Redacción Madrid. 29 de enero.

   El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido a trámite una querella dirigida contra siete responsables militares de Israel, entre ellos el ex ministro de Defensa Benjamin Ben-Eliezer, por un bombardeo perpetrado por el Ejército hebreo en un barrio de la Franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron 14 civiles, la mayoría de ellos niños.

Según explicó Israel, el ataque iba dirigido contra un presunto líder de Hamas, que también falleció en el bombardeo.

  El magistrado, que les imputa indiciariamente un delito contra la humanidad, asume la competencia de la causa en función de lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula que España puede investigar el genocidio, el terrorismo y los delitos contra las personas cometidos en conflictos armados, bien se sucedan en su territorio o fuera de él.

  La querella, que fue presentada por el Centro Palestino para los Derechos Humanos en representación de seis familiares de los palestinos asesinados, involucraba también en los hechos al entonces primer ministro de Israel Ariel Sharon, en coma profundo desde el año 2005. Además, la Audiencia Nacional tiene pendiente admitir o no a trámite una segunda querella contra altos cargos de Israel, por la reciente ofensiva militar hebrea en el mismo territorio palestino.

  Andreu ya ha cursado dos comisiones rogatorias a Israel y los territorios palestinos, la primera de ellas para comunicar el procesamiento a los siete responsables militares y la segunda para desplazarse personalmente a la Franja para interrogar a los testigos y los familiares de las víctimas. Hasta el momento Israel no ha contestado a la comunicación emitida por el magistrado.

  Concretamente, la Audiencia Nacional investigará, además de al ex ministro de Defensa Ben-Eliezer, al comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes en el momento de los hechos Dan Halutz; al general encargado del mando Sur de las Fuerzas de Defensa israelies, Doron Almog; al presidnte del Consejo Nacional de Seguridad y asesor nacional de seguridad, Giora Eiland; al secretario militar del ministro de Defensa, Michael Herzog; al jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel Moshe Ya'Alon y al director del servicio general del seguridad, Abraham Dichter.

  El ataque se produjo contra el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza cerca de las doce de las noche. Un avión de combate F-16 lanzó una bomba de una tonelada contra la casa de Salah Shehadeh, sospechoso de ser uno de los comandantes de Hamas, con el objetivo de asesinarlo. La vivienda fue alcanzada directamente por la bomba "en una de los lugares residenciales de mayor densidad de población del mundo" --sólo en la Franja viven un millón y medio de personas--, explica el juez en su auto, hecho público hoy.

  La casa se encontraba a menos de dos metros de la de la familia Mattar lo que provocó que esta vivienda también fuese destruida y que siete miembros de sus miembros resultaran muertos tras el ataque. Como consecuencia de la explosión, murieron un total de 15 personas, la mayoría niños y bebés, 150 fueron heridas, ocho casas de los alrededores fueron destruidas, nueve recibieron daños de gravedad y 21 daños moderados.

"ATAQUE DESPROPORCIONADO"

  El juez Andreu califica aquel ataque como "claramente desproporcionado y excesivo" y advierte de que si en el curso de la investigación, las pruebas demuestran que la acción respondía a "una estrategia preconcebida o predeterminada" por parte de Israel, la Justicia española podría calificar los hechos de una forma "más grave de la que inicialmente puede considerarse".

   El magistrado añade los hechos responden a un ataque contra la población civil de "inicio ilegítimo" ya que la acción tenía por objeto "la comisión de un asesinato, el de Salah Shehadeh, que se torna en un hecho que ha de ser perseguido en virtud de principio de jurisdicción universal".

  A este respecto, Andreu menciona que la doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional permite el conocimiento de esta causa por parte de los tribunales españoles debido a que los indicios apuntan a que el ataque puede considerarse un delito contra la humanidad. "Los compromisos internacionales suscritos por España imponen su persecución", dice el juez.

  El auto destaca además, que la acción debe de ser investigada "máxime cuando no se ha recibido respuesta alguna a la solicitud formulada por el Juzgado dirigida al Estado de Israel" y no existe ninguna constancia de que se haya abierto ningún procedimiento en este país para investigar la muerte de los 14 civiles.

ISRAEL APOYA A SUS MILITARES

  El auto del juez se produce tan solo tres días después de que el Gobierno israelí ratificase un proyecto de ley por el que garantiza su ayuda a los miembros del Ejército que sean denunciados ante la Justicia por haber cometido presuntamente crímenes de guerra durante la reciente ofensiva contra la Franja de Gaza.

  El proyecto de ley, titulado 'Reforzar la capacidad de las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) tras la operación 'Plomo Fundido', fue presentado por el ministro de Defensa, Ehud Barak, y coordinado por los Ministerios de Defensa y Justicia y la Fiscalía del Estado.

  Además, el pasado día 16, la Asociación Intercultura interpuso una querella en la Audiencia Nacional contra el Estado de Israel por "crímenes de guerra y contra la humanidad" por el "genocidio que está cometiendo" en la Franja de Gaza desde finales de diciembre que ha recaido en el juzgado de Ismael Moreno, que deberá decidir ahora si admite o no a trámite esta nueva denuncia, informaron fuentes jurídicas.

  Según su presidenta, Yonaida Selam, la denuncia está promovida por una iniciativa popular en Melilla y está firmada por ella misma, para solicitar que se juzgue al primer ministro israelí, Ehud Olmert; al ministro de Defensa, Ehud Barak; a la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni; así como al jefe del Estado Mayor General, Gabi Ashkenazi.