La defensa de Rafael Ricardi, recientemente excarcelado tras cumplir 13 años de prisión por una violación que no cometió, aseguró que no descartan pedir responsabilidades al Estado cuando el Tribunal Supremo pronuncie la sentencia definitiva del caso.

   La abogada de Ricardi y miembro de APDH-A, Antonia Alba, explicó a Europa Press que continúan "a la espera" de la sentencia firme del Supremo en la que "ponga claramente que es totalmente inocente" y que está "en situación de libertad definitiva". Una vez se produzca, advirtió que se plantearán "pedir responsabilidades al Estado" porque es "lo mínimo", apostilló.

   El Tribunal Supremo será, por tanto, el encargado de revocar la condena de 36 años de cárcel que fue impuesta a Rafael Ricardi en 1996 por una violación ocurrida en 1995 en El Puerto de Santa María (Cádiz) y que no cometió.

   Después de cumplir 13 años de condena, Rafael Ricardi abandonó la cárcel de Topas (Salamanca) el pasado 25 de julio, tras serle concedido el tercer grado penitenciario.

   Una deficiencia visual que padece (sufre estrabismo) fue la que llevó a la víctima a identificarle como su agresor, si bien esta misma peculiaridad es la que presenta un hombre detenido en junio de 2007, Fernando Plaza, cuyo ADN apareció vinculado a dicho delito y a quien se atribuye ahora la comisión de la violación.

   El pasado 15 de julio la Fiscalía de Cádiz anunció públicamente que había iniciado los trámites para solicitar la "inmediata" puesta en libertad de Rafael Ricardi, ya que según los últimos datos de toxicología recibidos, su ADN no aparece en las muestras del caso y que "descartaban" la participación del preso en el hecho delictivo por el que se le condenó.