Joseph McMillan. Quisiera destacar el impecable voto particular del consejero del CAC, Daniel Sirera, acerca del acuerdo de este organismo catalán sobre la difusión de contenidos en los que, presuntamente, se comparan planteamientos democráticos (también presuntamente) con movimientos totalitarios.

  
El señor Sirera argumenta su voto poniendo blanco sobre negro en los múltiples informes que la Generalidad catalana pidió al CAC, acerca de las declaraciones vertidas en diferentes medios no catalanistas, como Tele5, TVE, Antena3, Intereconomía TV y 13TV. La petición de la Generalitat se sustenta en la creencia de que nadie puede criticar una postura política que venga de Cataluña. Como si fuera un dogma de fe...

  
Afirma Sirera que "si bien es cierto que el artículo 10 de la Ley 2/2000, de 4 de Mayo, del CAC establece que "es función del Consejo (...) elaborar informes y dictámenes a iniciativa propia o a instancias del Parlamento o del Gobierno", no es menos cierto que el Gobierno de Cataluña no puede solicitar un informe cuyo contenido no sea de la competencia del Consejo Audiovisual de Cataluña". En este sentido es importante recordar que otro artículo, el 2 de la Ley 2/2000, establece expresamente que "el Consejo Audiovisual de Cataluña ejerce sus funciones en el ámbito de la comunicación audiovisual directamente gestionada por la Generalitat o en régimen de concesión o de habilitación, sea cual sea la forma de emisión y la tecnología empleada, y también en los supuestos en los que se efectúen emisiones específicas para Cataluña y en los otros en los que, por aplicación de la normativa vigente, estén sometidos al ámbito de la gestión y tutela de la Generalitat"

  
"A pesar de la claridad competencial que establece la ley, el Consejo Audiovisual de Cataluña, a instancias del Gobierno de Cataluña, ha llevado a cabo un informe en el que han sido analizados  los prestadores  arriba mencionados, que no están gestionados por la Generalitat ni son una concesión de esta y ni siquiera se encuentran bajo la tutela del Gobierno catalán".

  
Aplaudo la meridiana claridad de Daniel Sirera frente al carácter victimista de la Generalitat, que no contenta con imponer sus tesis separatistas (aún a riesgo de arruinar a Cataluña, como está sucediendo, o de saltarse la legalidad), está determinada a acabar por la vía judicial o de exclusión con los que se atrevan a discrepar.