Miguel Massanet Bosch. La imaginación de los políticos separatistas catalanes, al parecer, no tiene límites y es obvio que no dudan en usar, para asegurarse sus objetivos secesionistas, toda clase de martingalas, artificios legales y maquinaciones encaminados a conseguir o al menos intentarlo, darles apariencia de legalidad, de estar capacitados para semejante tarea y ejercer un supuesto derecho ( ellos insisten en que es democrático) que les permita comenzar a tramitar toda clase de actos y situaciones, de hecho y de derecho, que vayan formando el entramado de un nuevo estado independiente catalán. Con su habitual determinación y haciendo oídos sordos a la sentencia del TC, que declaró sin efecto legal la resolución del Parlament catalá, que pretendía atribuirse el derecho de no hacer caso de las sentencias de los tribunales españoles ni de los requerimientos tanto del Estado español como de su TC; vienen insistiendo en seguir en su camino hacia la separación del Estado español.

Para ello, valiéndose de la actual situación de inestabilidad política en la que está sumida España, intentan colar de rondón, tanto la puesta en marcha de instituciones paralelas a las legalmente constituidas en la autonomía catalana, como el iniciar el estudio de leyes propias con las que sustituir las vigentes en todo el Estado español. Como es natural no podían prescindir de su propia Constitución catalana, a cuyos efectos ya anunciaron que iniciarían un periodo constituyente, de 18 meses (aunque posteriormente el señor Puigdemont aclaró que, si precisaban más tiempo, prolongarían el plazo). ¿Qué todas estas iniciativas están condenadas al fracaso?

A ellos no los desanima, porque dan por sentado que el Estado español se va a oponer a todo ello, pero siguen pensando en que llegará un momento en el que, una España debilitada por las heridas de la atomización resultante de las pasadas elecciones del 20D, la prolongada situación de interinidad que, las dificultades en formar un nuevo gobierno, propician y auguran que haya un avance de las izquierdas, los pactos previsibles entre ellas y la evidencia de que, las matemáticas electorales, les obliguen a prescindir de determinadas exigencia y líneas rojas, se doblen y suavicen determinadas voluntades, en principio reacias a ceder ante el nacionalismo, para dar paso a algunas exigencias nacionalistas como podría ser la de que se iniciara, sin fecha fija, el camino hacia una posible entente que les permitiera una relación con España, parecida a la de Puerto Rico con los EE.UU, en forma de “país asociado”, que a ellos les serviría como una primer paso hacia su objetivo independentista y, al mismo tiempo, les permitiría seguir permaneciendo como país aliado de España, con la que continuarían manteniendo vínculos, dentro de la CE. Volviendo al tema que nos ocupa, parece ser que en todos los partidos del grupo secesionista se ha puesto de moda criticar lo que ellos han dado por calificar de “la judicialización de la política catalana”; en un intento de confundir a la ciudadanía y presentar la intervención de los tribunales de Justicia como un asalto fraudulento a los derechos de los políticos, mediante el cual el Poder Judicial invadiera competencias del poder Legislativo. ¡Cuidado con estos intentos de confundir, porque pueden crear una falsa visión de lo que está sucediendo, en la actualidad, en la autonomía catalana!

Aquí no se trata de que haya una campaña organizada por los jueces de atacar los derechos del poder legislativo ni que, esta serie de actuaciones judiciales motivadas por sendas denuncias por parte del Gobierno y de otros organismos competentes para presentarlas, tengan por objetivo evitar que cada persona, políticos o no, tengan la libertad y el derecho a pensar como le venga en gana ni que puedan existir formaciones políticas que piensen que Cataluña sería mejor si fuera una república independiente; pero eso sí, esto no empece que, si estas personas, estos partidos políticos o estas instituciones pretenden infringir las leyes, no se ajusten en sus actuaciones a la legalidad vigente o pretendan sobrepasarse en sus atribuciones, entrando en terrenos que les están vetados, saliéndose de la legalidad y enfrentándose a la Constitución española, pretendiendo que no tenga vigencia dentro de una de las autonomías españolas, como es la catalana; entonces nada tiene que ver la condición de político o las políticas que se pretendan llevar a cabo en contra de las leyes vigentes, ni que sean una o miles las denuncias que se presenten contra tales infracciones ya que, aquí lo que se produce es una reacción de las autoridades competentes, los gobernantes o los españoles que se sientan amenazados por tales intentos de desestabilización del país, en contra de hechos delictivos, ilícitos penales contra los que es preciso actuar ya que, lo contrario, seria tanto como darles carta blanca a los políticos que pretendieran actuar en contra de la ley, para que se pudieran salir con la suya, cuando lo que es preciso es que se les aparte de sus cargos y se les apliquen las sanciones previstas, en nuestro código penal, para los delitos de los que sean reconocidos culpables..

