones no piden el permiso reglamentario de la Autoridad gubernativa, puesto que, las modernas técnicas digitales, permiten convocarlas a través de las redes sociales, cuyo uso, vean por donde, también sigue pendiente de una supervisión y control legal que impida a los internautas saltarse las normas legales de un país.

Lo cierto es que, el descontento de los españoles con sus gobernantes y con quienes ejercen de oposición – más interesados en atacar al Gobierno para desacreditarlo que en buscar el bienestar, la paz y el trabajo para quienes dependen de sus decisiones para salir de la situación de penuria económica de la que, ni sindicatos  (muchos pensando en enriquecerse), ni partidos políticos ( hundidos en la corrupción) ni gobernantes (incapaces de hacer frente a la lacra del paro con medidas efectivas y créditos a las empresas),  consiguen ponerse de acuerdo para buscarle una solución. A pesar de que se habla de ligera mejora económica, en lo único que parece que existe acuerdo es en que sus efectos beneficiosos para los ciudadanos todavía tardarán uno años en llegar.

La cruda realidad es que esta nación precisa un baldeo general. Es urgente una regeneración de la Administración de Justicia, que empiece por dotarla de medios para evitar que los casos se eternicen en los estantes de juzgados y tribunales; una limpieza a fondo de funcionarios (desde los más altos o los más bajos) erradicando a todos los jueces, magistrados o fiscales que no sean capaces de renunciar a sus ideas personales para aplicar la justicia de conformidad con lo que dicen las leyes. Hace falta una vigilancia rigurosa de Cajas y entidades bancarias para que nunca más pueda darse el caso de que unos pocos se embolsen verdaderas fortunas a costa de la descapitalización de los entes y la seguridad de los impositores, Los que han cometido fraude o han robado deben sufrir los efectos de la Justicia sin ningún tipo de consideración.

No se le puede pedir al pueblo que se haga cómplice del mal funcionamiento de las instituciones. Los gobernantes no pueden permanecer ajenos a las inquietudes del pueblo y ha de tomar nota de su descontento, para legislar de manera que aquello que está torcido se enderece y lo que está podrido se elimine. O así es, señores, como lo veo yo.