En este caso catalán, el hecho de que sean los independentistas los que, una y otra vez se salten las leyes, que se hayan enfrentando a la Constitución, desafiándola y pasando por alto las resoluciones, que ha emitido el TC, respecto a la ilegalidad de este proceso de ruptura con España, y que el Estado de Derecho haya requerido que, por cada infracción de la legalidad se haya producido una reacción de la Justicia; en modo alguno se puede considerar como un intento de judicializar el ejercicio de los políticos de ejercer las acciones, propias de sus funciones, conforme a las leyes vigentes. Pretender que el Gobierno de la nación, el Poder Judicial y las cámaras de representación popular permanezcan inactivos contemplando como, una parte de España se está preparando para incumplir la Constitución, pretendiendo romper la unidad de la nación y, por añadidura, intentar hacerlo por otros métodos espurios y contrarios a los procedimientos que permite la propia normativa constitucional para modificarla, en todo o en parte; constituye motivo suficiente para que el Imperio de la ley se ponga en marcha y ponga fin, con los medios previstos en las propias leyes, con la evidente intención de restaurar la legalidad, en aquellos puntos en los que haya sido perturbada. C

omunistas, anarquistas, antisistema y separatistas buscan, en beneficio de sus objetivos libertarios, conseguir destruir el orden, saltarse las normas de seguridad ciudadana, actuar en contra de la propiedad privada, apoderarse de los resortes del poder, atacar la religión e imponer a la fuerza lo que las leyes no les permiten; establecer sus propias normas, reducir las libertades ciudadanas, implantar el miedo y alterar el orden en las calles como método de conseguir sus propósitos que, en el caso catalán, consiste en establecer un odio hacia todo la que venga del resto de España, atribuir a la parte de los españoles del resto de las comunidades lo que, en muchas ocasiones, han sido ellos mismos los que se lo han buscado ( como ha sido el caso de determinadas antipatías y ojerizas), destruir los lazos que, durante tantos años, han existido entre españoles y, como artificio para conseguir el control, introducirse en la administración de Justicia, algo que por desgracia, están consiguiendo, cuando comprobamos el número de jueces que, en la actualidad, están militando en formaciones de extrema izquierda y en las filas del separatismo más extremo, con la particularidad de que, muchos de ellos, siguen ejerciendo, lo que pone en entredicho su imparcialidad, como ha quedado demostrado en muchas de sus actuaciones, difíciles de entender por el común de los ciudadanos.

O así es como, señores, desde la óptica de un ciudadano de a pie, tenemos la preocupación de que vaya cundiendo, entre los españoles, esta idea errónea de que las leyes están hechas para infringirlas y que la opinión de unos pocos, cientos o miles, cuando se expresa de forma violenta en las calles o cuando se impide que los funcionarios de la justicia puedan cumplir con su obligación; pueda valer más que la del resto de millones de ciudadanos que votaron a sus representantes para que hicieran cumplir las leyes y les asegurasen la seguridad en cualquier parte del país a la que se desplazaran. Es evidente que la relajación y la permisividad de las autoridades han contribuido de forma determinante en que, en la actualidad, nos encontremos en una situación que, por desgracia, dista mucho de ser la que, las personas de orden, desearían que tuviéramos.